El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) resolvió instruir al rector Anselmo Torres a iniciar acciones administrativas y judiciales con el objetivo de garantizar la plena aplicación de la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria.
La decisión fue adoptada por el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica (CSPyGE), que dispuso que las gestiones se realicen en coordinación con las demás universidades nacionales a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El cuerpo colegiado acompañó así las medidas que el sistema universitario impulse en defensa del financiamiento público, la ciencia y la educación superior.
Según publicó NoticiasNet, la resolución se da en un contexto de incertidumbre generado por declaraciones de funcionarios nacionales que señalaron una supuesta falta de fondos para el sistema universitario, a pesar de que la ley garantiza la sostenibilidad fiscal y legal de los recursos destinados a la educación superior.
El Consejo trató el tema sobre tablas, destacando el inminente vencimiento del plazo legal —previsto para el 20 de octubre— para la promulgación y publicación de la norma en el Boletín Oficial. Desde la UNRN enfatizaron que ese paso resulta indispensable para su plena implementación, ya que permite asegurar los niveles básicos del derecho a la educación en todo el país.
La Ley de Financiamiento Universitario establece la actualización de las partidas presupuestarias de acuerdo con la inflación acumulada entre 2023 y 2024, e incluye una recomposición salarial retroactiva a diciembre de 2023 conforme a los índices oficiales.
El Congreso Nacional ya había expresado su respaldo a la norma: el 17 de septiembre, la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales, y el 2 de octubre el Senado hizo lo propio con una amplia mayoría de 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones. Con ello, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgar la ley y aceptar la insistencia del Legislativo.
El texto legal define los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales frente a la inflación, la recomposición de salarios docentes y no docentes, y el sostenimiento de programas de becas, investigación y desarrollo tecnológico. Además, aclara que no crea nuevos impuestos ni afecta el equilibrio fiscal, sino que busca fortalecer la educación pública y el sistema científico nacional.
En sintonía con este reclamo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó:
“Las universidades nacionales hacen posible un país con progreso, la formación de jóvenes, el desarrollo de la industria, la innovación y la producción de conocimiento, capital fundamental para cualquier proyecto de nación. Desfinanciarlas implica su destrucción y, con ella, la del futuro soberano de la Argentina.”
Y agregó:
“Esta ley no está en contra de nadie. Todo lo contrario: con más y mejores profesionales, más investigación, más inclusión y compromiso, construiremos un país con oportunidades, donde todos podamos vivir con dignidad, esperanza y sueños para un mundo más justo.”
Con esta resolución, la UNRN se suma activamente al reclamo del sistema universitario nacional por la efectiva implementación de una ley clave para el sostenimiento de la educación pública argentina.
