La suspensión a ArreBeef y el rechazo de un embarque de girasol reavivan las alarmas en el sector agroexportador, que advierte sobre las consecuencias de la desregulación del Senasa y la fragilidad del sistema de trazabilidad argentino.
El cierre del mercado chino a uno de los principales frigoríficos del país y el rechazo de un cargamento agrícola en Europa dejaron en evidencia, en cuestión de días, un problema estructural que el Gobierno prefirió minimizar: sin controles sanitarios sólidos, la Argentina pierde credibilidad y mercados.
China suspendió las importaciones de carne del frigorífico ArreBeef tras detectar presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido a nivel internacional. La decisión encendió alarmas inmediatas en el Senasa y la Cancillería, que debieron activar gestiones contrarreloj para evitar que el episodio escale y dañe la relación con uno de los destinos clave para las exportaciones argentinas.
Casi en paralelo, la Unión Europea rechazó un embarque de girasol por incumplimientos fitosanitarios, en línea con sus cada vez más estrictos estándares sobre residuos químicos y trazabilidad. Dos episodios distintos, un mismo diagnóstico: la sanidad agroalimentaria ya no resiste improvisaciones.
El telón de fondo es conocido en el sector. La desregulación impulsada por Federico Sturzenegger —que incluyó recortes y la eliminación de herramientas clave de control— encendió advertencias que ahora empiezan a materializarse. “La sanidad agroalimentaria no es un trámite administrativo sino la condición básica para poder exportar”, resumió una fuente del ámbito agroexportador.
Entre los puntos más cuestionados figura la eliminación del registro obligatorio de empresas certificadoras, un mecanismo central para garantizar la trazabilidad. Sin ese sistema, admiten técnicos, se diluyen responsabilidades cuando un cargamento es objetado en destino. Y en comercio exterior, la opacidad se paga caro: “Si no podés demostrar cómo certificaste un embarque, el problema deja de ser puntual y pasa a ser sistémico”, advirtieron especialistas.
El contraste con el escenario internacional es evidente. Mientras Argentina flexibiliza, los mercados endurecen. Europa eleva barreras sanitarias y ambientales, limita residuos químicos y prohíbe sustancias como el malatión, señalado como potencialmente cancerígeno por la OMS. Ya no alcanza con cumplir en el producto final: la lupa recorre toda la cadena logística, desde el transporte hasta el embarque.
El desafío es aún mayor si se considera la escala del sistema exportador argentino. Solo el Gran Rosario concentra cerca del 80% de los despachos de granos y subproductos, con picos de hasta 19 mil camiones diarios. Sin controles robustos y sostenidos, cualquier falla puede transformarse en un rechazo en puerto y, peor aún, en una mancha reputacional difícil de revertir.
En ese contexto, los episodios recientes funcionan como una advertencia temprana. Una suspensión en China o un rechazo en Europa no se agotan en una operación: pueden derivar en inspecciones más duras para todos los envíos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad.
A la fragilidad técnica se suma un frente político-diplomático. En el sector cuestionan la falta de pericia del Gobierno en relaciones internacionales, donde una mirada ideologizada puede terminar facilitando que otros países utilicen los estándares sanitarios como barrera paraarancelaria.
La presión ahora recae sobre el Senasa, que debe explicar qué falló y cómo evitar nuevos incidentes. Pero el problema excede la coyuntura: la sanidad agroalimentaria es una responsabilidad indelegable del Estado, más allá de cualquier dogma económico.
La señal de alarma no se limita al frente externo. En Rosario ya se detectaron niveles elevados de agroquímicos en frutas y verduras, un dato que amplía la preocupación al mercado interno y confirma que la flexibilización de controles no solo pone en riesgo exportaciones, sino también la salud pública.
