Inicio / PATAGONIA / Vialidad agoniza, las rutas se rompen y los trabajadores salen a la ruta en Catriel

Vialidad agoniza, las rutas se rompen y los trabajadores salen a la ruta en Catriel

Trabajadores de Vialidad Nacional de toda la Patagonia y el Sindicato de Camioneros cortan este sábado la Ruta 151, a la altura del acceso sur de Catriel. Denuncian salarios por debajo de la línea de pobreza, endeudamiento masivo, falta de insumos y el desmantelamiento del organismo. Mientras Nación desatiende las rutas, Río Negro avanza con la posibilidad de cobrar peajes sobre corredores deteriorados.

La Patagonia vuelve a levantar la voz frente a una política que parece tener una receta invariable: recortar, desfinanciar, achicar el Estado y dejar que las consecuencias las paguen los trabajadores y la ciudadanía. Este sábado, Catriel se convirtió en el punto de concentración de ese malestar, con un corte de la Ruta Nacional 151 que reúne a trabajadores viales y camioneros en una protesta que excede largamente lo sindical.

Desde temprano, delegados de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Bahía Blanca se concentraron en la rotonda de la Ruta 151 y el acceso sur de la ciudad, donde mantendrán la medida de fuerza hasta pasado el mediodía. La consigna es clara: denunciar el vaciamiento de Vialidad Nacional, la precarización de sus trabajadores y el abandono de rutas que, en muchos tramos, se han convertido en una amenaza para quienes las transitan.

Lo que ocurre en Catriel no es un conflicto aislado. Es la expresión de una política que, en nombre del equilibrio fiscal, parece estar sacrificando estructuras esenciales, fuentes de trabajo y servicios que no pueden reemplazarse con discursos ni planillas contables.

«Es la gota que rebasó el vaso»

Lucas Guayquipi, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales (S.T.V. y ARA) de Río Negro y Bahía Blanca, fue contundente al describir el escenario que atraviesa el sector. «Es la gota que rebasó el vaso», advirtió, al explicar los motivos de una protesta que reúne a trabajadores de distintas provincias y que amenaza con profundizarse si no aparecen respuestas.

Las cifras denunciadas por el gremio exponen una realidad social alarmante: el 70% de los trabajadores de Vialidad Nacional estaría endeudado, mientras sus salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la reducción de personal, el deterioro de las condiciones laborales y la falta de recursos para cumplir con las tareas básicas de conservación.

En Río Negro, según denunció Guayquipi, apenas quedan unos 130 trabajadores para sostener las tareas sobre un territorio extenso, con rutas fundamentales para la producción, el transporte, la actividad petrolera y la comunicación entre localidades.

El ajuste, en este caso, tiene rostro. Es el del trabajador que no llega a fin de mes, el empleado que debe endeudarse para sobrevivir y el agente vial que sale a reparar una ruta sin contar siquiera con los materiales indispensables.

Tapar baches con tierra: la postal de un organismo que están dejando morir

Si hay una imagen que resume la gravedad de la situación, es la que describió el dirigente sindical: trabajadores de Vialidad Nacional tapando baches con tierra por falta de materiales adecuados.

No es una anécdota pintoresca. Es la radiografía de un organismo al que le quitan recursos, personal, combustible e insumos, pero al que todavía se le exige responder frente a una infraestructura que se deteriora diariamente.

La falta de combustible impide movilizar equipos; la ausencia de materiales limita las reparaciones; la reducción de trabajadores multiplica las dificultades. Y mientras las rutas se degradan, quienes deberían garantizar su conservación trabajan con las manos atadas.

El Gobierno nacional podrá presentar el recorte como una política de eficiencia, pero resulta difícil hablar de eficiencia cuando los organismos pierden capacidad operativa, las rutas se llenan de pozos y las reparaciones terminan realizándose en condiciones precarias.

El desmantelamiento de Vialidad Nacional no es solamente un problema para sus trabajadores. Es un problema para cada ciudadano que viaja, para cada ambulancia que debe trasladar un paciente, para cada transportista que mueve mercadería y para cada comunidad que depende de una ruta para no quedar aislada.

El impuesto al combustible que no vuelve en obras

Otro de los cuestionamientos más severos apunta al destino de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles, particularmente los fondos que, según denuncian los trabajadores, deberían contribuir al financiamiento de la infraestructura vial.

La acusación gremial sostiene que esos recursos están siendo desviados para sostener las cuentas fiscales, mientras las rutas nacionales pierden mantenimiento y las cuadrillas carecen de elementos básicos para trabajar.

La contradicción es difícil de ignorar: los ciudadanos pagan cada vez que cargan combustible, pero ese aporte no se traduce necesariamente en rutas seguras. El dinero se recauda, el usuario cumple, pero los baches siguen ahí.

El discurso oficial sobre el déficit cero encuentra en las rutas patagónicas una de sus mayores paradojas. Se habla de orden fiscal mientras se deteriora el patrimonio público; se proclama eficiencia mientras se debilitan los organismos encargados de garantizar servicios esenciales; se exige sacrificio a la sociedad mientras la infraestructura que sostiene la economía queda relegada.

El equilibrio de las cuentas públicas no puede convertirse en una excusa para desequilibrar la vida cotidiana de quienes dependen del Estado para circular, trabajar y llegar a destino.

Nación abandona, Río Negro prepara peajes

Pero el escenario adquiere todavía mayor gravedad cuando al abandono nacional se suma la posibilidad de que Río Negro avance con un sistema de peajes sobre rutas estratégicas como la 151 y la 22.

Guayquipi advirtió que los rionegrinos podrían terminar pagando hasta tres veces por circular: a través de los impuestos nacionales, de la carga tributaria provincial y de un eventual peaje.

La ecuación es indignante para quienes transitan diariamente estos corredores. Primero se paga. Después se soporta el deterioro. Finalmente, aparece la posibilidad de volver a pagar para circular por rutas cuya conservación debió ser garantizada.

¿Dónde está la lógica de cobrar por transitar caminos que todavía presentan graves deficiencias? ¿Quién garantiza que el peaje se traducirá en obras reales y no en otra caja de recaudación? ¿Qué mecanismos de control tendrá la ciudadanía para conocer cuánto se recauda, cuánto se invierte y qué mejoras se ejecutan?

La preocupación no es menor. Si las rutas nacionales terminan transferidas, concesionadas o sujetas a nuevos esquemas de cobro, el usuario deberá exigir garantías concretas: obras verificables, plazos, controles públicos y seguridad vial.

De lo contrario, el riesgo es que el abandono se transforme en negocio y que la factura de la desidia termine, una vez más, en manos de quienes menos margen tienen para soportarla.

Créditos, anuncios y bacheos que no resuelven el desastre

Desde el sector gremial también cuestionan los trabajos que se anuncian como respuesta al deterioro vial. Guayquipi señaló que las intervenciones vinculadas al proyecto Duplicar Norte y al financiamiento de FONPLATA no representan una solución estructural para las rutas de la región.

Se trata, según su descripción, de tareas preliminares y bacheos preventivos que no reemplazan una repavimentación integral ni resuelven el estado crítico de corredores fundamentales como las rutas 3, 22, 23 y 151.

La Patagonia no necesita maquillaje vial. Necesita planificación, obras sostenidas, presupuesto, maquinaria, materiales y trabajadores en condiciones dignas.

Los parches pueden servir para atender una emergencia puntual, pero no pueden convertirse en la política permanente de infraestructura de un país. Menos aún cuando la falta de mantenimiento compromete la seguridad de miles de personas.

Una protesta por el trabajo, pero también por la vida

El corte de la Ruta 151 en Catriel busca visibilizar un conflicto que no puede reducirse a una discusión gremial ni a una molestia circunstancial para quienes circulan.

Los trabajadores defienden sus puestos, sus salarios y una institución histórica que consideran amenazada. Pero también denuncian el deterioro de rutas donde se produjeron accidentes fatales y donde la falta de mantenimiento alimenta el temor de quienes viajan diariamente.

La convocatoria a la comunidad parte de una premisa concreta: la seguridad vial no es un privilegio, ni una demanda secundaria, ni una variable que pueda quedar subordinada a la conveniencia de una planilla fiscal.

Cuando una ruta se deteriora, no se deteriora solamente el asfalto. Se compromete la circulación de ambulancias, el transporte de alimentos, la actividad económica, la conectividad de los pueblos y, fundamentalmente, la vida de quienes la utilizan.

Catriel vuelve a ser escenario de un reclamo que la región conoce demasiado bien. Esta vez, los trabajadores viales y camioneros decidieron ocupar la ruta para señalar lo que consideran una política de abandono y exigir que el Estado vuelva a hacerse cargo de sus responsabilidades.

Porque cuando el Estado deja de mantener las rutas, no desaparece su obligación: desaparecen las garantías para quienes las transitan.

Y cuando el ajuste se lleva puestos a los trabajadores, desmantela organismos y deteriora caminos, el costo no se mide solamente en pesos. Se mide también en kilómetros de abandono, en familias expuestas y en vidas que nunca deberían quedar libradas a la suerte.

    Deje un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *