El proyecto de la legisladora Magdalena Odarda obtuvo dictamen favorable por mayoría en comisiones. La iniciativa contempla la prohibición de tener animales a cargo, capacitación obligatoria y posibles restricciones a beneficios impositivos para quienes incumplan las disposiciones. De aprobarse, la provincia podría convertirse en pionera a nivel nacional.
Río Negro podría convertirse en la primera provincia argentina en contar con un registro específico de personas sancionadas y condenadas por maltrato y crueldad animal. La iniciativa, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, obtuvo dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial y propone incorporar nuevas herramientas para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección animal.
El proyecto establece que las personas incorporadas al registro tendrán prohibido mantener animales a su cargo y deberán realizar un curso obligatorio de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar y tenencia responsable, dentro de los primeros seis meses posteriores a su inscripción. La capacitación estará a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro.
Además, el incumplimiento de las obligaciones previstas podría derivar en la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales, mediante mecanismos de coordinación entre la autoridad de aplicación y los organismos recaudadores.
Durante la presentación, Odarda aclaró que la propuesta no contempla la inclusión de personas por el solo hecho de haber sido denunciadas. La inscripción deberá sustentarse en resoluciones firmes, con garantías para el debido proceso y el derecho de defensa.
“Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”, remarcó la legisladora, quien consideró que la aprobación de la norma representaría un antecedente significativo para el país. “Sería la primera ley en la Argentina” de estas características, aseguró.
Qué personas podrían integrar el registro
La iniciativa contempla a quienes hayan recibido sanciones administrativas firmes por infracciones vinculadas con el cuidado responsable de animales; a quienes hayan sido declarados reincidentes por maltrato, abandono o crueldad; a quienes cuenten con condenas penales firmes y a las personas sancionadas conforme al artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático sería la autoridad de aplicación, responsable de administrar, actualizar y resguardar la información, en articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. El proyecto también prevé la intervención del Ministerio Público y una publicación anual en el Boletín Oficial.
Odarda destacó el compromiso asumido por ese organismo frente a los delitos contra los animales y sostuvo que se produjo un cambio en la respuesta judicial ante este tipo de hechos.
“Generalmente estos casos antes se archivaban, no se les daba importancia”, recordó. En contraposición, señaló que actualmente los fiscales investigan “hasta las últimas consecuencias los casos de maltrato y crueldad animal”.
Entre los antecedentes normativos mencionados en los fundamentos figura la Instrucción General 2/20 de la Procuración General de Río Negro, vinculada con la actuación de los fiscales en investigaciones por crueldad animal.
Casos que impulsaron la propuesta
Para fundamentar la necesidad de la iniciativa, la legisladora recopiló antecedentes judiciales y denuncias de distintas localidades rionegrinas.
Uno de ellos es el caso de Byron, un perro de raza Terranova que murió en General Roca en septiembre de 2020, después de recibir una violenta patada que le provocó un desgarro hepático y una hemorragia interna. El episodio derivó en una sentencia judicial por crueldad animal en 2022.
También se incorporó la causa por la faena clandestina de dos yeguas en General Roca, una de ellas preñada y otra que había parido recientemente. El proceso concluyó con condenas de prisión efectiva para cinco personas, posteriormente confirmadas por el Tribunal de Impugnación.
En San Antonio Oeste, otro de los antecedentes corresponde al caso de Roco, un perro caniche que habría sido arrojado violentamente contra el suelo, sufriendo graves lesiones. En esa misma localidad se registró la situación de Pilincho o Tigre, un perro que presentaba desnutrición extrema, heridas y un importante deterioro físico. El animal debió ser sometido a eutanasia y el caso dio lugar a una imputación por abandono y crueldad animal.
La iniciativa también recuerda el caso de Luna, una perra de Cipolletti que murió después de ser atropellada. El proceso judicial terminó con una solución alternativa que incluyó disculpas públicas, la realización de un mural de concientización, una contribución económica a una asociación protectora y capacitación en derecho animal.
Los episodios más recientes en Viedma y San Javier
Entre los hechos mencionados en los fundamentos figura el caso de Chiqui, una perrita de la zona del IDEVI, en la comuna de San Javier, que murió en 2025 presuntamente por un disparo de arma de fuego. Según la documentación incorporada al proyecto, la Fiscalía ordenó un allanamiento y el secuestro de armamento en un establecimiento agropecuario, mientras la investigación continuaba en trámite.
Otro episodio es el ataque sufrido por una perra llamada Luna en Viedma, el 1 de febrero de 2026. El animal, de ocho años, fue encontrado con heridas gravísimas, después de que le arrancaran gran parte de la piel con un elemento cortante. Sobrevivió gracias a la intervención de un joven que la trasladó de inmediato a una veterinaria.
Odarda figura como denunciante en esa causa. De acuerdo con los antecedentes presentados, al momento de elaborarse la iniciativa todavía no había una sentencia que determinara responsabilidades, por lo que el episodio constituye un antecedente de denuncia e investigación, no una condena firme.
El proyecto también menciona la sustracción de 29 cardenales amarillos del balneario La Lobería, una especie protegida como Monumento Natural provincial. Los ejemplares fueron posteriormente localizados durante un procedimiento contra la caza furtiva en San Juan.
Prevención, seguimiento y concientización
En sus fundamentos, Odarda sostiene que la violencia contra los animales no debe considerarse un hecho menor o aislado, sino una conducta que vulnera principios de convivencia, empatía y respeto por la vida. También cita antecedentes científicos y judiciales que vinculan el maltrato animal con otras formas de violencia social e interpersonal.
La propuesta toma como referencia la Ley Nacional 14.346, que establece penas de prisión de quince días a un año para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra animales, además de las disposiciones del Código Contravencional rionegrino, que contempla multas, trabajo comunitario y prohibiciones de adopción para determinadas conductas.
El objetivo, según la legisladora, es complementar las sanciones existentes con mecanismos de prevención, seguimiento y educación. El registro podría servir como herramienta de consulta para organismos públicos, municipios y organizaciones proteccionistas que participan en rescates, hogares de tránsito y procesos de adopción responsable.
El texto aclara que la finalidad no es promover la exposición pública, la estigmatización ni el escarnio social de las personas sancionadas, sino establecer mecanismos institucionales que contribuyan a prevenir nuevos hechos de violencia.
Tras el dictamen favorable por mayoría en comisiones, la iniciativa continuará su recorrido legislativo. Odarda manifestó su expectativa de que el proyecto obtenga un respaldo más amplio en el recinto.
“Ojalá que esta ley reciba el apoyo unánime de todos los legisladores y legisladoras y tengamos este antecedente como una provincia pionera en el país en materia de derecho animal”, concluyó.
Diferenciar denuncias de condenasReducir y jerarquizar los antecedentes
