Rubén Muñoz, detenido desde hace 60 días, presentó una querella contra el gobernador, el ministro de Seguridad, directores penitenciarios y personal del SPP por aislamiento, tratos vejatorios y omisión de garantías. Alega que se vulnera la Ley 24.660 y tratados internacionales.
Rubén Muñoz, actualmente detenido en el Penal N°4 de la provincia, presentó una denuncia penal contra el Gobernador Alberto Weretilneck, el Ministro de Seguridad y Justicia Daniel Jara, el director del sistema penitenciario provincial, Sr. Villagra, el director del establecimiento, Oficial Principal Pedro Aedo, y efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, por considerar que se configuran delitos de abuso de autoridad, apremios ilegales y omisión de deberes de funcionario público.
En el escrito, Muñoz señala que Weretilneck, como “máximo referente del Poder Ejecutivo provincial”, es responsable de “determinar, aprobar y controlar las políticas carcelarias y el cumplimiento de las leyes vigentes y tratados internacionales”. Asimismo, imputa al ministro Daniel Jara por ser “el máximo responsable de la seguridad pública y las condiciones de las personas detenidas”.
La denuncia detalla graves irregularidades atribuidas al director del área de cárceles, Villagra, a quien se señala como “autor intelectual” de una serie de medidas que incluyen “vejaciones, destratos, discriminación, aislamiento, restricciones de visita”, así como la prohibición de ingresar telefonía celular —permitida al resto de la población carcelaria— y la limitación a solo dos horas de patio, lo que, según el denunciante, “atenta contra su salud emocional”.
Condiciones de detención y presuntas órdenes ilegales
Muñoz describe que se encuentra aislado en una “celda de castigo” con 23 horas de encierro diario, incomunicado, sin cama individual —duerme con el colchón directamente en el piso—, expuesto al frío nocturno, y sin acceso a una radio AM/FM para mantenerse informado. Relata que, durante al menos cinco días, “se lo hizo comer con la mano como un perro” al no permitírsele ingresar ningún utensilio.
La denuncia también apunta al director del Penal N°4, Pedro Aedo, a quien acusa de “obedecer órdenes ilegales de Villagra a sabiendas de que se tratan de órdenes arbitrarias, discriminatorias y fuera del contexto de la Ley N° 24.660 y sus reglamentaciones”.
Respecto al personal subalterno, el denunciante menciona al cabo “Pichi” del SPP, quien “lo golpeó en el pecho ante testigos el primer día de su detención”; al Oficial Villagra, por “utilizar y permitir el trato violento” y autorizar filmaciones no consentidas mientras lo provocaba desde una ventana; y al Sargento Otero, quien habría “abandonado su garita de vigilancia y utilizado la escopeta de forma intimidante” sin existir peligro de fuga o riesgo vital, en al menos dos oportunidades y frente a su superior.
Omisiones judiciales y recursos desatendidos
La querella incluye al juez Romera, a quien se le imputa no haber actuado a pesar de que, “en el momento que dictó su prisión y su traslado al penal 4, los abogados defensores lo pusieron al tanto del temperamento de Aedo”, situación que quedó registrada en acta con testigo presente. Además, Muñoz sostiene que Romera, en su carácter de juez de ejecución, “debería velar por los derechos y su integridad física y emocional”, pero que hasta la fecha “nada fue verificado ni constatado” a pesar de haber recibido un habeas corpus, escritos detallados y dos cartas manuscritas en sobre cerrado.
El denunciante recuerda que la Ley 24.660 establece que el director del establecimiento “debe fundar el rechazo a la entrevista”, situación que no se habría cumplido tras tres negativas consecutivas a atenderlo. Asimismo, se le impuso “prohibición de acercamiento con otros detenidos” y de ingreso de mobiliario, obligándolo a mantener todas sus pertenencias en el piso.
Contexto legal y expectativa de respuesta
La denuncia se enmarca en la legislación nacional penitenciaria y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Muñoz, a través de sus letrados, solicita que se investiguen las conductas denunciadas, se adopten medidas cautelares para garantizar su integridad y se restablezcan las condiciones mínimas de detención conforme a derecho.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades mencionadas no se habían pronunciado públicamente sobre la querella presentada. La causa quedó radicada en el fuero penal para su tramitación.
