Mientras la morosidad de los hogares alcanza niveles récord, los proyectos destinados a aliviar el sobreendeudamiento se acumulan en el Congreso y chocan contra el bloqueo de las comisiones controladas por La Libertad Avanza y sus aliados. Para la oposición, el problema no cayó del cielo: es consecuencia directa de una política económica que deterioró los ingresos y desreguló las tasas de interés.
La Argentina enfrenta una nueva expresión del deterioro social provocado por el experimento económico de Javier Milei: millones de familias sobreviven endeudándose para poder pagar gastos básicos. Y mientras el problema se transforma en una verdadera emergencia social, el oficialismo libertario opta por mirar hacia otro lado y sostiene que el endeudamiento constituye apenas un “problema entre privados”.
Los números describen una realidad muy diferente al relato del Gobierno. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias trepó al 12,8%, uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas. Un informe de la consultora Analytica, citado por Página/12, estima que 19,8 millones de personas tienen al menos una deuda, mientras que cerca de 6 millones ya se encuentran en situación de morosidad.
Detrás de esas cifras hay hogares sometidos a una presión financiera permanente: tarjetas de crédito, billeteras virtuales, fintech, mutuales, tarjetas comerciales y préstamos que se acumulan mientras los ingresos pierden capacidad de compra. A la deuda económica se suma, además, el hostigamiento de los mecanismos de cobranza, que muchas veces alcanza incluso a familiares y contactos de los deudores.
El Congreso como muro de contención
La respuesta política existe, pero encuentra un obstáculo decisivo: las comisiones parlamentarias controladas por el oficialismo y sus aliados.
Según la reconstrucción publicada por la periodista Paula Marusich en Página/12, ya ingresaron 28 proyectos en la Cámara de Diputados destinados a abordar la problemática del endeudamiento. Unión por la Patria concentra más de una veintena de iniciativas y trabaja para unificar criterios con otros bloques opositores, incluidos sectores de Provincias Unidas y la izquierda.
Sin embargo, las propuestas no consiguen avanzar hacia las comisiones capaces de emitir dictamen. El resultado es un mecanismo conocido: los proyectos permanecen atrapados en el laberinto parlamentario mientras el problema crece fuera del Congreso.
La paradoja es evidente. El Gobierno que llegó al poder prometiendo terminar con las trabas de la “casta” utiliza ahora el control de las comisiones legislativas como una herramienta para impedir que una problemática que afecta a millones de argentinos llegue al recinto.
El costo de la “libertad” financiera
Para la oposición, tampoco se trata de un fenómeno inevitable ni de una simple acumulación de malas decisiones individuales.
El argumento apunta directamente a la política económica de Milei: salarios deteriorados, aumento de los gastos fijos y desregulación de las tasas de interés.
El punto de inflexión señalado por distintos legisladores es el DNU 70/2023, que incluyó la liberación de las tasas de interés junto con otras profundas modificaciones regulatorias. Para sus críticos, aquella decisión contribuyó a crear las condiciones para que el crédito se transformara en una trampa cada vez más difícil de abandonar.
La contradicción del modelo libertario queda así expuesta en toda su dimensión: un Gobierno que prometió una sociedad liberada de la intervención estatal termina dejando a millones de ciudadanos librados a su suerte frente a bancos, financieras, billeteras virtuales y proveedores de crédito.
Cuando el ciudadano no puede pagar, el Estado se declara ausente. Cuando necesita auxilio, aparece la doctrina del “problema entre privados”.
No piden un “plan platita”
Los proyectos opositores tampoco apuntan necesariamente a una transferencia indiscriminada de recursos públicos.
Una de las propuestas analizadas busca establecer mecanismos de mediación extrajudicial, de modo que pueda revisarse la composición de las deudas y facilitarse una negociación entre acreedores y deudores.
También se analizan herramientas como garantías parciales, subsidios de tasas para sectores de bajos ingresos y mecanismos destinados a abordar créditos incobrables. El objetivo, según los impulsores, no sería crear un nuevo esquema de asistencia permanente, sino construir una vía institucional para que las personas sobreendeudadas puedan salir del círculo de intereses, refinanciaciones y nuevas deudas.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, sostuvo que una herramienta de este tipo permitiría analizar la composición de las obligaciones de cada ciudadano sobreendeudado sin crear tribunales especiales ni necesariamente generar un costo fiscal significativo.
Pero incluso estas alternativas chocan con la estructura parlamentaria que controla el oficialismo.
Millones de deudores salen de sus casas
Mientras el Congreso demora las respuestas, el problema comienza a adquirir dimensión colectiva.
La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales convocaron a una movilización hacia el Ministerio de Economía. La protesta busca sacar el endeudamiento del ámbito privado de cada hogar y convertirlo en una cuestión pública.
Porque detrás de los casi 20 millones de argentinos que tienen alguna deuda hay una realidad que las estadísticas no consiguen ocultar: familias que utilizan el crédito para comprar alimentos, pagar servicios, afrontar alquileres, cubrir gastos educativos o llegar a fin de mes.
Desde Movida Ciudadana, la socióloga e investigadora Luci Cavallero reclamó una ley de emergencia crediticia que establezca mecanismos de desendeudamiento, regule las prácticas del sistema financiero y permita intervenir frente a situaciones abusivas.
La demanda incluye quitas y condonaciones para determinados casos y una recuperación de la capacidad estatal para intervenir sobre las tasas de interés.
La definición resulta contundente: cuando una familia se endeuda para sobrevivir, no se trata simplemente de una decisión financiera. Se trata de un problema social.
El espejo brasileño que incomoda al Gobierno
El contraste con Brasil también resulta significativo.
Varias de las iniciativas argentinas toman como referencia el programa Desenrola Brasil, impulsado durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. El mecanismo permitió renegociar deudas financieras y no financieras, incluyendo obligaciones vinculadas a servicios esenciales.
Al cierre del programa, cerca de 15 millones de personas habían logrado renegociar sus deudas.
La experiencia demuestra que frente al sobreendeudamiento masivo existen alternativas de política pública. La discusión, por lo tanto, no es solamente económica: es política.
La pregunta es qué decide hacer un Estado cuando millones de ciudadanos quedan atrapados en una crisis que no pueden resolver individualmente.
La paradoja libertaria
El Gobierno de Milei construyó buena parte de su discurso alrededor de una promesa de libertad económica. Sin embargo, para millones de familias esa supuesta libertad se convirtió en una carrera interminable contra los vencimientos.
El ciudadano puede elegir libremente entre endeudarse o no pagar una necesidad básica. Puede elegir entre refinanciar o caer en mora. Puede elegir entre aceptar tasas elevadas o directamente quedar fuera del sistema financiero.
Mientras tanto, La Libertad Avanza y sus aliados controlan las comisiones que deberían discutir soluciones para un problema que alcanza a casi 20 millones de personas.
La contradicción resulta difícil de disimular: el mismo modelo que desreguló condiciones del mercado y deterioró el poder adquisitivo ahora se presenta como espectador de las consecuencias.
Y mientras el oficialismo administra los tiempos parlamentarios, millones de familias administran algo mucho más urgente: cómo llegar al próximo vencimiento sin volver a endeudarse para pagar la deuda anterior.
La “libertad” prometida parece tener, para demasiados argentinos, una factura mensual. Y cada vez son más quienes descubren que esa factura no deja de crecer.
