Mientras avanza la causa por presunto enriquecimiento ilícito, se conocieron mensajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni dirigidos al contratista Matías Tabar días antes de su declaración ante la Justicia. El episodio reaviva denuncias de presión sobre testigos y expone una alarmante lógica de poder que vuelve a poner en discusión los privilegios políticos frente a la ley.
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo que amenaza con profundizar aún más el escándalo. En las últimas horas salieron a la luz una serie de chats entre el funcionario y el contratista Matías Tabar, quien declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le habría pagado 245 mil dólares en efectivo por remodelaciones realizadas en su vivienda del country Indio Cuá.
Los mensajes, revelados por los periodistas Nicolás Wiñazky y Santiago Fioriti en el canal A24, muestran un intento explícito de contacto del funcionario apenas días antes de la testimonial. “Che tenía que hablar con vos por el tema de la declaración”, habría escrito Adorni. Luego insistió: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.
Lejos de tratarse de un intercambio inocente, el contenido de los mensajes deja flotando una pregunta inevitable: ¿por qué un funcionario investigado busca comunicarse con un testigo clave antes de que declare ante la Justicia?
Tabar, ya asesorado legalmente, cortó la conversación de manera tajante. “Hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros”, respondió. Y remató con una frase que hoy resuena con fuerza en los tribunales de Comodoro Py: “Nosotros vamos a contar toda la verdad”.
El episodio alimentó las denuncias de posibles maniobras de presión y derivó en una presentación de la diputada nacional Marcela Pagano, quien reclamó que se aplique la llamada Doctrina Irurzun y se disponga la detención preventiva de Adorni por riesgo de entorpecimiento de la investigación.
La doctrina impulsada por el camarista Martín Irurzun durante el gobierno de Cambiemos fue utilizada para justificar prisiones preventivas de exfuncionarios bajo el argumento de que conservaban capacidad de influencia sobre causas judiciales. El planteo de Pagano apunta precisamente a esa contradicción: si ese criterio fue válido para opositores, ¿por qué no aplicarlo ahora con un funcionario en ejercicio que aún conserva poder político y operativo?
Sin embargo, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido al considerar que no existe un “riesgo real o grave” de obstrucción.
Pero la polémica no termina allí. La causa ya arrastra antecedentes inquietantes. Durante la declaración de la secretaria del piloto del avión privado en el que Adorni viajó a Punta del Este, el empresario Marcelo Grandío —amigo del funcionario— la llamó insistentemente mientras declaraba. La mujer, visiblemente nerviosa, mostró el teléfono al fiscal y al juez Ariel Lijo, quienes dispusieron una restricción de acercamiento y contacto para Grandío.
El cuadro general empieza a configurar algo más profundo que una simple investigación patrimonial. Lo que emerge es una estructura de relaciones, favores y presiones que vuelve a desnudar una vieja enfermedad de la política argentina: la utilización del poder como escudo frente a la Justicia.
Mientras el discurso oficial pregona transparencia y superioridad moral, los hechos vuelven a mostrar otra cara: funcionarios que llaman testigos, operadores que orbitan expedientes y una Justicia que parece medir con distinta vara según el color político del acusado.
La pregunta ya no es solamente qué hizo Adorni con el dinero. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el poder para evitar que se conozca la verdad.
