La nueva norma impide la suspensión de luz, agua y gas a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y hogares en situación de vulnerabilidad económica. También obliga a las empresas a ofrecer planes de pago y restablecer el suministro en un plazo máximo de 48 horas.
La Legislatura de Río Negro aprobó la denominada “Ley de Garantía de Continuidad en los Servicios Públicos Esenciales”, una norma que prohíbe a las empresas prestatarias de energía eléctrica, agua potable y gas suspender el servicio a familias que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y económica según adelantó este jueves la legisladora Magdalena Odarda del bloque “Vamos con Todos”.
La medida alcanza a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y familias con ingresos inferiores al valor de la canasta básica, cuando no puedan afrontar el pago de las facturas. El beneficio será aplicable a quienes habiten una vivienda única familiar, independientemente de quién figure como titular del servicio.
Para acceder a la protección, los usuarios deberán completar una declaración jurada o formulario que podrá presentarse de manera presencial o digital. La normativa establece además que la falta de documentación no impedirá el acceso al beneficio, ya que las empresas podrán gestionar de manera online ante la autoridad de aplicación el certificado de empadronamiento correspondiente.
Uno de los puntos centrales de la ley es que las prestadoras estarán obligadas a ofrecer planes de pago accesibles para regularizar las deudas. Las cuotas no podrán superar el 20% del valor de la factura de mayor consumo registrada por el usuario.
Asimismo, en aquellos casos donde el servicio ya haya sido suspendido, las empresas deberán restablecerlo en un plazo máximo de 48 horas, sin cobrar gastos de reconexión.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro será la autoridad de aplicación de la norma y tendrá facultades para intervenir ante negativas injustificadas por parte de las empresas, pudiendo incluso aplicar multas diarias.
La iniciativa fue impulsada por los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos, cuyos integrantes destacaron que la ley actualiza y amplía los alcances de la histórica Ley Nº 4395, sancionada en 2009 por iniciativa de Magdalena Odarda y prorrogada en distintas oportunidades, la última de ellas hasta diciembre de 2025.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalaron que el actual contexto de bajos ingresos, subempleo y aumento sostenido del costo de vida hace necesario garantizar el acceso continuo a los servicios básicos para evitar que la crisis económica derive en una crisis social más profunda.
“Este proyecto no busca desfinanciar a las empresas prestatarias, sino establecer mecanismos de protección temporales y focalizados”, sostuvieron los autores de la iniciativa, al tiempo que remarcaron que “garantizar el acceso a la energía, el gas y el agua potable es garantizar derechos humanos básicos y condiciones de vida dignas”.
