*Ing. Javier Mariano García Guerrero– “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.” Martin Luther King
En USA, un juez ordenó la libertad de Lian un niño de 5 años preso durante una semana y trasladado a 2.000 km de su casa y su madre, por ser inmigrante. Otros 4.000 menores permanecen en los centros de detención del ICE (Immigration and Customs Enforcement). Los ministros y legisladores mileístas demandan la necesidad de bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años, porque su continuidad depende del miedo que logren infundir. Dado que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional y su órgano de interpretación —el Comité de los Derechos del Niño— establece que la edad mínima de responsabilidad penal no debe ser inferior a los 14 años, tal disposición sería inconstitucional, violaría el principio de no regresividad y quebrantaría el bloque de constitucionalidad federal. El Comité recomienda elevar la edad de imputabilidad ya que la privación de libertad “agrava los trastornos de salud mental preexistentes y expone a los niños a violencia, aislamiento y trauma”. UNICEF señala que tales reformas “resultan en flagrantes violaciones de derechos” y no reducen el delito.
Resonancias magnéticas funcionales han demostrado clínica e irrefutablemente que la corteza prefrontal —responsable del control de impulsos y la evaluación de consecuencias— no termina de desarrollarse hasta pasados los 20 años. Priorizar la ‘implacabilidad’ del castigo sobre la evidencia sanitaria y neurobiológica, revela su intención de buscar culpables indefensos, para alterar el marco de debate.
Los menores constituyen el 26,6% de la población y su contribución a la comisión de delitos graves en los centros urbanos es del 1,5% (Mapa Penal Juvenil de la Corte Suprema). La Oficina del Representante Especial del Secretario General para Niños y Conflictos Armados (SRSG‑CAAC) de la ONU señala que los menores detenidos están “particularmente expuestos a torturas, malos tratos y condiciones inhumanas”. Los informes de la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS Y la Secretaría de DDHH exponen que durante los últimos 10 años más de 70 menores murieron en comisarías, institutos o durante detenciones. En 2013 se condenó por prácticas “crueles, inhumanas y degradantes” al estado argentino por hacer convivir a menores con adultos de alta peligrosidad en un penal de máxima seguridad en condiciones de hacinamiento extremo y tortura. Allí recibieron violaciones y agresiones continuas que determinaron su muerte o suicidio sin que recibieran tratamiento médico ni psicológico. El Congreso Nacional aún no ha derogado el decreto-ley de la dictadura criminal que habilitó estas perversiones y atrocidades. ¿Nunca mas?
La Ley Nacional 26.061 —plenamente vigente— obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo fallas en la registración, explotación, trata o violencia institucional. La Pampa cuenta con su propia Ley 2703, que adhiere a la 26.061 y crea el Sistema Provincial de Protección Integral. Cualquier omisión, demora, ausencia de dispositivos o intervención inadecuada constituye una inobservancia conjunta de la norma nacional y provincial.
Según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ) 80% de los argentinos desconfía de la imparcialidad, honestidad y eficiencia del sistema judicial (UTDT/FORES). Argentina fue el único país de la región que aplicó penas de prisión perpetua a menores de edad al momento del hecho, originando otra dura condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“El 48% de las mujeres sometidas a explotación sexual es menor de edad. Se va hacia una pedofilización de la prostitución” (Universidad de Otawa). El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas (RNIPME) desde su creación en 2003 hasta diciembre de 2024, centralizó 58.004 casos de menores extraviados. La venta de bebés, tráfico de órganos y trata con fines reproductivos de explotación y turismo sexual infantil ha sido denunciada por la ONU, UNICEF, OIM, ECPAT, CIDH, etc.
El 66,1% de los menores de 14 años son pobres, 27% son indigentes. A los 17 años, el 15,1% de los estudiantes ya abandonó la secundaria, en Santiago del Estero o Misiones más del 30%. La sobreedad, la repitencia y la desconexión educativa son tendencias crecientes y consolidadas.
El 10% de los niños de 5 a 15 años y el 31,9% de los menores de 16 a 17 años está sometido al trabajo infantil (INDEC). En áreas urbanas el trabajo infantil creció del 2,2% al 7% entre 2020 y 2023 (UCA) con 1,6 millones son el mayor nivel en 20 años. El 11,7% de los hogares es monomarental, en el 84% con jefatura femenina, 50% situado en el 20% de menores ingresos, solo 1 de cada 4 recibe cuota alimentaria.
La OMS afirma que 1 de cada 7 adolescentes tiene un trastorno mental. En 2023 la ejecución presupuestaria en salud mental fue del 4,1% (inferior al 10% legal), el 0,4% se destinó a salud mental infanto-juvenil. La mayor parte de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 15 años (OMS y la AMP). Solo 5 provincias (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) cuentan con equipos estables de psiquiatría infanto‑juvenil en hospitales públicos, 8 tienen 1 ó 2 especialistas, en 7 ( La Rioja, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy y Tierra del Fuego) no tienen ninguno en el sistema estatal que brinde diagnóstico y tratamiento básico.
146.000 niños y adolescentes tienen un familiar detenido, el 70% es pobre, 16% indigentes (UCA–CWS–PPN), presentan mayores tasas de repitencia, abandono escolar y problemas emocionales. La cárcel perpetúa el daño intergeneracional.
El estado no está, ni se le espera para interrumpir estas violaciones institucionalizadas de los derechos universales de la niñez, la Judicatura no es creíble y muchos legisladores siguen el “favor del viento”. Los únicos privilegiados ¿son los niños?
*Ing. Javier Mariano García Guerrero. Ex Disertante en Congresos Nacionales de Bioética del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires Miembro de los Comités de Bioética de los Hospitales HIGA Eva Perón y Manuel Belgrano.
