Una familia de Río Negro denuncia demoras, desidia y presunta connivencia entre IPROSS, organismos estatales y el Poder Judicial, que desde hace más de dos meses no garantiza el tratamiento urgente que necesita una adolescente con diagnóstico de salud mental.
La desprotección de los adolescentes con problemas de salud mental en Río Negro quedó expuesta, una vez más, a partir del crudo testimonio de una familia que denuncia que la Justicia provincial y la obra social estatal IPROSS se niegan, por acción u omisión, a garantizar un tratamiento interdisciplinario urgente para su hija, pese a contar con múltiples avales médicos privados y públicos. A más de dos meses de presentado un recurso de amparo, el fallo no llega y la salud de la menor sigue siendo rehén de la burocracia y los intereses económicos.
El posteo de la madre desesperada es un grito que se transforma en apenas un susurro en la marea de publicaciones de facebook. Afortunadamente, una página vallemediense de esa red social -Falencias del Poder Judicial- la rescato y nos ha servido de fuente para poder exponer esta grave denuncia pública.
Según relatan, IPROSS dilató sistemáticamente el proceso, presentó argumentos que la familia califica como falsos y no respetó los plazos legales. Pero el hecho más grave, sostienen, es la inacción judicial: aun con diagnósticos coincidentes de al menos cuatro especialistas y con la advertencia expresa de que los tiempos de respuesta son determinantes en patologías de salud mental adolescente, el Poder Judicial rionegrino no resolvió a favor del derecho a la salud.
La denuncia cobra mayor peso en un contexto nacional alarmante, donde los propios medios de comunicación advierten sobre el aumento récord de suicidios adolescentes. Mientras ese drama ocupa titulares, la justicia provincial —según la familia— parece no enterarse o no interesarse, desoyendo las recomendaciones médicas y priorizando el costo económico que implicaría la cobertura integral solicitada.
El relato incluye episodios que rozan el absurdo y la indignación. En una primera consulta, IPROSS habría sugerido como opción un supuesto centro en Villa Regina, entregando un papel con un contacto adjuntado a una planilla de geriatría. El establecimiento, siempre según la familia, no estaría habilitado para menores de edad, pese a que la obra social y la justicia habrían permitido el ingreso de adolescentes. Una situación que califican como una “estafa” y un “insulto” a jóvenes con padecimientos mentales.
También se menciona una comunicación telefónica con una funcionaria del área de discapacidad de IPROSS en Viedma, quien —según aseguran— adelantó que la cobertura sería definida por la obra social, proponiendo una internación domiciliaria y pasando por alto las indicaciones médicas presentadas. Para la familia, esto confirma una red de vínculos entre IPROSS, SENAF, Salud Pública y el propio Poder Judicial, que habría condicionado los informes y recomendaciones incorporadas al expediente.
En ese sentido, denuncian que SENAF habría avalado la postura de la obra social, que Salud Pública se limita a ofrecer internaciones en crisis agudas y tratamientos farmacológicos, sin contar con equipos infanto-juveniles interdisciplinarios, y que la Justicia respalda sin cuestionamientos las decisiones de IPROSS, descartando de manera arbitraria la opinión de los profesionales tratantes.
El trasfondo, aseguran, es económico y político: el tratamiento adecuado existe, está habilitado y sería la mejor opción para adolescentes con diagnósticos complejos, pero resulta “demasiado caro”. Y, según la dura acusación, no se trata igual a todos los afiliados, especialmente a quienes no responden a intereses partidarios o de poder.
Con un cierre tan doloroso como contundente, la familia aclaró que su exposición pública no responde a intereses personales ni a intenciones autolesivas, sino a la necesidad de decir lo que —afirman— muchos funcionarios prefieren callar. “Juegan y se divierten discutiendo sobre la salud de la gente sin dar soluciones”, expresaron, ratificando que continuarán luchando por la atención de su hija, con o sin cobertura, en un sistema que, lejos de proteger, parece haber abandonado a quienes más lo necesitan.
