Movimientos campesinos, obreros e indígenas exigen la renuncia del presidente en medio de una grave crisis económica; denuncian detenciones arbitrarias, heridos y al menos tres muertos durante la represión
Bolivia atraviesa una escalada de tensión social y política marcada por masivas protestas, bloqueos de rutas y una fuerte represión estatal contra sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de haber asumido el poder.
“¡Que renuncie, carajo!”, corearon miles de campesinos e indígenas, trabajadores mineros, transportistas, maestras y organizaciones populares que marcharon por las calles de La Paz, sede del gobierno boliviano, aislada desde hace tres semanas por bloqueos carreteros en distintos puntos del país.
Las protestas se desarrollan en un contexto de profunda crisis económica. Según datos oficiales, Bolivia registró en abril una inflación interanual del 14%, la más alta desde la década de 1980, generando un fuerte deterioro del poder adquisitivo y crecientes dificultades para acceder a productos básicos.
“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, expresó durante la movilización Melina Apaza, una manifestante de 50 años oriunda de la región minera de Oruro.
Las organizaciones sociales denuncian además una creciente militarización y una política represiva contra quienes participan de la huelga general indefinida. Durante la jornada del 22 de mayo, activistas y medios comunitarios reportaron enfrentamientos con fuerzas policiales y militares, uso intensivo de gases lacrimógenos y numerosas detenciones.
Entre las personas arrestadas se encuentran Adriana Guzmán y Diana Vargas, integrantes de Feministas Comunitarias y Feministas del Abya Yala, quienes fueron detenidas mientras realizaban transmisiones en vivo sobre la represión en las calles paceñas. Junto a ellas, según denunciaron organizaciones sociales, más de 40 manifestantes fueron detenidos.
Diversos colectivos lanzaron una campaña pública reclamando la “libertad inmediata de todas y todos los luchadores bolivianos” y calificaron las detenciones como “arbitrarias” en el marco de una ofensiva estatal contra las protestas.
Las denuncias apuntan directamente al gobierno de Rodrigo Paz, al que acusan de ordenar operativos policiales y militares contra la población movilizada. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos y sectores sindicales, la represión ya dejó decenas de heridos, múltiples detenidos y al menos tres personas fallecidas en las últimas semanas.
Mientras continúan los bloqueos y las movilizaciones en distintas regiones del país, el conflicto amenaza con profundizar aún más la crisis política y social que atraviesa Bolivia.
