La paciencia se agota en el Concejo Deliberante de Choele Choel. Concejales expresaron su profundo malestar ante la falta de respuesta de las autoridades del Banco de la Nación Argentina, sucursal local, luego de un pedido formal para que se garantice el acceso a los sanitarios a los clientes que realizan trámites en la entidad.
El 2 de diciembre de 2025, los ediles presentaron una nota dirigida al gerente de la sucursal solicitando explicaciones respecto a la restricción en el uso de los baños por parte del público. La presentación se originó a partir de reiterados reclamos de vecinos y vecinas que manifestaron la imposibilidad de acceder a los sanitarios mientras aguardaban ser atendidos, en gestiones que —como es habitual— suelen implicar largas esperas.

En el escrito, el Concejo planteó que, si bien pueden existir criterios operativos o de seguridad interna, estos no pueden imponerse por encima de condiciones mínimas de atención y accesibilidad. Además, solicitaron información clara sobre la normativa que respalda la medida y propusieron evaluar alternativas que contemplen situaciones excepcionales: emergencias médicas, personas mayores, niños o cualquier circunstancia que requiera una respuesta humanitaria inmediata.
Sin embargo, a casi tres meses de aquella presentación formal, la respuesta nunca llegó.
El silencio institucional no pasó inadvertido. Para los concejales, la ausencia de contestación no sólo refleja desinterés, sino una preocupante falta de respeto hacia la comunidad. “El acceso a condiciones básicas en una institución que presta un servicio público no puede quedar librado a la discrecionalidad”, señalaron con firmeza en la publicación difundida en las últimas horas.
La controversia abre un debate más profundo: ¿qué lugar ocupa el usuario en la lógica de funcionamiento de una entidad bancaria pública? ¿Puede naturalizarse que vecinos —muchos de ellos adultos mayores— deban esperar durante horas sin acceso a servicios esenciales?
Desde el Concejo Deliberante reafirmaron su compromiso de defender los derechos de la comunidad y de exigir a todas las instituciones —públicas o privadas que prestan servicios públicos— responsabilidad, transparencia y respuestas formales y oportunas.
En tiempos donde se reclama eficiencia y cercanía con la ciudadanía, el gesto más básico parece haber quedado en pausa. Y en esa pausa, lo que se erosiona no es solo un trámite administrativo: es la confianza.









