Vecinos, comerciantes y profesionales denuncian el colapso recurrente del servicio eléctrico y exigen respuestas ante un monopolio que incumple su obligación esencial
La población de Lamarque vive sometida a un calvario energético que ya no admite justificaciones: los reiterados y prolongados cortes de electricidad no son una anomalía coyuntural, sino el síntoma de un servicio público que ha abandonado a sus usuarios. Doris Patricia Vásquez, abogada y trabajadora digital, puso voz al malestar colectivo al denunciar a través de una entrevista con la emisora FM Visión, que estas interrupciones “impiden optimizar el tiempo o adelantar tareas”, mientras comerciantes y productores ven peligrar sus mercaderías y sus ingresos.
El problema trasciende la incomodidad: se trata de una vulneración sistemática de derechos. Como recordó Vásquez, los usuarios están amparados por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que obliga a la empresa prestadora —monopólica, por cierto— a garantizar una prestación adecuada. “Nosotros somos consumidores y ellos son prestadores de un servicio esencial. Además, tienen el monopolio del servicio, por lo que los usuarios no tenemos la posibilidad de elegir otra empresa”, sostuvo con razón. Esta asimetría no puede seguir siendo excusa para la inacción.
La crónica del absurdo se repite: en Lamarque, basta una lluvia leve para que el sistema colapse. Un episodio reciente lo ilustra con crudeza: casi cinco horas a oscuras, un breve y engañoso retorno del servicio, y otro corte que se extendió hasta la madrugada. ¿Hasta cuándo los vecinos deberán naturalizar esta precariedad? ¿Cuántos perjuicios económicos y emocionales más serán necesarios para activar los mecanismos de control?
La justicia ya ha sentado precedente: en oportunidades anteriores, reclamantes lograron que la empresa reparara los daños ocasionados por deficiencias en el servicio. Esto no es un dato menor; es una señal clara de que la responsabilidad es exigible. Mientras tanto, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) tiene en sus manos la obligación indelegable de fiscalizar y controlar. Vásquez invitó a los vecinos a formalizar sus reclamos a través de la web del organismo, un paso necesario pero insuficiente si no hay voluntad política para sancionar y corregir.
Más allá de las denuncias formales, la abogada planteó una demanda tan válida como urgente: fortalecer la comunicación con los usuarios. “Muchas veces se reciben los reclamos pero no hay una devolución concreta sobre qué está pasando o cómo se va a solucionar. Si hubiera más información y respuestas claras, seguramente también disminuiría el malestar de los vecinos”, concluyó.
La transparencia no es un favor; es un derecho. Lamarque no merece seguir siendo rehén de un servicio que falla, de una empresa que no rinde cuentas y de un sistema regulatorio que parece mirar para otro lado. Exigir luz constante no es un lujo: es reclamar dignidad, trabajo y respeto. La pelota está en la cancha de quienes tienen el poder de cambiar esta realidad. Que no digan, después, que no se los advertimos.
