El hombre, de 28 años, habría insultado y golpeado a la mujer frente a la hija que tienen en común. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, pero el juez de Garantías dispuso medidas cautelares alternativas, entre ellas la prohibición de ingresar a la localidad donde reside la víctima y la restricción de acercamiento y contacto.
Un empleado policial de 28 años fue imputado por agredir física y verbalmente a su pareja durante una discusión que se extendió aproximadamente nueve horas y que habría ocurrido en presencia de la hija de ambos. La mujer sufrió lesiones calificadas como leves, en un episodio que la Fiscalía encuadró en un contexto de violencia de género.
Según lo expuesto por la fiscal Analía Álvarez durante la audiencia de formulación de cargos, los hechos se desarrollaron entre las 17 del lunes y las 2 de la madrugada del martes. Durante ese lapso, el hombre habría insultado y golpeado a la víctima.
«En el marco de una discusión que se prolongó alrededor de 9 horas, el imputado insultó y golpeó a la víctima. Producto de eso, ella sufrió heridas caracterizadas como leves», explicó la representante del Ministerio Público Fiscal, quien remarcó que el episodio estuvo atravesado por distintas manifestaciones de violencia.
La calificación legal atribuida al acusado es la de lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra una persona con la que mantiene o mantuvo una relación de pareja y por tratarse de un hombre que ejerció violencia contra una mujer mediando violencia de género. El delito fue imputado en calidad de autor.
La acusación se fundamentó en los artículos 89, 92, en función del artículo 80, inciso 1°, y 45 del Código Penal, con aplicación de las leyes nacionales 26.485, de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, y 26.061, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Como elementos de respaldo, la Fiscalía presentó la denuncia penal de la víctima, informes de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), actuaciones del Gabinete de Criminalística y entrevistas realizadas a testigos y personas allegadas a la mujer.
La Fiscalía pidió prisión preventiva
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía, que argumentó la existencia de riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación.
Álvarez fundamentó el requerimiento en el nivel de conflictividad de la relación, los indicadores de violencia psicológica detectados por la OFAVI, las características de la agresión física, la presencia de la hija durante el episodio y la situación de vulnerabilidad de la víctima.
La defensa penal pública, a cargo de Mario Orlandini, se opuso a la medida de privación de libertad. Entre sus argumentos señaló que el imputado había fijado un nuevo domicilio en otra localidad y que el sostenimiento económico de la hija dependía casi exclusivamente de su actividad laboral.
En ese sentido, el defensor sostuvo que mantenerlo detenido podría afectar la asistencia económica de la niña y propuso medidas alternativas: prohibición de ingresar a la localidad donde reside la mujer, restricción de acercamiento y prohibición de ejercer actos molestos o establecer contacto con ella por cualquier medio.
Medidas restrictivas en lugar de prisión preventiva
Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía, pero resolvió aplicar las medidas cautelares alternativas propuestas por la Defensa, sin hacer lugar al pedido de prisión preventiva.
De esta manera, el acusado continuará el proceso bajo restricciones destinadas a evitar el contacto con la víctima y prevenir nuevos episodios de violencia.
El caso vuelve a poner en primer plano la gravedad de los hechos de violencia de género cuando se producen en el ámbito familiar y, particularmente, cuando niñas y niños quedan expuestos a situaciones de agresión entre adultos.
