Mientras los hospitales rionegrinos siguen atravesando reclamos por falta de personal, insumos y recomposición salarial, el Gobierno de Alberto Weretilneck quedó envuelto en una nueva controversia política por la implementación de un sistema de reconocimiento facial para controlar la asistencia de los empleados públicos. La oposición llevó el tema a la Legislatura con un pedido de informes y una acusación de fondo: que el Ejecutivo está dispuesto a destinar 1.200 millones de pesos a un sistema de control mientras áreas sensibles del Estado continúan reclamando recursos.
La discusión ya no gira solamente alrededor de una tecnología de presentismo. Lo que está en debate es qué decide financiar el Gobierno en un contexto de fuerte tensión salarial y sanitaria.
Un contrato que abrió más preguntas que respuestas
El sistema comenzará a implementarse en hospitales públicos y luego podría extenderse al resto de la administración provincial. Según explicó el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, el convenio firmado entre el Ministerio de Hacienda y la empresa estatal ALTEC asciende a aproximadamente 1.200 millones de pesos por un año e incluye equipamiento, desarrollo de software, licencias e implementación integral. También confirmó que ALTEC subcontrata parte del desarrollo tecnológico con la firma privada Airata S.A..
Pero fue precisamente esa estructura contractual la que encendió las alarmas opositoras.
El bloque Vamos con Todos, acompañado por legisladores de otros espacios, presentó un pedido de informes para conocer en detalle cómo se adjudicó el servicio, cuál es el alcance de la participación de Airata, qué garantías existen sobre el manejo de los datos biométricos y cuál será el destino de los fondos públicos comprometidos.
La presentación lleva las firmas de representantes de distintos bloques opositores, lo que convirtió el tema en uno de los pocos frentes parlamentarios con una articulación amplia contra el Ejecutivo provincial.
“¿Controlar trabajadores o resolver la crisis del sistema?”
El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, fue quien encabezó la ofensiva legislativa. Su planteo no se limitó al costo del contrato. Apuntó directamente a la prioridad política del Gobierno.
Berros cuestionó que la Provincia destine una suma millonaria a un sistema de reconocimiento facial mientras persisten conflictos en el sistema de salud y reclamos salariales de los trabajadores estatales. También reclamó precisiones sobre el tratamiento de información sensible de miles de empleados públicos y sobre la transparencia del proceso de contratación.
La crítica encontró eco en sectores gremiales que vienen denunciando falta de personal, infraestructura insuficiente y demoras en respuestas presupuestarias.
El Gobierno responde: “No se guardan rostros”
Frente a las acusaciones, el ministro Dumrauf salió a defender el proyecto. Aseguró que el sistema no almacena imágenes del rostro de los trabajadores, sino un código matemático encriptado generado a partir de puntos biométricos faciales, y sostuvo que cumple con la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y estándares de seguridad informática.
Además, argumentó que la inversión debe analizarse en relación con el gasto anual de más de 22.000 millones de pesos que la Provincia destina a guardias y horas extras en el sistema de salud, y que la nueva plataforma permitirá mejorar el control del presentismo, la administración de guardias y la integración con los sistemas de recursos humanos y liquidación de haberes.
Transparencia: el punto donde el conflicto sigue abierto
La explicación técnica, sin embargo, no cerró la discusión política.
La oposición insiste en que el problema no es únicamente si el algoritmo guarda o no una fotografía del rostro, sino quién controla el expediente, quién accede a los datos biométricos, cómo se seleccionó a la empresa y por qué la información llegó primero por trascendidos periodísticos que por una comunicación institucional detallada.
En la Legislatura, el pedido de informes busca justamente acceder a esa documentación.
Un gobierno que moderniza y una oposición que habla de prioridades invertidas
El oficialismo presenta el reconocimiento facial como una herramienta de modernización administrativa y control eficiente del gasto. La oposición lo presenta como un símbolo de prioridades invertidas: un Estado que encuentra recursos para vigilar el ingreso y egreso de sus empleados, pero enfrenta cuestionamientos persistentes por salarios, hospitales y servicios públicos.
Hasta ahora no existe una denuncia judicial que pruebe irregularidades en la contratación. Lo que sí existe es un pedido formal de informes legislativo, un contrato público de alto monto reconocido por el propio Gobierno y una disputa política que coloca bajo examen la transparencia del proceso y el destino de una inversión millonaria en un contexto de restricciones presupuestarias.
Y en política, muchas veces la pregunta más incómoda no es cuánto cuesta una tecnología, sino qué decide controlar un gobierno cuando el Estado ya no alcanza para cubrir todas las urgencias.
