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Choele: Proyecto de la oposición busca abrir las puertas del empleo privado a las personas con discapacidad

Un proyecto ingresado al Concejo Deliberante propone reintegrar hasta el 100% de las contribuciones patronales durante el primer año de contratación, reducir tasas municipales y crear una red de acompañamiento laboral. La iniciativa apunta especialmente a jóvenes egresados de la Escuela Especial Nº 8 y pone sobre la mesa una deuda social que va mucho más allá de las buenas intenciones.

Conseguir un empleo, desarrollar autonomía, tener ingresos propios y construir un proyecto de vida son derechos que, aunque reconocidos en las leyes, no siempre encuentran un correlato en la realidad. Para muchas personas con discapacidad, la finalización de la etapa educativa no representa necesariamente el comienzo de una nueva etapa de oportunidades, sino que puede convertirse en el ingreso a un escenario de incertidumbre, aislamiento y escasa participación social.

Sobre esa problemática busca intervenir un proyecto de ordenanza recientemente ingresado al Concejo Deliberante de Choele Choel, que propone la creación del programa “Choele Choel Inclusiva”, un régimen municipal de incentivos destinado a promover la incorporación de personas con discapacidad al empleo formal en el sector privado.

La iniciativa plantea que el Estado municipal utilice herramientas económicas y tributarias para estimular a comercios, supermercados, industrias, empresas, prestadores de servicios y emprendimientos productivos a generar puestos de trabajo genuinos. La propuesta intenta romper una barrera que no siempre está relacionada con las capacidades de las personas, sino con los prejuicios, la falta de adaptación de los ámbitos laborales y la ausencia de políticas concretas que faciliten su incorporación.

Incentivar al sector privado para que la inclusión sea una realidad

El proyecto propone que el municipio reintegre a los empleadores hasta el 100% de las contribuciones patronales y conceptos de seguridad social efectivamente abonados por cada trabajador incorporado, durante los primeros 12 meses de contratación.

A ese beneficio se sumaría una reducción del 50% de las tasas municipales vinculadas a la actividad económica por hasta 24 meses, además de una exención total de la tasa de habilitación comercial e industrial para nuevos establecimientos que incorporen al menos una persona con discapacidad dentro de los primeros seis meses de funcionamiento.

La iniciativa contempla también la posibilidad de establecer convenios especiales de inclusión con establecimientos de mediana y gran superficie que incorporen tres o más trabajadores.

El objetivo es reducir el costo inicial que puede representar una contratación y ofrecer al empleador herramientas para afrontar el proceso de adaptación, sin que esa ayuda implique resignar derechos laborales ni convertir al trabajador en mano de obra subsidiada y de segunda categoría.

El desafío de no quedar afuera después de la escuela

Uno de los aspectos más significativos del proyecto es la atención puesta en los jóvenes que egresan o están próximos a finalizar su formación en la Escuela de Educación Especial Nº 8.

La iniciativa advierte que el cierre de la etapa escolar puede traer consigo una disminución de las oportunidades de formación, trabajo y encuentro comunitario. Cuando no existen alternativas, la vida cotidiana puede quedar reducida al ámbito familiar, profundizando situaciones de aislamiento y dependencia.

Por eso, el proyecto propone crear una Red Municipal de Oportunidades Laborales Inclusivas, de inscripción gratuita y voluntaria, que permita identificar habilidades, intereses y perfiles laborales para vincularlos con las necesidades del entramado productivo local.

La articulación con la Escuela Especial Nº 8 y la intervención de profesionales de terapia ocupacional permitirían evaluar los puestos de trabajo, proponer adaptaciones y acompañar tanto al trabajador como al empleador. También se plantea utilizar dispositivos existentes, como el programa GESTOS, para desarrollar tareas de taller y otras instancias de acompañamiento.

La idea es que la inclusión no consista simplemente en contratar a una persona para cumplir con una formalidad, sino en construir condiciones para que pueda desempeñarse, aprender, crecer y permanecer en el ámbito laboral.

Un derecho que no puede depender de la sensibilidad del empleador

La inclusión laboral de las personas con discapacidad no debería depender exclusivamente de la buena voluntad, la sensibilidad o la solidaridad de un empresario. Se trata de un derecho y, como tal, requiere políticas públicas, herramientas, acompañamiento y mecanismos que permitan hacerlo efectivo.

En ese sentido, la propuesta incorpora garantías para evitar que los incentivos se conviertan en una excusa para precarizar el empleo. Las contrataciones deberán ser genuinas y representar un incremento real de la plantilla, quedando excluidos aquellos empleadores que despidan trabajadores o reduzcan jornadas para reemplazarlos por personas incorporadas al programa.

El trabajador deberá percibir su remuneración completa y conservar todos los derechos laborales, salariales, convencionales y previsionales. El municipio, por su parte, no asumirá la condición de empleador, sino que actuará como promotor y acompañante del proceso de inclusión.

El proyecto también establece que, durante los primeros 12 meses, deberá existir un seguimiento técnico para facilitar la adaptación al puesto y prevenir que una contratación inicialmente celebrada como una oportunidad termine frustrándose por falta de apoyo.

La inclusión también exige compromiso y control del Estado

La iniciativa prevé la creación de un Fondo Municipal para la Inclusión Laboral, que se financiará mediante una partida específica del presupuesto municipal y recursos provenientes de convenios, subsidios o donaciones.

Además, establece que el Ejecutivo deberá informar trimestralmente al Concejo Deliberante sobre las empresas adheridas, las incorporaciones realizadas, los montos reintegrados, las exenciones otorgadas y el índice de permanencia laboral una vez finalizado el período de incentivo.

Ese seguimiento será fundamental. Porque una política de inclusión no puede medirse solamente por la cantidad de contrataciones anunciadas o por los beneficios fiscales otorgados, sino por la capacidad de sostener esos puestos de trabajo en el tiempo, garantizar condiciones dignas y generar verdadera autonomía.

El proyecto contempla también un reconocimiento anual para distinguir a comercios y empresas comprometidos con la inclusión, bajo la denominación “Choele Choel Inclusiva – Empleador Comprometido”.

De las leyes a la vida cotidiana

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes nacionales y provinciales y la propia Carta Orgánica Municipal establecen un marco de derechos y obligaciones. Choele Choel, además, tiene reconocidas disposiciones vinculadas a la atención, la capacitación, la promoción de derechos y el cupo laboral del 3% para personas con discapacidad en la planta municipal.

Sin embargo, entre el reconocimiento jurídico y el ejercicio efectivo de esos derechos suele existir una distancia que no se resuelve únicamente con declaraciones.

El proyecto presentado por César Llunes y Nadia Giselle Llunes, del bloque Choele Presente y Futuro, junto a Rodrigo Araneda, vicepresidente segundo del Concejo Deliberante, propone avanzar sobre una de esas brechas: la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan al trabajo formal, desarrollen sus capacidades y dejen de ser contempladas únicamente desde una lógica de asistencia.

La propuesta todavía deberá ser debatida, analizada y eventualmente modificada por el cuerpo legislativo. Pero instala una discusión necesaria en la comunidad: ¿cuántas capacidades permanecen invisibles porque nunca se les ofrece una oportunidad?

La inclusión no consiste en abrir una puerta por un gesto de generosidad. Consiste en reconocer que detrás de cada persona hay derechos, talentos, aspiraciones y un proyecto de vida que merece las mismas posibilidades de desarrollo que cualquier otro.

Y si el Estado puede contribuir a derribar las barreras que impiden ese camino, entonces el incentivo fiscal no será simplemente un beneficio para el empleador: será una inversión social para que la igualdad deje de ser una promesa y empiece a ser una realidad.

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