El economista Pablo Lozano y el IPyPP alertan sobre un paquete de normas que modifica la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones y la protección ambiental. “Se desplaza el interés público en favor del gran capital extranjero”, sostienen.
En lo que constituye la embestida más clara contra la soberanía territorial desde el regreso de la democracia, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que, bajo el eufemismo de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, busca desregular completamente el uso y tenencia del suelo argentino. La iniciativa, que ha encendido las alarmas en sectores críticos y organismos de derechos humanos, articula un mecanismo legal para eliminar los frenos a la extranjerización de la tierra, encarecer las expropiaciones de utilidad pública y facilitar los desalojos forzosos en zonas urbanas.
El economista Pablo Lozano fue uno de los primeros en alzar la voz contra lo que calificó como una “nueva ofensiva sobre el territorio”. A través de sus redes sociales y respaldado por un duro informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), Lozano advirtió que el corazón del proyecto no es otro que el vaciamiento de la Ley de Tierras Rurales.
“Aunque mantienen formalmente vigente la ley, el proyecto suprime los límites a la titularidad extranjera y elimina las herramientas de control. Es el fin de la soberanía sobre los recursos estratégicos”, sentenció Lozano.
Un “paquetazo” contra el interés público
La maniobra legislativa es integral y sistémica. Según el análisis del IPyPP, el texto modifica simultáneamente la Ley de Expropiaciones, encareciendo los costos para el Estado y bloqueando la posibilidad de realizar obras de infraestructura o políticas habitacionales que requieran la recuperación de tierras para el bien común. Asimismo, ataca la Ley de Manejo del Fuego, reduciendo las restricciones post-incendio y habilitando la especulación inmobiliaria y agropecuaria sobre ecosistemas quemados.
Para los críticos, esta norma no opera de forma aislada, sino que es la pieza final de un rompecabezas de entrega que incluye el RIGI, el Súper RIGI, la derogación de facto de la Ley de Emergencia Indígena (26.160) y los intentos de modificación de la Ley de Glaciares. El objetivo es claro: reducir al Estado a su mínima expresión regulatoria para facilitar la apropiación privada de bienes comunes como el agua, los minerales y la tierra.
El derecho a la vivienda, en la mira
El impacto social del proyecto es inmediato y brutal. La iniciativa facilita los desalojos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, acelerando los procedimientos de restitución de inmuebles. En un contexto donde la crisis habitacional es una emergencia nacional, el Gobierno opta por legislar para el propietario y el inversor, ignorando a inquilinos y familias vulnerables.
“En lugar de proteger a quienes no pueden acceder a una vivienda, el proyecto consolida una concepción donde el derecho de propiedad prevalece absolutamente sobre el derecho a la vivienda y la función social de la tierra”, explican desde el IPyPP.
Las 5 claves del saqueo según el IPyPP
El informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas desglosa los cinco ejes de este “retroceso histórico”:
- Extranjerización sin límites: Se eliminan las trabas para que capitales extranjeros compren tierras, facilitando la concentración y el control extranjero de la producción de alimentos.
- Estado atado de manos: Al hacer impagables las expropiaciones, se impide al Estado planificar el desarrollo o ejecutar obras públicas.
- Crimen ambiental impune: La reforma de la Ley de Manejo del Fuego permite el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas, premiando a quienes provocan el fuego para luego especular con la tierra.
- Criminalización de la pobreza: Los desalojos exprés agravan la crisis urbana, priorizando el patrimonio financiero sobre la vida digna.
- Despojo indígena: Al facilitar la adquisición de tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades originarias sin título formal, se abre la veda para el desalojo violento de pueblos originarios y campesinos.
Conclusión: Soberanía en remate
Desde el sector crítico, la conclusión es tajante: el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada representa un cambio de época. Se pasa de un Estado que regula y protege el patrimonio común a uno que actúa como garante de los negocios del gran capital internacional.
“Nuestras tierras constituyen un recurso estratégico. Eliminar las herramientas para regular su propiedad implica profundizar la concentración económica y debilitar la capacidad del Estado para defender el patrimonio de las y los argentinos”, finalizó Lozano. Mientras el oficialismo busca aprobar la norma sobre tablas, la oposición y los movimientos sociales advierten que se está firmando el acta de defunción de la soberanía territorial argentina.
