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Crisis y represión en Río Negro: docentes a la huelga y policías en la miseria mientras el Gobierno silencia a sus críticos

La administración provincial de Alberto Weretilneck enfrenta un fin de año con la olla a presión. Lejos de ofrecer respuestas, el Gobierno parece haber optado por la estrategia del desgaste, los descuentos salariales y la persecución judicial contra quienes alzan la voz. En el centro de la tormenta, dos pilares del Estado provincial —la educación y la seguridad— estallan en reclamos que son sistemáticamente ignorados o reprimidos.

Por un lado, el Sindicato UnTER ha anunciado un nuevo paro provincial para el 25 de noviembre, hartos de una gestión que brilla por su ausencia en las mesas de diálogo. El gremio denunció el incumplimiento del Gobierno de convocar a paritaria antes del 15 de noviembre, tal como lo había exigido el Congreso docente.

La respuesta del Ejecutivo no fue sentarse a negociar, sino profundizar el hostigamiento: descuentos de haberes a los trabajadores en medida de fuerza y la exigencia de demostrar asistencia al lugar de trabajo, una maniobra intimidatoria que busca quebrar el derecho constitucional de huelga.

“Frente a la decisión del Gobernador de desconocer los tiempos y el mandato de la docencia organizada, respondemos con más organización y unidad”, sentenciaron desde UnTER. El reclamo excede el bolsillo: exigen recomposición salarial ante una inflación que devora los sueldos, el cese de las auditorías médicas privadas y punitivas, soluciones a la deplorable infraestructura escolar y el blanqueo de la deuda de los aportes jubilatorios. “No se trata solamente de una discusión salarial. Se trata de defender nuestros derechos y la educación pública”, advirtieron desde el gremio, anticipando que el silencio oficial los devuelve a las calles.

Policías en la pobreza y un líder detenido

Pero el malestar no es exclusivo de las aulas. Las fuerzas de seguridad transitan una crisis institucional y económica sin precedentes, visibilizada por el “Consejo de bienestar policial y penitenciario”. El costo de alzar la voz ha sido alto: su principal referente, Rubén Ángel Muñoz, se encuentra detenido.

La excusa judicial para su encarcelamiento fue la transgresión de una “30-40”, como se conoce en Río Negro a la ley de Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares. Sin embargo, detrás de esta detención se esconde una de las hipocresías más oscuras del sistema de justicia rionegrino: la misma ley que se utiliza como arma política para silenciar y someter a un dirigente gremial es sistemáticamente ignorada por los jueces cuando se trata de proteger a las mujeres.

Mientras Muñoz languidece en una celda por una denuncia cuestionada por su claro tinte persecutorio, la justicia rionegrina mira para otro lado cuando hay perimetrales violadas. Existen causas documentadas donde agresores incumplieron órdenes de prohibición de acercamiento sin sufrir consecuencias, incluyendo la tentativa de femicidio registrada en Cipolletti en septiembre de este año y el trágico femicidio de Estefanía Civardi en San Carlos de Bariloche. La ley 30-40 se ha convertido en un eslogan de campaña y una herramienta de extorsión política, pero en los tribunales brilla por su ineficacia a la hora de salvar vidas.

“¿Acaso nuestras vidas valen menos?”

Mientras el Gobierno utiliza al aparato judicial para amedrentar, la realidad de los uniformados es la de una fuerza sumida en el abandono. A través de las redes sociales, el Consejo de Bienestar Policial desnudó la miseria a la que son sometidos: “Naturalizamos la changa, el rebusque, el otro oficio”, lamentaron, denunciando que hace más de 14 años la pobreza y la falta de empatía son políticas de Estado hacia quienes arriesgan su vida en las calles.

La comparación con la provincia vecina es una bofetada a la gestión local. “Mientras del otro lado del Río, vemos a una policía totalmente distinta. En Neuquén reciben bonos del triple del valor que en Río Negro, sus sueldos ya casi duplican al nuestro, y perciben incrementos salariales por sobre la inflación”, cuestionaron los uniformados, dejando en el aire una pregunta que resuena como una denuncia al cinismo estatal: “¿Acaso nuestras vidas valen menos por ejercer la misma tarea pero con una administración pública deficiente?”.

A puertas de un nuevo ciclo electoral, con otros cuatro años de gestión que ya casi han transcurrido, el Gobierno de Río Negro deja un panorama desolador: la consolidación de la pobreza en sus fuerzas de seguridad, el deterioro de la escuela pública y un aparato judicial dispuesto a encarcelar opositores sindicales mientras las víctimas de violencia de género quedan a la intemperie. Ante este escenario, la docencia y la policía ya avisaron: no van a seguir esperando.

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