A poco más de un año de las próximas elecciones municipales, Juntos Somos Río Negro desempolvó un dictamen de la Contraloría Municipal que cuestionaba el funcionamiento del Instituto de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social. El documento, aprobado por unanimidad en octubre de 2020, advierte sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles responsabilidades penales. La publicación reabre una discusión que permaneció fuera del debate público durante años y deja planteado un interrogante: ¿por qué la memoria política se activa justo ahora?
En Choele Choel parece que el calendario electoral comenzó a jugar su propio partido, aunque todavía falte más de un año para que los vecinos vuelvan a las urnas. Y, como suele suceder cuando se aproximan las disputas por el poder, algunos archivos que permanecieron bastante tiempo guardados comienzan a recuperar protagonismo.
Esta vez, el encargado de desempolvar la historia fue el espacio de concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN), que publicó en su página de Facebook un dictamen de la Contraloría Municipal fechado el 19 de octubre de 2020. El documento pone bajo la lupa el funcionamiento del Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social y formula una serie de observaciones que, por su gravedad, merecen algo más que una simple disputa de redes sociales.
La publicación fue acompañada por un título provocador: «A no olvidar: el dictamen que el peronismo prefiere que no leas». Una presentación que deja en claro que el documento no aparece solamente como un ejercicio de memoria institucional, sino también como una pieza dentro de la confrontación política que comienza a tomar temperatura en la localidad.
Sin embargo, más allá de la oportunidad elegida para hacerlo público, el contenido del dictamen merece ser conocido y discutido.
Un documento con observaciones de gravedad
El pronunciamiento de la Contraloría Municipal, correspondiente al período de actuación 2019-2023, contiene ocho artículos y fue aprobado por unanimidad de sus integrantes.
Entre sus principales conclusiones señala que no existían pruebas de que el Instituto hubiera cumplido todos los pasos legales necesarios para su constitución y funcionamiento formal, más allá de la sanción de la ordenanza que le dio origen.
También sostiene que su operatoria se habría desarrollado en contravención con las ordenanzas municipales 27/2012 y 28/2012, su propio estatuto y reglamento interno, además de infringir disposiciones de la Ley de Administración Financiera y la Ley de Contrataciones.
El documento incorpora, además, cuestionamientos vinculados con la Carta Orgánica Municipal, particularmente en lo referido a la enajenación de bienes del patrimonio municipal y las normas que regulan el endeudamiento.
Otro punto señalado es la emergencia habitacional invocada para justificar el funcionamiento del Instituto. Según el dictamen, aquella había sido aprobada mediante la Ordenanza 27/2012 y tenía como fecha de finalización el 9 de abril de 2014, sin que la Contraloría encontrara documentación que acreditara una renovación o ampliación del plazo.
Pero el apartado más delicado aparece en el artículo séptimo.
Allí, la Contraloría considera posible la existencia de incumplimiento de los deberes de funcionario público y una eventual malversación de fondos públicos, señalando como posibles responsables a quien ejercía la presidencia del Instituto y a las personas que intervinieron como firmantes en los convenios de adjudicación de terrenos sociales.
Es importante precisar que se trata de conclusiones y presunciones contenidas en un dictamen de control municipal, no de una sentencia judicial que haya determinado la comisión de delitos ni la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Finalmente, el artículo octavo establece que el dictamen fue aprobado por unanimidad el 19 de octubre de 2020 y que las actuaciones fueron elevadas al Tribunal de Cuentas de la provincia de Río Negro para que interviniera en el marco de sus competencias.
El documento lleva las firmas de Norberto Peruene, Miguel Ángel Alcaraz, César Llanellis y Nicolás Caruso.
La memoria también tiene calendario electoral
Ahora bien, hay otro aspecto que no debería quedar afuera de la discusión: el momento elegido para recuperar este expediente.
El dictamen tiene seis años. No es una novedad, ni un descubrimiento reciente. Durante todo este tiempo existieron instancias institucionales y políticas en las que el asunto pudo haber sido puesto nuevamente sobre la mesa, reclamarse explicaciones o exigirse información sobre las actuaciones posteriores.
Y Juntos Somos Río Negro lleva dos períodos de gobierno en la localidad. Por eso, resulta inevitable preguntarse por qué el documento adquiere semejante protagonismo público recién cuando comienza a respirarse un clima preelectoral.
¿Se realizaron durante estos años gestiones para conocer qué resolvió el Tribunal de Cuentas? ¿Hubo respuestas institucionales? ¿Se determinaron responsabilidades administrativas o judiciales? ¿Qué ocurrió finalmente con las observaciones sobre la adjudicación de terrenos sociales?
Son preguntas legítimas que no deberían quedar reducidas a una publicación de Facebook ni a una réplica partidaria.
Porque si hubo irregularidades en el manejo de tierras municipales, recursos públicos y adjudicaciones destinadas a atender necesidades habitacionales, los vecinos tienen derecho a conocer qué pasó, independientemente de quién gobernaba entonces o quién gobierna ahora.
Se viene la temporada de los carpetazos
La publicación abre, además, un nuevo capítulo en una disputa política que promete prolongarse. Ahora las expectativas están puestas en cuál será la respuesta de los sectores peronistas aludidos y si desde ese espacio aparecerá algún otro expediente, antecedente o cuestionamiento para devolver el golpe.
La política local parece prepararse para una temporada de documentos rescatados, archivos desempolvados y acusaciones cruzadas. Una suerte de novela por entregas en la que cada sector amenaza con recordar aquello que el adversario preferiría mantener fuera de escena.
Pero hay una diferencia fundamental entre la discusión partidaria y la responsabilidad institucional: los expedientes no deberían aparecer solamente cuando resultan útiles para una estrategia electoral.
El oportunismo político no invalida la importancia de una denuncia ni le quita legitimidad a un reclamo. Si el dictamen contiene observaciones de semejante gravedad, corresponde que se conozcan, se investiguen y se esclarezcan. Pero también corresponde preguntar por qué quienes hoy reclaman memoria no hicieron de ese reclamo una bandera pública durante los años anteriores.
En definitiva, lo verdaderamente importante no es quién logra sacar primero una carpeta del archivo ni quién tiene preparado el próximo contraataque.
Lo importante es que los terrenos sociales, el patrimonio municipal y los recursos de los contribuyentes no se conviertan en piezas de ajedrez de una disputa electoral.
Porque los vecinos de Choele Choel no necesitan una competencia de memorias selectivas. Necesitan respuestas. Y, sobre todo, necesitan que la transparencia no tenga fecha de vencimiento ni se active solamente cuando se acercan las elecciones.










