Un nuevo foco de tensión política y social sacude Río Negro. El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario anunció en un comunicado dirigido al gobierno provincial y a la jefatura policial la declaración de estado de alerta y movilización permanente de todo el personal activo y retirado, dejando en claro que la seguridad de la provincia no puede sostenerse con salarios que rozan la indigencia.
En un mensaje difundido en redes sociales, el Consejo expuso sin filtros la gravedad de la situación: salarios miserables, condiciones laborales precarias y una burocracia que ignora las necesidades básicas de quienes patrullan las calles y custodian los penales. Además, denunciaron que los retirados y pensionados ya no pueden cubrir ni siquiera los medicamentos esenciales, señal inequívoca del desprecio estatal hacia quienes entregaron su vida al servicio público.
El comunicado vinculó la protesta con la de ASSPUR, el sindicato de salud, convocando a la familia policial y penitenciaria a solidarizarse con los hospitales de la provincia: “son ellos quienes nos curan cuando salimos heridos y atienden a nuestros hijos”, remarcaron, dejando entrever la interconexión entre distintas áreas del Estado que hoy sufren abandono simultáneo.
Junto con la declaración, el Consejo publicó el “PETITORIO UNIFICADO POLICÍA DE RIO NEGRO”, donde se detallan los reclamos más urgentes: recomposición salarial inmediata para todo el personal con ajuste por pérdida de poder adquisitivo del 87%, pago retroactivo de leyes y juicios incumplidos, fin de sanciones disciplinarias arbitrarias, movilidad y antigüedad equiparada a otros empleados públicos, y regularización de prestaciones de salud y seguridad laboral.
Más allá de la lista de demandas, el mensaje del Consejo no deja lugar a dudas: el Estado provincial está jugando con fuego, manteniendo a la fuerza de seguridad al límite, mientras reclama que se sostenga la protección ciudadana. La protesta policial y penitenciaria pinta un cuadro preocupante para la gobernabilidad y la seguridad pública, y plantea un dilema político que el gobierno deberá enfrentar de manera inmediata, antes de que el conflicto trascienda lo gremial y se transforme en crisis social.
El llamado del Consejo es claro: sin diálogo ni soluciones, la seguridad de todos los rionegrinos está en jaque. Río Negro observa con preocupación cómo la combinación de salarios de hambre, abandono estatal y protesta creciente podría convertirse en un problema de magnitud provincial.
