La poda firmada por Manuel Adorni y Luis Caputo afecta transferencias, salud y proyectos de agua y saneamiento en distintas provincias. Gobernadores que acompañaban al oficialismo quedaron alcanzados por la suspensión de obras que habían celebrado semanas atrás.
El gobierno de Javier Milei volvió a profundizar el ajuste sobre las provincias y municipios con una nueva poda presupuestaria que impacta de lleno en obras públicas, transferencias y programas sociales. A través de la resolución administrativa 20/2026, firmada este lunes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la Nación dispuso un recorte total de 2,5 billones de pesos, de los cuales unos 970.000 millones recaen directamente sobre las administraciones provinciales y municipales.
La medida implica la cancelación de transferencias y la suspensión de obras de saneamiento e infraestructura hírica que aún seguían en ejecución en distintas regiones del país. El nuevo ajuste se suma a las pérdidas que las provincias vienen acumulando por la caída de la coparticipación, la baja de la recaudación y los fondos específicos eliminados anteriormente por la Casa Rosada.
Bajo el argumento oficial de “reordenar las cuentas públicas”, el Gobierno volvió a aplicar la denominada “motosierra” sobre áreas sensibles como salud, educación y obra pública. Entre las obras paralizadas figuran el Acueducto Vipos, en Tucumán; el Sistema de Agua Potable de Concordia, en Entre Ríos; la planta depuradora de Rafaela, en Santa Fe; y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia, en Chubut.
La decisión generó incomodidad incluso entre gobernadores considerados aliados o dialoguistas con el oficialismo. Uno de los casos más resonantes es el del tucumano Osvaldo Jaldo, quien semanas atrás había exhibido junto a Caputo la adjudicación del Acueducto Vipos como un logro de gestión y un ejemplo de cooperación con Nación. “El trabajo conjunto es el camino para llevar soluciones concretas a nuestra gente”, había expresado entonces. Sin embargo, menos de un mes después, el mismo ministro firmó la suspensión de la obra.
Una situación similar atraviesa el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza. Tras reunirse recientemente con Caputo y Diego Santilli, el mandatario había anunciado avances en rutas, transporte y obras de agua y saneamiento para Entre Ríos. Entre ellas, la Planta Potabilizadora de Concordia, cuya finalización había sido comprometida por Nación y ahora quedó alcanzada por el recorte.
El politólogo Nicolás Tereschuk aportó además un dato llamativo sobre la metodología utilizada para aplicar el ajuste en obra pública. Según su análisis, el Gobierno habría distribuido el recorte de manera uniforme entre las provincias, fijando una reducción cercana a los 940 millones de pesos por distrito, sin contemplar diferencias de tamaño, población o urgencia de las obras.
El ajuste también impacta en las transferencias corrientes a las provincias, que sufrirán una reducción de 494.290 millones de pesos. A eso se suma la eliminación de otros 155.710 millones vinculados a servicios sociales. Dentro de ese esquema, los sistemas provinciales de salud perderán 25.000 millones de pesos destinados a su fortalecimiento.
