Mauro Estrada asegura que trabajó desde 2019 hasta febrero de 2025 para el municipio bajo un esquema de monotributo, sin horas extras, sin francos y cumpliendo múltiples tareas. Tras ser desafectado, denuncia presiones para abandonar el lugar donde vive, una pieza municipal en la Isla 92 a la que incluso le habrían cortado la luz.
Un grave testimonio vuelve a poner bajo la lupa las condiciones laborales dentro del municipio de Choele Choel. Mauro Estrada, ex trabajador contratado como monotributista, denunció haber trabajado durante más de cinco años en lo que define como un régimen de “disponibilidad permanente”, con jornadas que en la práctica se extendían las 24 horas del día, los 365 días del año, sin cobrar horas extras, sin francos y con salarios que —según afirma— apenas superaban los 300 mil pesos mensuales en 2024.
El ex empleado asegura que su relación con el municipio comenzó en diciembre de 2019 y se extendió hasta febrero de 2025. Durante ese período, sostuvo que cumplió funciones de seguridad, mantenimiento, sereno, administrativo y encargado tanto en el camping municipal como en el sector del Parador de la Isla 92. Todo bajo un contrato de monotributo que lo obligaba a pagar por su cuenta los aportes a la AFIP, mientras el propio municipio le retenía Ingresos Brutos sobre la facturación.
“Tenía un contrato que decía 350 mil pesos, pero cobraba alrededor de 270 mil porque yo mismo tenía que pagar el monotributo y me descontaban ingresos brutos. Con eso no podía ni alquilar un departamento”, relató Estrada.
Ante esa situación, explicó que el municipio le permitió residir en dependencias municipales, primero en una vivienda del camping y luego en una pequeña habitación dentro de la antigua confitería del Parador en la Isla 92. A cambio, debía custodiar el lugar y ocuparse de tareas de mantenimiento.
Según su relato, esa convivencia laboral y habitacional funcionó sin grandes conflictos hasta que comenzó a reclamar mejores condiciones. Astrada afirma que pidió al menos algunos días libres para poder realizar changas y complementar sus ingresos, ya que el salario no le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas.
“Yo necesitaba salir a trabajar afuera algunos días para compensar. Pero me dijeron que no, que necesitaban que yo estuviera ahí cuidando”, sostuvo.
El conflicto se agravó cuando, según cuenta, intentó abrir un pequeño kiosco en el parador —algo que inicialmente le habrían autorizado— pero luego le negaron la posibilidad. A partir de allí comenzaron las tensiones con funcionarios del área de Obras Públicas.
Finalmente, en febrero de 2025, Estrada asegura que fue informado sin previo aviso de que su contrato no sería renovado. Desde entonces, sostiene que comenzó un prolongado conflicto por el lugar donde vive.
Aunque ya no trabaja para el municipio, continúa ocupando la pequeña habitación del Parador porque —según explica— no tiene recursos para alquilar otra vivienda. En ese contexto denuncia presiones constantes para que abandone el lugar.
“Me están pidiendo que me vaya todo el tiempo. Yo les digo que me voy cuando consiga trabajo o pueda pagar un alquiler”, afirmó.
La situación escaló en las últimas semanas cuando, según su testimonio, le cortaron la energía eléctrica de la habitación donde reside. “Me mandaron a cortar la luz para presionarme. El sector tiene iluminación, pero mi pieza quedó sin electricidad”, denunció.
El ex trabajador también reveló que tras ser desafectado descubrió que aún figuraba con obligaciones pendientes en el monotributo. Según relató, al consultar en un estudio contable se encontró con una deuda que inicialmente rondaba los 250 mil pesos, pese a que asegura haber solicitado la baja cuando dejó de trabajar.
“Me dijeron que la baja recién se hizo en septiembre, cuando yo había ido meses antes a pedirla. ¿Quién se hace cargo de esa deuda?”, cuestionó.
Estrada afirma haber enviado dos cartas documento al municipio y haber acudido a la Secretaría de Trabajo para denunciar la situación, pero asegura que nunca recibió respuesta formal.
Durante su relato también mencionó episodios de violencia mientras cumplía tareas de seguridad en el lugar, incluso enfrentamientos con personas que utilizaban el predio como aguantadero. Según contó, en una de esas situaciones sufrió la rotura de dientes tras una pelea, hecho que —dice— nunca fue atendido por el municipio.
El caso abre interrogantes incómodos sobre la utilización del sistema de monotributo dentro de la administración pública, un mecanismo que en muchos municipios funciona como una forma de contratación precaria que evita reconocer derechos laborales básicos.
En este contexto, la denuncia de Estrada no sólo describe una historia personal marcada por la precariedad, sino que vuelve a exponer un esquema laboral que, lejos de garantizar derechos, parece apoyarse en la fragilidad de quienes dependen de un contrato para sobrevivir. Y cuando ese contrato se corta, lo que queda —según su testimonio— es el abandono institucional.
