Un grupo de unas 40 familias asegura que fue presionado para firmar un contrato del IPPV sin poder leerlo previamente. Afirman que solo buscaban acceder a los servicios básicos, pero que terminaron aceptando —bajo presión, según denuncian— cláusulas que restringen derechos sobre propiedades adquiridas mediante compra privada. El reclamo fue difundido públicamente a través de redes sociales y abre un fuerte debate sobre los alcances legales del convenio. Trascendió que el presidente del IPPV estaría este martes en el CIC.
La ejecución de obras de infraestructura para dotar de agua potable y energía eléctrica a distintos sectores de Choele Choel derivó en un conflicto que crece día a día y que involucra a decenas de familias que adquirieron terrenos por cuenta propia, mediante contratos privados con la empresa La Plata Rucamalén.
Los vecinos aclaran desde el comienzo que no pretenden beneficios gratuitos ni subsidios, sino únicamente poder pagar la infraestructura necesaria para acceder a los servicios esenciales. Sin embargo, sostienen que el mecanismo implementado para incorporarlos al programa Suelo Urbano terminó convirtiéndose, según denuncian, en una situación de presión y de incertidumbre jurídica.
El planteo fue expuesto públicamente a través de la página de Facebook “Falencias del Poder Judicial”, donde se difundieron fotografías del convenio firmado y un extenso descargo en el que los damnificados explican su versión de los hechos.
Estaba previsto que el Presidente del IPPV, Mariano Lavin, estuviera hoy en el CIC con lo que se espera que puedan aclarar algo sobre el tema.
Una firma antes de conocer el contenido
Según relatan los vecinos, para poder conectarse a las futuras redes de agua y electricidad fueron convocados a firmar un convenio.
Lo que más cuestionan es el procedimiento.
Aseguran que, al momento de concurrir a la firma, se les pidió que rubricaran el documento antes de leerlo. Recién después de firmarlo pudieron fotografiarlo y analizar detenidamente su contenido.
“Eran insistentes para que firmáramos. Nos dijeron que sacáramos una foto y lo leyéramos después”, sostienen.
Al revisar posteriormente el convenio, afirman haberse encontrado con una serie de condiciones que, según entienden, jamás fueron informadas previamente ni explicadas durante la convocatoria.
Un costo cercano a los cinco millones de pesos
El contrato difundido establece que cada beneficiario asume el pago del costo de la infraestructura correspondiente a las redes de agua y energía eléctrica.
El monto consignado asciende a 4.396.000 pesos, financiados mediante el sistema francés de amortización, con una tasa anual del 3%, más una actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Además, se prevé que las cuotas se actualicen conforme evolucionen los incrementos del salario mínimo.
Los vecinos sostienen que, en la práctica, el costo final ronda los cinco millones de pesos por familia, incluyendo conceptos vinculados a mensura y acondicionamiento del terreno.
El cuestionamiento no apunta al pago de la infraestructura.
“Estamos totalmente de acuerdo en pagar el agua y la luz. Nunca pedimos nada regalado”, expresan.
Lo que rechazan es que se les cobren trabajos que —afirman— fueron ejecutados principalmente para otros sectores del desarrollo urbanístico.
Cinco años pagando terrenos privados
Las familias remarcan que sus lotes no fueron adjudicados por el Estado, sino comprados de manera privada a la empresa La Plata Rucamalén.
Según indican, son alrededor de 40 familias que desde hace aproximadamente cinco años pagan mensualmente esas parcelas mediante contratos privados de compraventa.
Durante ese tiempo, explican, recibieron los terrenos “pelados”, sin infraestructura básica.
El abastecimiento de agua se realiza actualmente mediante una manguera provisoria de media pulgada que alimenta a once familias.
También cuentan con una conexión eléctrica provisoria.
En cuanto al saneamiento, cada vivienda posee pozo ciego individual, cuyo desagote —afirman— cuesta alrededor de 70.000 pesos cada vez que resulta necesario.
Una propuesta que, aseguran, fue rechazada
Los vecinos relatan que en distintas oportunidades propusieron al municipio una alternativa.
La iniciativa consistía en que ellos mismos compraran los caños necesarios para ejecutar las conexiones mientras la Municipalidad colaboraba únicamente con la maquinaria para realizar las excavaciones.
Según cuentan, inicialmente recibieron una respuesta favorable.
Sin embargo, posteriormente esa posibilidad habría sido descartada.
La explicación recibida, sostienen, fue que sus lotes estaban comprendidos dentro de la planificación del programa Suelo Urbano y que no podían realizar una conexión independiente porque posteriormente debería deshacerse cuando avanzara la obra oficial.
“Si no firmaban, no habría servicios”
Uno de los aspectos más delicados del reclamo gira en torno a las condiciones en las que, según los vecinos, se desarrolló la firma del convenio.
En el descargo difundido públicamente aseguran que fueron advertidos de que si no firmaban el contrato no podrían acceder a las conexiones definitivas de agua y electricidad, e incluso podrían perder las conexiones provisorias existentes.
“Nos apretaron diciéndonos que si no íbamos a firmar no nos iban a dejar conectarnos a la red de agua y luz y que nos iban a quitar la provisoria”, expresa uno de los testimonios publicados.
Las cláusulas que generaron el conflicto
Tras analizar el convenio, los propietarios sostienen que el documento incorpora obligaciones que, según entienden, corresponden exclusivamente a los lotes adjudicados mediante programas habitacionales estatales.
Entre las disposiciones que más cuestionan figuran:
- La prohibición de vender, ceder o alquilar el terreno durante diez años.
- La obligación de destinarlo exclusivamente a vivienda única y permanente.
- El deber de comenzar la construcción en un plazo máximo de un año.
- La obligación de finalizar la vivienda dentro de los tres años siguientes.
- La posibilidad de perder la adjudicación en caso de incumplimiento.
- La devolución únicamente del dinero abonado, sin derecho a indemnización.
- La exigencia de acreditar no poseer otra propiedad.
- La necesidad de obtener un libre deuda del IPPV para acceder a la escritura.
Según los denunciantes, esas condiciones podrían ser razonables cuando el Estado entrega gratuitamente un terreno social, pero consideran que no deberían aplicarse sobre inmuebles adquiridos mediante compra privada.
El eje de la discusión
El planteo central de los vecinos puede resumirse en una frase que se repite a lo largo del descargo:
“No rechazamos pagar la obra. Rechazamos que nos transformen un lote privado en un lote social.”
En el documento publicado sostienen que el convenio mezcla dos situaciones jurídicas distintas.
Por un lado, el cobro de la infraestructura —que aceptan— y, por otro, restricciones propias de programas de adjudicación estatal.
Según esa interpretación, el Estado estaría utilizando un mismo modelo contractual para todos los lotes del sector, tanto públicos como privados.
Los tres cuestionamientos planteados
En la publicación también se enumeran tres supuestas irregularidades.
La primera sostiene que se estaría confundiendo el cobro de una obra pública con la adjudicación de un terreno.
Los vecinos entienden que el Estado puede cobrar la contribución por mejoras correspondiente a las redes de agua y electricidad, pero no adjudicar un inmueble que ya pertenece a particulares.
El segundo cuestionamiento apunta a las restricciones sobre el derecho de propiedad.
Argumentan que prohibiciones como vender, alquilar o ceder el lote durante diez años solo podrían imponerse cuando el terreno fue entregado gratuitamente dentro de un programa social.
Finalmente, el tercer punto hace referencia al acceso a los servicios públicos.
Según sostienen, el suministro de agua y electricidad estaría siendo utilizado como mecanismo de presión para lograr la aceptación del convenio.
El contenido del convenio
La copia difundida establece, entre otras cuestiones:
- el pago de 4.396.000 pesos por la infraestructura de agua y energía;
- actualización de las cuotas mediante el Salario Mínimo, Vital y Móvil;
- aplicación del sistema francés de amortización;
- obligación del beneficiario de asumir impuestos, tasas y gastos de conexión;
- exigencia de libre deuda del IPPV para escriturar;
- actualización del monto adeudado en caso de mora de tres cuotas;
- responsabilidad solidaria de la Municipalidad de Choele Choel como garante;
- aplicación de las restricciones previstas por la Ley Provincial 5.474 respecto de la venta, construcción y destino de los lotes.
Un conflicto que podría escalar
Hasta el momento, el reclamo se desarrolla principalmente a través de redes sociales y mediante la difusión pública del convenio.
Los vecinos insisten en que no buscan evitar el pago de la infraestructura, sino que se revise el instrumento jurídico utilizado para propietarios que adquirieron sus terrenos por compraventa privada.
La controversia abre ahora un debate que probablemente deba ser aclarado por las autoridades competentes: si las condiciones previstas para los lotes adjudicados dentro de programas estatales pueden extenderse o no a inmuebles adquiridos mediante contratos privados, especialmente cuando el acceso a servicios esenciales aparece condicionado a la aceptación de esas cláusulas.
Por el momento, las aproximadamente cuarenta familias involucradas sostienen que continuarán reclamando una solución que les permita acceder a agua y electricidad sin resignar —según afirman— derechos inherentes a la propiedad privada de los terrenos que llevan años pagando con recursos propios.
