Una iniciativa legislativa de Vamos con Todos propone que el Estado provincial financie los aportes previsionales faltantes a personas que no cuentan con recursos para completar los requisitos jubilatorios. El proyecto pone sobre la mesa una realidad incómoda: hay quienes trabajaron durante décadas, pero llegan a la vejez sin derecho a jubilarse.
Hay una injusticia silenciosa que se repite en miles de hogares: personas que trabajaron durante buena parte de sus vidas, que hicieron changas, limpiaron casas, cosecharon, trabajaron en el campo, sobrevivieron a empleos temporarios y a períodos de absoluta informalidad, pero que, cuando llega el momento de jubilarse, descubren que para el sistema previsional una parte de esa vida laboral prácticamente no existe.
No es que no hayan trabajado. Es que no les hicieron los aportes. O nunca pudieron hacerlos por su cuenta.
Sobre esa realidad se construye el proyecto presentado por los legisladores rionegrinos Luciano Delgado Sempé y Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, que propone crear un Programa Provincial de Créditos para la Regularización de Aportes Previsionales y el Acceso a la Jubilación.
La iniciativa busca que el Estado provincial pueda financiar los aportes faltantes de aquellas personas que están cerca de la edad jubilatoria, reúnen las condiciones para regularizar esos períodos y no tienen capacidad económica para afrontar el costo.
La propuesta, en definitiva, intenta evitar que la pobreza, la precarización laboral y la falta de registración terminen convirtiéndose en una condena durante la vejez.
Cuando el trabajo existió, pero los aportes nunca llegaron
La historia laboral de buena parte de los argentinos no se escribió en oficinas con recibos de sueldo, contratos ni aportes mensuales. Se escribió en el campo, en casas particulares, en pequeños emprendimientos, en trabajos por temporada, en actividades independientes y en empleos donde la informalidad era —y sigue siendo— la regla.
Trabajadores rurales, empleadas domésticas, changarines, independientes y personas que quedaron atrapadas durante años en la precariedad laboral aparecen entre los sectores que podrían beneficiarse de la iniciativa.
El problema es brutalmente sencillo: la persona puede haber trabajado durante 30 o 40 años, pero si una parte importante de ese tiempo no quedó registrada, al llegar a la edad jubilatoria puede encontrarse con que no reúne los requisitos exigidos.
Y entonces comienza otra carrera. La carrera contra el tiempo, contra la burocracia y contra una realidad económica que, a esa altura de la vida, suele ser todavía más difícil de enfrentar.
Porque reunir dinero para cancelar aportes previsionales no es una tarea sencilla para quien vive con ingresos bajos, no tiene ahorros y depende de trabajos ocasionales para sobrevivir.
El Estado prestaría el dinero y lo recuperaría de la jubilación
El proyecto plantea que los créditos sean otorgados a través de Río Negro Fiduciaria S.A., bajo supervisión del Ministerio de Economía.
El dinero no iría al bolsillo del solicitante, sino directamente a cancelar los períodos de aportes que puedan regularizarse ante el organismo nacional correspondiente.
Una vez obtenida la jubilación, el beneficiario devolvería el crédito en 60 cuotas mensuales, descontadas de sus haberes por ANSES.
El préstamo no tendría intereses compensatorios, aunque el capital se actualizaría mensualmente de acuerdo con el índice RIPTE, por lo que las cuotas podrían variar con el tiempo.
La idea es que la persona pueda acceder primero a su jubilación y afrontar después la devolución, cuando ya cuente con un ingreso mensual.
El esquema requería, para su implementación, un convenio entre el Gobierno provincial y ANSES que permita realizar los descuentos y transferir automáticamente a Río Negro los fondos recuperados.
Una política social que intenta reparar parte de una desigualdad
El proyecto no está pensado para cualquier solicitante. Establece una residencia efectiva e ininterrumpida de al menos 20 años en Río Negro, inmediatamente anteriores a la solicitud, y exige acreditar que existen períodos de aportes regularizables y que el interesado no cuenta con recursos suficientes para pagarlos.
La situación económica será evaluada teniendo en cuenta los ingresos personales y familiares, la vivienda, los bienes y las condiciones de vulnerabilidad.
Si la demanda supera los fondos disponibles, la iniciativa contempla priorizar a quienes se encuentren en las situaciones económicas más difíciles.
Es una definición que resulta central: no se trata simplemente de crear un mecanismo de préstamos, sino de orientar recursos públicos hacia quienes, después de una vida laboral muchas veces invisible, se encuentran en una situación de mayor desprotección.
La plata podría volver y financiar a otros jubilados
Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta es la creación de un Fondo Provincial para el Financiamiento de Aportes Previsionales.
Ese fondo se nutriría de partidas presupuestarias, aportes extraordinarios y del dinero que los beneficiarios devuelvan.
El sistema sería rotatorio. Es decir, el capital recuperado podría utilizarse nuevamente para financiar los aportes de otras personas, evitando que cada nuevo beneficiario dependa exclusivamente de una partida inicial.
En teoría, un mecanismo de estas características podría sostenerse en el tiempo y convertirse en una política pública permanente, siempre que exista financiamiento, controles adecuados, criterios transparentes de selección y una administración responsable.
El acceso a una jubilación nacional también podría aliviar la demanda sobre determinadas prestaciones provinciales y facilitar el acceso a cobertura sanitaria, como PAMI cuando corresponda.
No es una jubilación automática
El proyecto tiene una limitación que debe quedar claramente establecida: el crédito provincial no garantiza que ANSES otorgue la jubilación.
La Provincia podría financiar la regularización de los aportes, pero la decisión final sobre el cumplimiento de los requisitos previsionales seguiría estando en manos del organismo nacional.
Tampoco podrán financiarse períodos cuya regularización no esté permitida por la legislación vigente.
La iniciativa contempla, además, mecanismos de protección ante demoras, suspensiones o denegaciones, y prevé reprogramar las cuotas cuando los descuentos superen los límites legales, sin penalizaciones financieras adicionales por esa circunstancia.
La vejez no debería ser el castigo por haber trabajado en la informalidad
Hay algo profundamente injusto en una sociedad que necesita trabajadores durante toda su vida, pero que al llegar la vejez les exige demostrar, papel por papel, recibo por recibo, aporte por aporte, que tienen derecho a descansar después de haber trabajado.
La informalidad no siempre es una elección. Muchas veces es la única puerta que encuentra una persona para ganarse la vida. Y detrás de esa puerta suele haber salarios bajos, ausencia de derechos, inseguridad laboral y una enorme desprotección que se acumula con los años.
El problema no desaparece cuando termina la actividad laboral. Por el contrario, se vuelve más cruel.
A los 30 años, la falta de aportes puede parecer un problema lejano. A los 60 o 65, puede significar no tener un ingreso propio, depender de familiares, recurrir a la asistencia pública o vivir con la incertidumbre de no saber cómo afrontar los gastos más elementales.
Por eso, el proyecto de Delgado Sempé y Odarda tiene una dimensión que va más allá de sus mecanismos financieros. Pone en discusión qué responsabilidad tiene el Estado frente a quienes fueron empujados durante décadas a un mercado laboral sin derechos ni garantías.
Una jubilación no debería ser un premio para quienes tuvieron la suerte de trabajar en blanco, ni una puerta cerrada para quienes trabajaron toda su vida en condiciones de precariedad.
Si la iniciativa logra convertirse en ley y se implementa con criterios claros, controles y recursos suficientes, podría abrir una alternativa para muchos rionegrinos que hoy ven acercarse la vejez sin la posibilidad de acceder a una jubilación.
Porque detrás de cada aporte faltante no hay solamente un número en una planilla previsional. Hay una historia de trabajo, una familia, una vida entera. Y esa vida también merece reconocimiento.
Con información de QUORUM










