Un operativo policial-militar para desbloquear la carretera en el municipio cruceño derivó en graves confrontaciones con manifestantes. El hospital local reportó dos heridos de bala en estado grave, mientras que videos evidencian que efectivos policiales facilitaron gases lacrimógenos a miembros de la Unión Juvenil Cruceñista. Un concejal denunció “incitación a una guerra civil” y el Vicepresidente cuestionó la participación de grupos armados en el operativo.
Un intenso operativo de desbloqueo en el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, dejó este sábado un saldo de al menos 26 personas heridas, dos de ellas en estado grave por impactos de proyectiles, en medio de denuncias sobre la entrega de material antidisturbios de uso exclusivo policial a civiles de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
El operativo, que comenzó alrededor de las 6:00 horas con un contingente de más de 500 efectivos policiales y militares, se extendió por más de tres horas sin lograr levantar completamente los bloqueos que durante 24 días mantuvieron cortada la carretera estratégica que conecta Santa Cruz con la Chiquitanía, el Beni, Cochabamba y La Paz.
Heridos graves y denuncias de represión
Según el reporte del Hospital de San Julián, 26 personas resultaron heridas, entre ellas un comunario con un proyectil en el cráneo que debió ser trasladado a la ciudad de Santa Cruz para recibir atención especializada, y un efectivo policial con herida de bala. El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, confirmó que 17 heridos están siendo atendidos en el nosocomio local con lesiones de menor gravedad.
Videos difundidos durante los enfrentamientos muestran a efectivos de la Policía Boliviana permitiendo y facilitando que miembros de la UJC utilicen gases lacrimógenos y material antidisturbios para reprimir a los manifestantes, un hecho que ha encendido las alarmas sobre una posible escalada de violencia civil en el país.
Denuncias de “guerra civil”
El concejal de San Julián, Daniel Sánchez, rechazó enérgicamente las medidas del Gobierno central y denunció el uso de “grupos paramilitares” para reprimir a los manifestantes. Sánchez acusó directamente al presidente de la Unión Juvenil Cruceñista de “incitar a una guerra civil” mediante discursos y acciones que profundizan la polarización y la violencia en el departamento.
Por su parte, el Vicepresidente de Bolivia cuestionó la participación de civiles armados en el operativo: “La Constitución Política del Estado es clara: la Policía Boliviana debe defender a la sociedad y preservar el orden público. No fue creada para permitir que grupos civiles intervengan en operativos de seguridad”, señaló en un comunicado.
La autoridad vicepresidencial exhortó a la prensa nacional e internacional, a la CIDH, la ONU y la OEA a observar y documentar estos hechos, y exigió “el cese inmediato de cualquier participación de grupos civiles en operativos de seguridad”.
Ministros en la zona del conflicto
Los ministros Oscar Mario Justiniano (Desarrollo Productivo Rural y Aguas) y Marcelo Blanco (Hidrocarburos) se trasladaron hasta San Julián en medio de los enfrentamientos. Justiniano justificó el operativo argumentando que “se agotaron todas las instancias de diálogo” y que los manifestantes “no asistieron a las reuniones”.
“Esto no es una agresión a la población de San Julián. Es un desbloqueo con gente la cual directamente estaba con la intención de no dialogar”, afirmó el ministro, quien anunció que el operativo continuará hasta liberar completamente la ruta “por órdenes del comando conjunto entre la Policía y el Ejército”.
Resistencia de los bloqueadores
Pese a la represión, los dirigentes de los sectores movilizados, afines al evismo y pertenecientes a la Federación de la Faja Norte, ratificaron que mantendrán el bloqueo “hasta que el presidente Rodrigo Paz presente renuncia a su cargo”.
El saldo del operativo incluye además daños materiales, entre ellos la destrucción de motocicletas, vehículos varados y viviendas afectadas por grupos irregulares, mientras la tensión en la región continúa en aumento.
