El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario difundió un mensaje atribuido al director de la unidad, Pedro Aedo, y cuestionó lo que considera un intento de identificar a trabajadores que mantienen diálogo con el referente policial detenido. El caso reaviva el debate sobre los derechos de organización y expresión de los integrantes de las fuerzas de seguridad.. A la par, policías recomiendan no aceptar propuestas respecto de judicialización por “Zona Desfavorable”.
El clima de tensión en el Penal Nº 4, donde permanece alojado el referente del reclamo policial Rubén Muñoz, volvió a quedar expuesto tras una nueva publicación realizada por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario.
A la par, desde el Consejo, difundieron un mensaje advirtiendo a los policías que judicializaron su reclamo por “Zona Desfavorable”, que no acepten ninguna propuesta por ahora.
A través de sus redes sociales, la entidad difundió un mensaje atribuido al director de la unidad penitenciaria, Pedro Aedo, en el que presuntamente solicita a sus subordinados que informen sobre empleados que mantengan conversaciones privadas, acompañen en el patio o tengan contacto frecuente con Muñoz.
Según el texto difundido, el mensaje expresa: “Si ven a su compañero que se mete a la celda a charlar solo, si lo saca al patio y lo acompaña solo y busca que nadie los escuche de qué hablar. Ya es un indicio. Me avisan”. La comunicación estaría vinculada a la aparición de un video del interno y a la sospecha de que habría recibido un teléfono celular con cámara proporcionado por un trabajador penitenciario.
Desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario interpretaron la situación como un presunto abuso de autoridad. En su publicación sostuvieron que el directivo estaría utilizando su posición jerárquica para averiguar quiénes colaboran con Muñoz dentro del establecimiento.
“Entendemos que este accionar constituye un abuso de autoridad, ya que utiliza la posición jerárquica para averiguar quién lo estaría ayudando”, señalaron desde la organización.
Asimismo, afirmaron que Muñoz no tendría posibilidades de realizar registros audiovisuales dentro de la unidad y sostuvieron que las imágenes, testimonios e información que se conocen públicamente provienen de trabajadores que, pese al temor, deciden exponer situaciones que consideran injustas.
El Consejo aseguró además que existe un profundo malestar entre parte del personal y reclamó la intervención de las autoridades superiores del Servicio Penitenciario Provincial para garantizar que ningún empleado sea objeto de presiones, persecuciones o represalias por mantener contacto con compañeros de trabajo o expresar inquietudes relacionadas con el funcionamiento institucional.
“Los problemas no se solucionan vigilando al personal y ejerciendo poder. Los problemas se solucionan escuchando los reclamos y corrigiendo aquello que no corresponde”, concluye el comunicado.
El debate sobre los derechos de los policías
La controversia generó además un extenso intercambio en redes sociales. Entre los comentarios destacados aparece una referencia a la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en mayo de 2021, que analizó los alcances de los derechos de asociación y organización sindical para integrantes de fuerzas policiales.
El comentario recuerda que, si bien históricamente los convenios internacionales permitieron restricciones a la sindicalización policial, la Corte Interamericana sostuvo que los Estados deben garantizar a los trabajadores policiales el derecho a organizarse para discutir sus condiciones laborales, peticionar ante las autoridades y expresarse públicamente de manera pacífica, con las limitaciones propias de una actividad considerada esencial.
Según el autor del planteo, esta interpretación internacional contrasta con antecedentes de la jurisprudencia argentina, particularmente con el fallo conocido como “SIPOBA”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2017.
El debate vuelve a poner en primer plano una discusión que permanece abierta en distintas provincias del país: los alcances de los derechos colectivos de los integrantes de las fuerzas de seguridad y los mecanismos institucionales disponibles para canalizar reclamos laborales sin afectar la prestación de un servicio considerado esencial para la comunidad.
Mientras tanto, la situación de Rubén Muñoz —detenido tras protagonizar un reclamo y solicitar públicamente diálogo con el gobernador durante un acto oficial— continúa generando repercusiones dentro y fuera de las filas policiales.
