Pese a los antecedentes judiciales, las omisiones patrimoniales y un pasado marcado por polémicas durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodrigo Sbarra fue promovido como virtual número dos del Ministerio de Salud. La decisión reaviva los interrogantes sobre los criterios del Gobierno para designar a quienes administran miles de millones de pesos del presupuesto público.
El Gobierno nacional oficializó la designación de Rodrigo Sbarra como nuevo secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, convirtiéndolo en el virtual viceministro de la cartera que conduce Mario Lugones, tras la renuncia de Guido Giana. La decisión, sin embargo, no pasó inadvertida y vuelve a colocar bajo la lupa el discurso oficial sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El nombramiento instala una pregunta inevitable: ¿está el Gobierno frente a otro caso similar al que desató la polémica con otros funcionarios cuestionados por su patrimonio y el uso de recursos públicos?
La Secretaría de Gestión Administrativa no es un cargo menor. Por esa oficina pasan las compras, contrataciones y el manejo de uno de los presupuestos más importantes del Estado nacional. En otras palabras, Sbarra administrará miles de millones de pesos destinados al sistema sanitario argentino.
Un viejo conocido de las compras del Estado
Sbarra no es un recién llegado a la administración pública. Durante la gestión de Mauricio Macri ocupó primero la Subsecretaría y luego la Secretaría de Coordinación del entonces Ministerio de Producción, bajo las gestiones de Francisco “Pancho” Cabrera y posteriormente de Dante Sica.
Precisamente en esas funciones tenía bajo su órbita el sistema de compras y contrataciones del ministerio, un rol muy similar al que ahora volverá a desempeñar en Salud.
Su nombre, sin embargo, trascendió mucho más por un episodio judicial que por su gestión administrativa.
El sobre con los 10 mil dólares
Poco después de abandonar el gobierno de Cambiemos, en el despacho que había ocupado apareció un sobre con 10.000 dólares estadounidenses acompañado por anotaciones que incluían nombres de empresas y fechas.
En aquel momento, Sbarra denunció que el dinero había sido “plantado” como parte de una operación política en su contra.
Sin embargo, la investigación judicial avanzó en una dirección diferente.
El fiscal Gerardo Pollicita impulsó durante tres años una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Aunque finalmente fue sobreseído en diciembre de 2023, apenas tres días después de la asunción del gobierno de Javier Milei, la investigación dejó elementos que continuaron generando controversia.
Entre ellos, la Justicia concluyó que el sobre con los dólares efectivamente pertenecía al exfuncionario y descartó la hipótesis de que hubiera sido colocado por terceros.
Patrimonio bajo sospecha
Más allá del episodio del dinero encontrado en su oficina, la investigación puso el foco sobre bienes que no habían sido incorporados en sus declaraciones juradas.
Uno de los casos más llamativos fue un lote de aproximadamente mil metros cuadrados en Nordelta adquirido en 2016 por unos 180.000 dólares, que inicialmente no había sido declarado.
Los registros patrimoniales también mostraban una evolución difícil de pasar por alto.
Cuando ingresó al gobierno nacional en 2015, Sbarra declaró un patrimonio apenas superior al millón de pesos, integrado principalmente por un departamento en la Ciudad de Buenos Aires.
Al finalizar la gestión de Cambiemos, cuatro años después, su patrimonio declarado superaba los 30 millones de pesos, incluyendo un Mini Cooper, depósitos en el exterior y otros activos.
Posteriormente realizó rectificaciones en sus declaraciones juradas alegando “omisiones”, circunstancia que fue considerada por el fiscal al momento de solicitar su sobreseimiento.
Del archivo judicial al regreso al poder
Lejos de significar el final de su carrera política, el sobreseimiento abrió la puerta para su regreso.
Meses después, el gobierno de Milei lo incorporó como subsecretario de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete, otra dependencia estratégica encargada de compras y contrataciones del Estado.
Ahora, con su desembarco en el Ministerio de Salud, asciende a uno de los cargos con mayor poder administrativo dentro del gabinete nacional.
Una declaración jurada que vuelve a generar preguntas
Según su última declaración jurada presentada en 2024, Sbarra informó ser propietario de:
- Una vivienda y dos lotes en Navarro.
- Dos departamentos y una cochera en la Ciudad de Buenos Aires.
- Tres terrenos en Escobar.
- Dos camionetas Volvo SUV.
- Varias cajas de ahorro en Argentina.
- Una cuenta bancaria en dólares en el exterior.
- Dinero en efectivo.
- Acciones en dos empresas.
El volumen del patrimonio declarado vuelve a alimentar interrogantes, considerando que la mayor parte de su trayectoria laboral transcurrió en cargos públicos de segundo nivel tanto en la administración nacional como en la porteña.
Un ministerio bajo permanente sospecha
La llegada de Sbarra ocurre además en un contexto especialmente delicado para el Ministerio de Salud.
La cartera se convirtió en uno de los principales focos de controversias del gobierno libertario, con investigaciones y denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en la ANDIS, cuestionamientos sobre contrataciones en OSPReRA y denuncias por supuestos sobreprecios en compras de medicamentos a determinados laboratorios.
En ese escenario, la Secretaría de Gestión Administrativa adquiere un peso determinante porque concentra el manejo del presupuesto y las decisiones sobre licitaciones, contrataciones y ejecución de fondos públicos.
No es casual que ya hayan pasado tres funcionarios por ese puesto durante la gestión de Lugones: primero Cecilia Loccisano, luego Guido Giana y ahora Rodrigo Sbarra, en un cargo que dentro del propio ministerio ya muchos describen como una verdadera “silla eléctrica”.
La decisión del Gobierno de colocar nuevamente al frente de una de las cajas más sensibles del Estado a un funcionario cuyo patrimonio fue objeto de una extensa investigación judicial, aunque terminara sobreseído, vuelve a exponer la distancia entre el discurso oficial de “tolerancia cero con la corrupción” y las decisiones políticas concretas. Mientras el Ejecutivo insiste en presentarse como una ruptura con las viejas prácticas de la política, la designación de Sbarra promete reabrir un debate que parecía cerrado: el de los antecedentes, la transparencia y la confianza pública en quienes administran los recursos del Estado.
