En una movida que busca destrabar la verdad detrás de uno de los mayores escándalos financieros de la gestión actual, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitaron formalmente la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El objetivo es claro: investigar las irregularidades en la función pública que la justicia federal decidió ignorar olímpicamente al sobreseer al presidente Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra.
La decisión llega en un clima de tensión institucional, días después de que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictara el sobreseimiento del mandatario el pasado 23 de octubre, con el controvertido aval del fiscal Eduardo Taiano. Para las organizaciones de transparencia, que actuaron como “amigos del tribunal”, la resolución no es más que un “archivazo” prematuro que busca cerrar una herida abierta desde febrero de 2025.
El “Pump and Dump” presidencial
El fantasma del 14 de febrero de 2025 sigue acechando a la Casa Rosada. Aquella jornada, Javier Milei utilizó su poder de fuego mediático para promocionar el token $Libra, disparando su cotización y arrastrando a miles de inversores minoristas a la euforia. Sin embargo, detrás del entusiasmo digital se orquestaba una salida en caliente: los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, desplomando el valor de la moneda y dejando a los usuarios con activos sin valor.
La posterior eliminación de la publicación y la justificación de que “no estaba interiorizado” no parecieron ser obstáculos para el juez Martínez De Giorgi ni para el fiscal Taiano, quienes concluyeron que no había elementos para avanzar por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles. Una lectura que, desde el CIPCE, califican de ingenua o complaciente.
Un sobreseimiento “a medida”
“La decisión constituye una resolución prematura que no contempla adecuadamente la relevancia del rol” que tuvieron tanto el presidente como su hermana y secretaria general, Karina Milei, advirtió el director del CIPCE. Para las organizaciones, la justicia ha optado por mirar hacia otro lado, ignorando que la promoción de activos financieros desde la presidencia conlleva responsabilidades administrativas y éticas ineludibles que exceden la mera intención penal.
Al no encontrar la justicia penal los “elementos suficientes” —una conclusión que los críticos atribuyen a una falta de voluntad investigativa más que a una falta de pruebas—, las entidades han girado su atención a la PIA. Esta dependencia, especializada en investigar irregularidades vinculadas a la función pública, es ahora la última esperanza para determinar si hubo uso indebido de recursos, influencia o violación de deberes de funcionario público.
Cortocircuito internacional
El cerco de impunidad parece completarse más allá de las fronteras. El pasado 1 de octubre, también fue desestimada la demanda colectiva presentada en Estados Unidos, donde más de 200 damnificados buscaron resarcimiento por la maniobra que devastó sus ahorros.
Con la vía local cerrada por un fiscal que apoyó la tesis de la “desinformación” del presidente y la vía extranjera bloqueada, el caso $Libra se consolida como un símbolo preocupante de la era actual: la capacidad del poder político para neutralizar los controles institucionales y dejar a las víctimas, una vez más, a la intemperie.
