Un informe de CEPA y datos del BCRA revelan que el incumplimiento en el sector no financiero roza el 34%, superando los picos de la pandemia y el corralito. Mientras el gobierno destruye el poder adquisitivo, los servicios públicos aumentaron hasta un 2.000%. El ajuste no es una “herencia”, es una sentencia de muerte para la clase trabajadora.
Las cifras no mienten y el retrato de la Argentina que deja el actual gobierno es el de un país en ruinas, con una clase trabajadora asfixiada y condenada a la indigencia. Lejos de las proclamas triunfalistas de los despachos oficiales, la realidad de los hogares argentinos se desploma a una velocidad vertiginosa: la morosidad en el sector no financiero rozó el 34% en julio, un número escandaloso que deja en evidencia el fracaso estrepitoso de un modelo económico basado en el saqueo a los salarios y la transferencia de ingresos a los sectores concentrados.
Según publica el portal Tiempo Argentino con la firma de Alfonso de Villalobos, el reciente informe sobre bancos del Banco Central (BCRA) correspondiente a julio no hace más que certificar el agravamiento de la tragedia de los trabajadores endeudados. Pero es un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el que pone en números la magnitud del desastre: la morosidad de créditos a las familias con el sistema financiero se ubicó en un 13,0%, cuando en noviembre de 2024 —apenas unos meses después de que este gobierno lanzara su motosierra contra el pueblo— era de apenas el 2,5%.
En el segmento no financiero, la situación es directamente apocalíptica. El incumplimiento alcanzó el 33,9%, frente al 7,3% (con registros que llegan al 7,5% según otras mediciones) de fines de 2024. Para entender la gravedad de esta estafa a la ciudadanía, basta con mirar el espejo retrovisor: este nivel de default ya supera la morosidad registrada durante la peor crisis posterior al 2001, cuando el sistema financiero formal (en una época sin billeteras virtuales ni alternativas de crédito) había tocado un pico histórico del 32,7% en septiembre de 2003.
Peor aún. El porcentaje registrado en julio de este año también supera el peor momento de la pandemia, cuando en mayo de 2020, con el mundo entero paralizado por el coronavirus, el incumplimiento había llegado al 27,1%. Hoy, con el gobierno promoviendo el “costo argentino” y la libertad, las familias están mucho peor que en el pico del aislamiento social.
La causa del desastre: una guerra deliberada contra el salario
Lejos de ser un “efecto colateral”, el origen de esta problemática es el corazón mismo del plan económico gubernamental. El estudio de CEPA es contundente al indagar en la correlación directa entre el nivel de morosidad y el deterioro intencional de los ingresos.
El gobierno se jacta de “logros macroeconómicos” mientras licúa los salarios de manera brutal: ajustado por la Encuesta de Indicadores de Gestión de Recursos Humanos (ENGHo 2017/18), el salario registrado cayó un 14,3% desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026. Si a esto se le suma la masa total de ingresos (salarios registrados más jubilaciones), la caída alcanza los 8,3 puntos porcentuales en comparación con el promedio de enero a septiembre de 2023. El gobierno no está “ordenando” la economía; está empobreciendo a la población a propósito para equilibrar las cuentas del Estado a costa del hambre de los trabajadores.
El tarifazo: la matemática perversa de la asfixia
Pero como si la destrucción del salario no fuera suficiente, el gobierno decidió aplicar un tarifazo sin precedentes que termina de ahogar a cualquier familia que intente llegar a fin de mes. La comparación es obscena y demuestra un nivel de insensibilidad social pocas veces visto en la historia democrática: mientras los salarios registrados se incrementaron un 268% en términos nominales desde que asumió la actual gestión, los gastos fijos se dispararon por las nubes.
El gas aumentó un 2.071%, el transporte un 1.442%, el agua un 544% y la energía eléctrica un 393%. Es una matemática perversa, diseñada quirúrgicamente para que el trabajador no solo no pueda pagar sus deudas, sino que tampoco pueda alimentar a sus hijos. El Estado se retiró de su rol protector para convertirse en el principal verdugo del presupuesto familiar.
Un ajuste con rostro federal y profundo
La crueldad de este modelo no se distribuye de manera equitativa; castiga con mayor ensañamiento a los que menos tienen. El análisis regional ratifica esta correlación perversa: las provincias con mayor morosidad son, exactamente, aquellas “con salarios más bajos en relación con el promedio nacional”. El interior profundo, el Argentina federal que el gobierno dice defender en sus discursos, es el que está pagando el pato de este ajuste salvaje.
Hoy, millones de argentinos están atrapados en una espiral de endeudamiento impagable, perseguidos por bancos y empresas de servicios, mientras los funcionarios de turno miran para otro lado. La morosidad al 34% no es solo un indicador económico; es el termómetro de un país que este gobierno ha empujado al abismo, rompiendo el piso de la crisis de 2001 y demostrando que, para ellos, la riqueza de unos pocos siempre valdrá más que la vida de millones.
