La investigación por el homicidio y desaparición del joven Kevin Hernández, terminó visibilzando un ambiente de venta y consumo de drogas en Valle Medio que, si se analiza en retrospectiva, da la idea de un problema de larga data sin política concretas para combatirlo. Los abogados Heredia y Aparicio sostienen que la justicia federal, a la par de esclarecer el caso de Kevin, debería profundizar la investigación para ver hasta donde llega el narcotráfico en esta región. Vecinos y referentes vienen señalando desde hace años en todo Valle Medio: el avance del narcomenudeo, la violencia y la falta de políticas regionales para enfrentar las adicciones.
La investigación por la desaparición y crimen de Kevin Hernández dejó de ser solamente una causa policial para transformarse en un fuerte llamado de atención sobre una problemática que atraviesa a todas las localidades de Valle Medio: el avance del narcomenudeo, el consumo problemático y la presunta inacción —o incluso complicidad— de sectores estatales.
Este miércoles, el abogado Sergio Heredia confirmó en diálogo con Visión FM que la causa sería transferida al fuero federal y afirmó sin rodeos que el crimen de Kevin “está relacionado con la droga”. Según sostuvo, la investigación debería ampliarse para profundizar sobre las redes de narcotráfico y consumo problemático que operan en Lamarque.
Heredia aseguró que el cambio de jurisdicción implicaría “sacar de la investigación a la policía provincial” y cuestionó duramente el trabajo realizado hasta el momento por efectivos policiales y sectores judiciales. Habló de ocultamiento de pruebas, falta de investigación y posibles maniobras de encubrimiento.
El letrado también vinculó directamente la desaparición y homicidio de Kevin con conflictos ligados al consumo y venta de drogas. Indicó que existen chats, mensajes y testimonios incorporados a la causa que demostrarían conexiones con el ambiente narco, y recordó antecedentes recientes como hallazgos de plantaciones de marihuana en zonas de islas del Valle Medio.
“Esto es una lucha verdadera contra ese flagelo”, expresó Heredia, al tiempo que alertó sobre graves situaciones de consumo entre jóvenes de la localidad.
Además, sostuvo que el incendio registrado días atrás en una vivienda vinculada a la causa podría haber sido una maniobra para eliminar pruebas o enviar mensajes intimidatorios.
Por su parte, el otro abogado de la familia, Leandro Aparicio, ya había manifestado días atrás que “el crimen de Kevin fue en Lamarque, por personas de Lamarque y en un contexto de consumo de paco”. Según explicó, existen testimonios que ubican a la víctima consumiendo drogas durante horas previas a su desaparición y describen una pelea fatal seguida por el ocultamiento del cuerpo.
Pero Aparicio fue todavía más allá y denunció una presunta connivencia entre sectores policiales y el narcomenudeo. “Hay entre 20 y 30 cuevas que venden paco con la anuencia y la complicidad de la policía”, afirmó públicamente, reclamando que el caso sea investigado incluso como una posible desaparición forzada por el eventual rol del Estado en el encubrimiento.
Las declaraciones de ambos abogados volvieron a poner sobre la mesa comentarios y denuncias que desde hace años circulan en distintas localidades del Valle Medio. En Choele Choel, por ejemplo, vecinos del barrio Mansilla ya habían manifestado preocupación por hechos de inseguridad, consumo y presunta venta de drogas, señalando incluso rumores sobre personas provenientes de Lamarque que alquilarían viviendas en el sector para delinquir o comercializar estupefacientes.
A esto se suma una larga lista de procedimientos policiales realizados en localidades vallemedienses donde, durante allanamientos por delitos contra la propiedad, terminaron apareciendo drogas, plantas de marihuana y causas vinculadas al narcomenudeo.
Sin embargo, pese a los operativos periódicos y a las detenciones que se anuncian cada tanto, nunca trascendieron públicamente avances concretos sobre las estructuras que abastecen la droga en la región. La pregunta que comienza a instalarse en la comunidad es inevitable: si abogados que llegaron desde otras provincias lograron detectar en poco tiempo decenas de puntos de venta, ¿cómo es posible que las fuerzas de seguridad no logren desarticular las cadenas de comercialización?
También crecen los cuestionamientos hacia la falta de políticas regionales para enfrentar el problema. Aunque existe un ente de desarrollo integrado por intendentes de Valle Medio y Río Colorado, no se conocen estrategias conjuntas ni programas públicos de alcance regional para combatir el consumo problemático y el avance del narcotráfico.
Muchos vecinos todavía recuerdan lo ocurrido durante el año 2020, en plena pandemia. Con estrictos controles de circulación entre localidades para evitar la propagación del COVID-19, prácticamente nadie podía ingresar o salir sin ser inspeccionado. Sin embargo, hospitales y centros de salud nunca reportaron cuadros masivos de abstinencia por falta de drogas, un dato que para muchos alimenta una sospecha inquietante: el flujo de estupefacientes jamás se interrumpió.
