Dirigentes y exfuncionarios ligados al radicalismo presentaron un amparo contra el DNU 941/2025, que reconfiguró el sistema de inteligencia y amplió facultades de la SIDE, incluida la posibilidad de detener personas. Piden suspender su aplicación y advierten que, si no hay respuesta favorable, irán directo a la Corte Suprema.
(Data Clave).- Un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios vinculados al radicalismo presentó un recurso de amparo contra el DNU 941/2025, el decreto que reformó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y amplió sus atribuciones. La acción judicial apunta a frenar de manera inmediata la aplicación de la norma, a la que consideran inconstitucional, y deja planteada la posibilidad de acudir a la Corte Suprema mediante el mecanismo excepcional del per saltum.
La reforma cuestionada introduce cambios de fondo en la ley de inteligencia. Entre otros puntos, fortalece el rol del organismo conducido por Cristian Aguadra, alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, y habilita a la SIDE a detener personas. Además, dispone la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni.
La presentación ingresó a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo y lleva las firmas de Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. En el escrito solicitan una medida cautelar urgente para suspender los efectos del decreto y advierten que la norma “arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.
Promueven Accion de Amparo.- 2 by Luni Esteche
El amparo se suma a otra acción presentada por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, junto al legislador Esteban Paulón, del Partido Socialista. Ese expediente quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4, a cargo de la jueza Rita Alián.
Entre los argumentos centrales, los dirigentes radicales sostienen que no existe una necesidad y urgencia real que justifique el uso de un DNU para una materia que califican de alta sensibilidad constitucional. Señalan que debería haber pasado por el Congreso y remarcan que la reiteración de decretos para redefinir el sistema de inteligencia en menos de un año expone “un proceso de redefinición institucional inestable e improvisado”.
Desde el plano material, cuestionan que el decreto se apoye en conceptos amplios y poco precisos como influencia o injerencia, lo que, según advierten, abre la puerta a prácticas de vigilancia estatal sin control judicial previo. También objetan que el secreto pase a ser la regla general de las actividades del sistema, algo que, sostienen, debilita la transparencia institucional y el control ciudadano y parlamentario.
En ese sentido, alertan que la norma “lesiona de manera actual e inminente derechos y garantías fundamentales de la totalidad de la ciudadanía”, entre ellos la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, de asociación, de participación política y el derecho a peticionar a las autoridades.
La acción también pone el foco en el impacto sobre el equilibrio republicano. Según el escrito, “a través de una arquitectura legal deliberadamente opaca” el decreto diluye los límites que prohíben el espionaje interno, la recolección de datos sin orden judicial y la vigilancia ideológica o política, habilitando el monitoreo de la ciudadanía sobre criterios amplios e indeterminados.
Ante el riesgo de daños de imposible reparación si el decreto sigue vigente, los firmantes reiteran el pedido de una cautelar urgente para suspenderlo de inmediato y dejan expresa la reserva de recurrir al per saltum frente a la gravedad institucional que, aseguran, implica una reforma de carácter estructural del sistema de inteligencia.
