El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de protagonizar un violento ataque con un arma de fuego ocurrido el sábado 15 de agosto en Chimpay. El juez de Garantías Gastón César Pierroni dispuso que permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación penal preparatoria.
Durante la audiencia realizada este lunes, el fiscal Matías Marcelo Álvarez Reynolds y la fiscal adjunta Marisa Morandi acusaron al imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa. La acusación también contempla los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, amenazas y daño.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 16:10, en inmediaciones de una vivienda ubicada sobre calle Meripal al 300. Hasta allí habría llegado un grupo de al menos siete personas que comenzó a proferir gritos, insultos y amenazas de incendiar la casa.
En ese contexto, una mujer habría roto un vidrio de la vivienda, provocando que sus ocupantes salieran al exterior. Ya en la calle Huergo, el imputado habría extraído un revólver calibre .22 que portaba sin autorización legal, apuntado a la cabeza de una de las víctimas y gatillado al menos dos veces, aunque el arma no llegó a disparar.
Siempre de acuerdo con la acusación, posteriormente el hombre entregó el revólver a un adolescente que se encontraba en el lugar. El menor habría continuado intentando efectuar disparos hasta que finalmente una bala impactó contra el pilar de luz de la propiedad, sin alcanzar a ninguna de las personas presentes.
La fiscalía presentó como elementos de respaldo los peritajes realizados por el Gabinete de Criminalística, el análisis de registros de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y los resultados de tres allanamientos. Durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir y se tomaron muestras destinadas a determinar la eventual presencia de residuos de disparo. Además, la Policía concretó la detención del sospechoso.
La defensa oficial, a cargo de Mario Mauro Orlandini, cuestionó la calificación jurídica planteada por la fiscalía, aunque no objetó el relato de los hechos. El defensor solicitó que se rechazara la prisión preventiva y que, en su lugar, se impusiera al acusado una prohibición de acercamiento respecto de las víctimas.
La fiscalía fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales, particularmente por la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, además de invocar la reiterancia.
Finalmente, el juez Pierroni tuvo por formalizados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por cuatro meses. Consideró acreditados los riesgos procesales planteados por la acusación y, en consecuencia, ordenó que el imputado permanezca detenido en prisión preventiva durante ese mismo período.
