En un encuentro informal, el Secretario General Nelson Sides se habría reunido con tres representantes del reclamo salarial. Los efectivos exigen una mesa de negociación sin intermediarios y advierten: “Si no hay respuestas, el conflicto podría nacionalizarse”.
Después de 48 días de acampes en distintos puntos de la provincia, la tensión entre el gobierno rionegrino y la policía que reclama salarios dignos comenzó a mostrar una posible salida según trascendió. Este martes por la tarde, un enviado del Ejecutivo provincial contactó a retirados que mantienen la protesta en la capital y dio inicio a un primer acercamiento con el Secretario General de Gobierno, Nelson Sides, considerado el brazo ejecutor clave del gobernador Alberto Weretilneck en contextos de alta complejidad política.
El encuentro, de carácter informal y reservado, reunió a Sides con tres de los referentes del movimiento —dos varones y una mujer, cuyos nombres no trascendieron— con el objetivo de agendar una mesa de diálogo formal. Según fuentes consultadas, los policías resaltaron como positivo que en ningún momento la representación gubernamental mencionó el levantamiento de los acampes como condición previa, lo que interpretan como una señal de que el diálogo podría, por sí mismo, desactivar la medida de fuerza.
Paraalelamente, corrió el rumor de que este mes, se le daría a los retirados policías, un plus de 125 mil pesos y el mes que viene, algo similar y, recién después de junio darían el primer pago del aumento que se otorgó en febrero.
Las demandas sobre la mesa
Los efectivos dejaron en claro que la única vía para “llegar a buen puerto” es una negociación directa, sin intermediarios: “Solo gobierno y policías de los acampes”, especificaron. Entre las expectativas centrales figuran el desembolso de fondos para mejorar los salarios de activos y pasivos, y la revisión de la situación de las viudas pensionadas. El reclamo histórico incluye un salario inicial de $1.800.000 para el escalafón administrativo, que consideran hoy en “situación de indigencia”.
Como estrategia preliminar, los representantes barajan llevar a la primera reunión formal solo algunos puntos clave a debatir, aunque aclarando que la agenda es más amplia. También propusieron limitar a seis personas el número de representantes policiales en la mesa, para agilizar la dinámica y mantener la unidad del reclamo.
Contexto complejo y rumores en el gabinete
La misión de Sides no es sencilla: el conflicto se desarrolla con el líder del Consejo de Bienestar Policial, Rubén Muñoz, detenido desde el 9 de marzo, y con efectivos activos sancionados por criticar públicamente al gobierno. Muñoz fue encarcelado por orden del juez Fernando Romera, quien revocó su condena condicional tras considerar un incumplimiento de restricciones judiciales. Desde los acampes, califican la medida como una “imposición política” y sostienen que Muñoz es un “preso político”.
En paralelo, crecen los rumores sobre la posible salida del Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara. Se especula que su gestión habría impulsado el encarcelamiento de Muñoz, una decisión que, lejos de debilitar la protesta, profundizó la grieta entre la fuerza y el Ejecutivo provincial.
De la confrontación al posible diálogo
El conflicto escaló cuando los policías trasladaron su reclamo al corazón del poder: “Lo vamos a hacer afuera del lugar de trabajo del gobernador para que cada vez que abra la ventana vea que su policía le está reclamando un salario que le permita mínimamente comer”, había afirmado Muñoz en una transmisión en vivo durante las primeras jornadas.
Hoy, con la fecha de la próxima reunión aún por definirse pero con expectativas de que sea “pronto”, los policías que participaron del encuentro con Sides ya socializaron el avance con sus pares. La cautela predomina, pero también la esperanza: “Finalmente apareció la luz al final del túnel”, resumieron algunos efectivos.
Mientras tanto, la provincia observa con atención si este primer contacto logra convertirse en una mesa de negociación concreta, o si, por el contrario, la falta de respuestas rápidas reaviva una protesta que ya amenazó con trascender las fronteras rionegrinas.
