Tras dos años y medio de fuertes recortes, la ejecución presupuestaria de 2026 mostró una suba real del 0,5% interanual. Economistas advierten que el margen para seguir ajustando se redujo al mínimo y el Gobierno reconoce que necesita mayor recaudación para mantener el equilibrio fiscal.
Por primera vez desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el gasto público nacional registró un incremento interanual en términos reales. Según los datos de ejecución presupuestaria correspondientes a los primeros cinco meses de 2026, el gasto aumentó un 0,5% respecto del mismo período del año anterior, marcando un quiebre en la política de ajuste que caracterizó a la gestión libertaria desde diciembre de 2023.
La cifra adquiere relevancia en un contexto donde el Gobierno convirtió al superávit fiscal en el principal eje de su programa económico. En los primeros cinco meses de 2024, el ajuste había alcanzado el 27,5%, mientras que en igual período de 2025 fue del 5,4%. Sin embargo, tras una reducción acumulada del gasto del 31% en términos reales durante dos años y medio, las posibilidades de continuar profundizando los recortes parecen haberse agotado.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente las limitaciones del esquema actual. “Necesitamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenemos que recaudar más, porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, afirmó semanas atrás, anticipando el escenario que hoy reflejan los números oficiales.
La situación se produce además en un contexto de desaceleración económica. Los indicadores de actividad correspondientes a abril muestran señales de debilidad luego del leve repunte registrado en marzo, lo que alimenta las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante recortes presupuestarios.
Un Estado más pequeño y con prioridades distintas
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó cómo cambió la estructura del gasto estatal entre 2023 y 2026. Mientras la Administración Pública Nacional redujo sus erogaciones en un 31%, algunos sectores escaparon al ajuste.
Entre las excepciones se destaca la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo presupuesto creció un 34% respecto de 2023. También aumentó el peso de los servicios de la deuda pública, que pasaron de representar el 9% al 12% del gasto total.
El director de CEPA, Hernán Letcher, sostuvo que la capacidad de seguir ajustando es cada vez menor debido a que entre el 70% y el 80% del presupuesto actual corresponde a partidas consideradas inflexibles o indexadas por ley. Según el economista, una eventual caída de la recaudación podría obligar al Gobierno a implementar nuevos recortes antes de fin de año, con impacto negativo sobre la actividad económica.
La composición del gasto también experimentó cambios significativos. La seguridad social pasó de representar el 44% del presupuesto en 2023 al 59% en 2026, mientras que áreas como energía, combustibles y minería redujeron su participación del 8% al 4%. La promoción y asistencia social, por su parte, cayó del 7% al 2% del total.
Fuertes recortes en áreas sociales
El análisis señala que los servicios sociales acumulan una reducción del 22,8% entre 2023 y 2026. Las mayores caídas se registraron en vivienda y urbanismo (99,5%), agua potable y alcantarillado (92,1%), promoción y asistencia social (75,8%), educación y cultura (47,8%) y ciencia y tecnología (39,4%).
Incluso la seguridad social, que concentra jubilaciones, pensiones y asignaciones, muestra una disminución del 10,4% desde el inicio de la gestión. Aunque las asignaciones familiares crecieron un 14,2% en términos reales, otros organismos vinculados a políticas sociales sufrieron fuertes reducciones presupuestarias.
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes registró una caída del 31,4%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia perdió el 75,1% de sus recursos.
Seguridad y defensa también sufrieron ajustes
El área de Defensa y Seguridad tampoco quedó al margen de los recortes. El gasto total del sector cayó un 25,2%, mientras que el Ministerio de Seguridad redujo su presupuesto en un 22,8%.
Las disminuciones alcanzaron a todas las fuerzas federales: la Policía Federal perdió un 31,2% de sus recursos, la Prefectura Naval un 28,3%, la Gendarmería Nacional un 27,9% y la Policía de Seguridad Aeroportuaria un 16,1%.
Con un gasto que comienza a estabilizarse tras más de dos años de ajustes, una economía que aún no logra consolidar el crecimiento y una recaudación que no muestra la recuperación esperada, el Gobierno enfrenta un escenario cada vez más complejo para sostener su principal bandera: el equilibrio fiscal.
