Un video expone que los responsables de la desaparición de Daniel Solano estarían alojados en un régimen abierto, con beneficios incompatibles con la gravedad del crimen. Mientras la víctima sigue sin aparecer, crecen la indignación y las exigencias de explicaciones urgentes.
La indignación no da tregua. Este jueves, un video difundido en YouTube desde la cuenta “Daniel Solano” volvió a sacudir uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la provincia de Río Negro: la desaparición forzada de Daniel Solano. La denuncia es tan contundente como perturbadora: los policías condenados a cadena perpetua por el secuestro y desaparición del joven trabajador salteño estarían alojados en el Establecimiento de Régimen Abierto N°7 de Pomona, un espacio destinado a internos en fase de confianza, próximos a recuperar la libertad.
La revelación no solo sorprende: hiere. Porque si algo queda claro al observar el material es la obscena distancia entre la gravedad del delito cometido y las condiciones en las que —según se denuncia— cumplen su condena quienes fueron hallados culpables. Mientras Daniel Solano permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, sus victimarios aparecen en imágenes relajados, compartiendo comidas, celebrando, como si el peso de una condena perpetua pudiera diluirse entre brindis y sobremesas.
El video, acompañado de una música suave que contrasta con la crudeza del contenido, lanza una pregunta que interpela sin rodeos: “¿Dónde está Daniel Solano?”. La respuesta sigue siendo la misma desde hace más de una década: no se sabe. Pero lo que sí parece saberse ahora —y con un nivel de detalle alarmante— es dónde están quienes lo desaparecieron. Y en qué condiciones.
La denuncia va más allá de las imágenes. Señala presuntos privilegios inaceptables: protección interna por vínculos familiares dentro del establecimiento, salidas sin autorización judicial, ingresos irrestrictos de familiares sin controles y ausencia de un régimen de visitas formal. De confirmarse, no estaríamos ante simples irregularidades, sino frente a un entramado de complicidades que erosiona los cimientos mismos del sistema penitenciario.
El Establecimiento de Régimen Abierto N°7 no fue concebido para alojar a condenados por delitos de esta magnitud. Su lógica es la reinserción progresiva, basada en la confianza y la proximidad de la libertad. Aplicar ese criterio a responsables de una desaparición forzada no solo desvirtúa el espíritu de la norma: instala una peligrosa señal de impunidad selectiva. Como si el uniforme, aun después de la condena, siguiera ofreciendo resguardo.
Las preguntas son inevitables y urgentes: ¿quién decidió el traslado de estos condenados a un régimen de menor severidad? ¿Con qué fundamentos legales o técnicos? ¿Se informó a la familia de la víctima? ¿Se evaluó el impacto social de una medida de estas características? O peor aún: ¿estamos frente a una decisión tomada en las sombras, lejos de todo control ciudadano?
El caso Solano arrastra, desde sus inicios, una historia de demoras, encubrimientos y decisiones difíciles de justificar. Desde su desaparición en Choele Choel hasta el juicio y la posterior confirmación de las condenas, el camino hacia la justicia estuvo plagado de obstáculos. Incluso durante las apelaciones, los policías implicados continuaron en funciones, portando armas reglamentarias. Hoy, esta nueva denuncia sugiere que las anomalías no cesaron: mutaron.
Pero hay algo que no cambia. Daniel Solano sigue ausente. Y su ausencia duele, interpela y exige. Era un trabajador, un joven de la comunidad guaraní Misión Cherenta, un hijo, un hermano. Su desaparición no es solo un crimen: es una herida abierta que el tiempo no ha logrado cerrar.
Que sus victimarios —si la denuncia se confirma— disfruten de condiciones privilegiadas no es solo una afrenta a su memoria. Es una señal alarmante de que la justicia puede ser desigual. De que hay quienes, incluso condenados por los delitos más graves, encuentran resquicios para suavizar el castigo.
La sociedad merece respuestas. La familia de Daniel, también. Y la democracia, sobre todo, necesita instituciones que no se dobleguen ante el poder ni ante los privilegios. Porque cuando la impunidad se disfraza de norma, deja de ser una excepción: se convierte en sistema.
