¿Qué sucede cuando la persecución de seres humanos deja de ser una política pública para transformarse en una industria voraz? La respuesta ya no es hipotética: Estados Unidos ha construido en silencio un aparato represivo cuyo presupuesto supera con creces las necesidades reales de seguridad, revelando una verdad incómoda: la inmigración se ha convertido en el combustible de un nuevo complejo industrial-militar, diseñado no para proteger fronteras, sino para normalizar el control social mediante el miedo.
La periodista rusa Inna Afinogenova, tras varios años trabajando para una televisión pública de su país, inició una etapa como periodista independiente con el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube, en el que se encuentran análisis de los acontecimientos de Latinoamérica y del resto del mundo desde una perspectiva alternativa, rigurosa y sin afiliaciones a nadie. Precisamente allí es donde expone los datos que aquí publicamos.
Bajo la administración Trump, el presupuesto para agencias migratorias experimentó un crecimiento explosivo. Aunque las cifras exactas varían según las fuentes oficiales, lo innegable es que recursos destinados a la detención y deportación alcanzaron niveles que rivalizan con presupuestos de defensa de naciones enteras. Para dimensionar el absurdo: el gasto en equipamiento táctico de ICE (Immigration and Customs Enforcement) —no confundir con fuerzas armadas tradicionales— superó en incremento porcentual al de muchas carteras de seguridad nacional. Mientras Brasil, con sus 213 millones de habitantes, 7.490 kilómetros de costa y un territorio que alberga el pulmón del planeta, destina recursos limitados a su defensa, Estados Unidos invierte cifras obscenas en perseguir a trabajadoras domésticas guatemaltecas en Minneapolis o jornaleros mexicanos en campos agrícolas de California. ¿Qué lógica militar justifica esto? Ninguna. Solo la lógica del negocio.
El equipamiento adquirido lo confirma: helicópteros Black Hawk de asalto táctico descendiendo en rappel sobre barrios residenciales de Chicago durante la operación “Midway Blitz”; drones MQ-9 Reaper —arma emblemática de los asesinatos selectivos en Medio Oriente— sobrevolando comunidades migrantes en el suroeste; blindados antiminas Golan de fabricación israelí, probados en las calles de Gaza, patrullando zonas rurales de Texas. No se trata de “seguridad fronteriza”. Es la importación deliberada de tecnologías de guerra asimétrica hacia el territorio doméstico, sin las restricciones legales que rigen al Pentágono. ICE opera como un ejército de ocupación interna, donde el enemigo declarado es el migrante indocumentado.
Pero la verdadera revolución represiva ocurre en la sombra digital. Contratos millonarios con Palantir —30 millones de dólares para su Immigration OS— permiten el seguimiento en tiempo real de personas mediante algoritmos predictivos. Clearview AI, con 9,2 millones de dólares, alimenta su sistema de reconocimiento facial con miles de millones de imágenes extraídas sin consentimiento de redes sociales. La aplicación Fortify permite a agentes escanear rostros en la calle y cruzarlos con bases de datos en segundos. El sistema BI2 lee iris como si fueran códigos de barras. Y empresas israelíes como Paragon especializadas en hacking forense acceden a chats privados de WhatsApp o Signal. La privacidad ha muerto; su cadáver alimenta un mercado de vigilancia industrial.
Este ecosistema no es casual. El Instituto Transnacional lo denomina con precisión: la industria de las fronteras. Un entramado donde IBM, Lockheed Martin, Airbus y Deloitte se codean con fondos de inversión que canalizan los ahorros de millones de estadounidenses —incluidos trabajadores latinos con residencia legal— hacia empresas que lucran con la deportación. BlackRock, Vanguard y State Street, gigantes que gestionan fondos de pensiones, son accionistas indirectos de este sistema perverso: el retiro de un jardinero mexicano en Los Ángeles financia, vía portafolios indexados, las acciones de compañías que deportan a su primo en Phoenix.
Y en los márgenes, donde el control democrático se evapora, proliferan los contratitos: empresas como Target Down Group —propiedad de un francotirador retirado de la Infantería de Marina cuyo hermano es congresista republicano— reciben fondos para entrenar a agentes federales en “operaciones de francotirador policial”. Pat Consulting LLC enseña combate cuerpo a cuerpo con fuego real. En este entorno sin rendición de cuentas, la violencia letal deja de ser un error para convertirse en resultado previsible. Los asesinatos de civiles durante redadas no son incidentes aislados; son el fruto maduro de un sistema que terceriza la represión a actores privados con conexiones políticas y ética flexible.
Lo que observamos no es una política migratoria descontrolada. Es algo más siniestro: la construcción deliberada de un régimen de excepción permanente, donde la figura del migrante sirve como justificación para expandir un aparato de vigilancia y control que, tarde o temprano, se volverá contra todos. El complejo industrial-militar encontró su nueva frontera: no está en el mar de China Meridional ni en el este de Europa. Está en cada esquina de Estados Unidos, equipado con drones, algoritmos y blindados, listo para recordarnos que en el capitalismo tardío, hasta el destierro puede ser una línea de producción rentable. Y mientras los fondos de pensiones financian deportaciones, la pregunta ya no es ¿qué podría salir mal? La pregunta es: ¿a quién le tocará el próximo turno en la línea de montaje de la exclusión?
