Mientras el Gobierno nacional intenta vender la ilusión de una “reactivación” macroeconómica, un informe de la UBA-Conicet desnuda la cruda realidad: el empleo formal acumula 14 meses de caída consecutiva, la industria se desguaza y el haber mínimo perdió el 40% de su poder adquisitivo, retrotrayendo a la Argentina a los peores años de la crisis del 2001.
El mercado de trabajo argentino se ha convertido en el principal cementerio de la clase media y trabajadora bajo la actual gestión nacional. Lejos de la “estabilidad” y el “orden” que pregonan los voceros oficiales en sus conferencias de prensa, los números rojos no mienten: en el último año se esfumaron 155.000 puestos de trabajo formales en el país. El empleo asalariado registrado suma ya su decimocuarto mes de caída consecutiva, consolidando un retroceso social que el Gobierno parece mirar con absoluta indiferencia.
Los datos, que exponen el verdadero rostro de la “sorpresa” económica del oficialismo, se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. El documento es una radiografía impiadosa de la devastación: el empleo asalariado formal total cayó un 1,5% interanual en julio pasado. Pero la foto es aún más grave si se mira el inicio de la gestión: frente a noviembre de 2023, el mercado laboral retrocedió un 3,6%, lo que representa un recorte brutal de 370.000 fuentes laborales. En total, apenas 9,93 millones de personas logran mantenerse hoy dentro del sistema formal de seguridad social.
La estafa del “desacople”: crecimiento para unos pocos, despidos para la mayoría
El gobierno nacional intenta sostener su relato de éxito apoyándose en un tímido rebote del 2,2% en la actividad económica (EMAE) entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Sin embargo, el informe del IIEP desnuda la trampa: existe un marcado “desacople” que no es un efecto secundario, sino el corazón de su modelo. Mientras la economía supuestamente crece, el empleo asalariado privado registró en ese mismo período un recorte superior al 4%. Crecimiento concentrado en la renta extraordinaria de pocos sectores; despidos y precarización para el resto.
El sector privado, al que el oficialismo dice querer “liberar” para generar empleo, es el principal ejecutor de la masacre. Durante julio de 2026, el empleo formal privado se redujo en 12.700 puestos (-0,2%), alcanzando los 14 meses consecutivos de contracción. Desde que asumió la actual administración, el sector privado arrastra una pérdida acumulada de 266.000 puestos (-4,2%), retrotrayendo la cantidad de empleados a niveles de mayo de 2014.
El desguace productivo es evidente. En julio, 8 de los 13 sectores de la actividad privada disminuyeron sus dotaciones. El comercio lideró la caída con 3.800 puestos menos, seguido por la Industria, que perdió 2.800 empleos. Este último sector es la prueba del fracaso de la política industrial oficial: acumula variaciones mensuales negativas en 33 de los últimos 35 meses, con una pérdida de casi 95.000 empleos desde septiembre de 2023. La construcción, por su parte, agoniza con apenas 377.000 trabajadores, merodeando sus mínimos históricos.
Un país federalmente desigual: el interior abandonado
El mapa de la desocupación refleja el abandono sistemático de las provincias. El empleo privado cayó en 17 jurisdicciones. La Provincia de Buenos Aires, el motor productivo del país, explicó el 66% de la destrucción total del mes, con una reducción de 8.000 puestos. Las mermas más acentuadas se registraron en Santa Cruz, Corrientes y Mendoza.
En el extremo opuesto, la única “buena noticia” es una muestra de la dependencia extractivista del modelo: Neuquén (+8,9%) y Río Negro (+3,5%) son las únicas jurisdicciones que registran más ocupados formales privados que en 2023, impulsadas exclusivamente por el dinamismo de la explotación petrolera de Vaca Muerta. El resto de la Argentina productiva queda relegado a la intemperie.
El salario mínimo: la condena a la miseria
Si el despido es la antesala de la pobreza, el salario es la condena a la indigencia. En materia de ingresos, el reporte destaca la profunda y deliberada erosión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). En septiembre de 2026, el haber mínimo se fijó en $383.800 nominales, una cifra que resulta una burla frente a la canasta básica alimentaria.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el salario mínimo real acumuló un desplome del 40,8%. Esta caída sitúa al haber mínimo en niveles inferiores a los de la crisis de 2001, alcanzando su valor más bajo desde junio de 2003. En términos históricos, el poder adquisitivo del salario mínimo representa apenas un tercio (-67,1%) de su máximo histórico de septiembre de 2011. El Gobierno ha licuado los salarios para “ordenar” la macroeconomía a costa del hambre de los trabajadores.
El Estado y las trabajadoras de casas particulares en la mira
Ni el sector público ni el trabajo doméstico escaparon al rigor del ajuste. Aunque en julio el empleo público registró un leve aumento de 4.700 puestos (totalizando 3,4 millones), esta suba mensual es apenas un parche frente al retroceso del 2,4% (-83.000 empleos) en comparación con noviembre de 2023, producto de la brutal poda estatal impulsada por la Casa Rosada.
Por su parte, el trabajo en casas particulares, uno de los termómetros más fieles de la vulnerabilidad social, registró una caída de 1.100 puestos en julio. El sector retrocedió un 4,7% respecto a noviembre de 2023 y acumula una contracción del 11,6% (-58.000 trabajadoras) desde su máximo histórico de octubre de 2019.
A 14 meses de gestión, el balance oficial es una Argentina con menos industria, menos comercio, menos trabajo registrado y salarios que no alcanzan para comer. Los números del IIEP no son solo estadísticas frías; son el reflejo de cientos de miles de familias expulsadas del sistema formal, condenadas a la informalidad o a la exclusión, mientras el Gobierno celebra desde los estrados los números de una macroeconomía que no se traduce en ningún plato de comida para la mesa de los argentinos.
