El programa Zona Gris, emitido los martes a las 16 por FM La Costa, abrió un extenso debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares, el avance de la megaminería y las consecuencias sociales, ambientales y económicas del modelo extractivista en Argentina.
A través de dos entrevistas centrales —al referente sanjuanino Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Jachal No Se Toca, y a la legisladora rionegrina Magdalena Odarda— el programa puso sobre la mesa denuncias de contaminación, cuestionamientos institucionales y advertencias sobre el impacto de las modificaciones impulsadas por el gobierno nacional a la Ley de Glaciares.
Jáchal: dos décadas de minería y una comunidad en conflicto
Ubicado al norte de la provincia de San Juan, el departamento de Jáchal se transformó desde comienzos de siglo en uno de los territorios emblemáticos de la megaminería metalífera en Argentina. Allí opera el proyecto Mina Veladero, históricamente asociado a la multinacional Barrick Gold.
Para Saúl Ceballos, lejos de concretarse las promesas de progreso económico y empleo sostenido, el resultado visible es otro: precarización laboral, dependencia económica y denuncias permanentes de contaminación ambiental.
“En el municipio de Jáchal hay mil contratados, con contratos basura, que cobran salarios muy por debajo de la línea de indigencia. Eso es lo que tenemos después de 20 años de megaminería”, sostuvo el referente ambientalista durante la entrevista.
Las críticas no se limitaron al aspecto laboral. Ceballos describió una sociedad “empobrecida” y atravesada por el temor constante a nuevos incidentes ambientales vinculados a la actividad extractiva.
Veladero y los derrames: la denuncia sobre una “maniobra” institucional
Uno de los puntos más sensibles del conflicto gira alrededor de los derrames ocurridos en Veladero en septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017. Según recordó Ceballos, el Código de Minería prevé la clausura definitiva de un emprendimiento luego de tres incidentes graves.
Sin embargo, desde la Asamblea sostienen que el gobierno provincial habría evitado aplicar esa sanción mediante una reinterpretación administrativa de los hechos.
Según explicó el dirigente, las autoridades unificaron los episodios de 2016 y 2017 como si constituyeran un único incidente, reduciendo así el número de infracciones graves registradas oficialmente.
Como consecuencia, se aplicaron solamente dos multas económicas, una de 145 millones de pesos y otra de 104 millones, evitando el cierre definitivo de la explotación.
Para la Asamblea, el episodio revela una estructura de connivencia entre poder político y corporaciones mineras. “Las mineras lo único que hacen es mentir”, afirmó Ceballos, quien además denunció falta de controles independientes y ausencia de sanciones penales efectivas.
El glaciar GE-110 y la reforma de la Ley de Glaciares
Otro de los ejes del debate estuvo centrado en el glaciar GE-110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2021 luego de una presentación impulsada por la Asamblea con respaldo científico.
Según denunció Ceballos, las modificaciones promovidas sobre la Ley de Glaciares podrían abrir la puerta para excluir ese cuerpo de hielo del inventario oficial y habilitar actividades extractivas sobre el área.
La preocupación está directamente vinculada al avance de proyectos de minería a cielo abierto —open pit— en zonas consideradas estratégicas desde el punto de vista hídrico y ambiental.
Para las organizaciones ambientalistas, el conflicto excede una discusión técnica: sostienen que la eventual exclusión de glaciares del sistema de protección implicaría flexibilizar límites legales históricos para favorecer inversiones extractivas.
La muerte de peces en 2025 y la controversia sobre las causas
La tensión volvió a escalar en noviembre de 2025, cuando miles de peces aparecieron muertos en el dique de Jáchal tras un nuevo episodio denunciado por organizaciones locales.
El gobierno provincial atribuyó oficialmente la mortandad a una baja concentración de oxígeno disuelto en el agua. Sin embargo, la Asamblea encargó un monitoreo independiente a la Universidad Nacional de Cuyo cuyos resultados contradijeron esa explicación.
Los análisis registraron niveles de oxígeno de entre 7,84 y 9,16 miligramos por litro, valores superiores al mínimo requerido para la supervivencia de especies como el “pez rey”.
Pese a ello, según denunció Ceballos, la Justicia dio por válida la versión oficial y archivó la investigación sin profundizar la posible relación entre la mortandad y eventuales derrames contaminantes.
Argentina y Chile: dos respuestas distintas ante la minería
Durante la entrevista también se remarcó el contraste entre la actuación estatal en Argentina y en Chile frente al proyecto binacional Pascua-Lama.
Mientras el lado chileno fue clausurado tras registrarse 33 infracciones ambientales graves, del lado argentino no existieron sanciones equivalentes.
Para Ceballos, la diferencia no responde al comportamiento empresarial sino a la capacidad de control estatal.
“No es que Barrick cumple en Argentina y no cumple en Chile. Del otro lado le hacen cumplir”, resumió.
El dirigente vinculó además esta situación con el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que consideró una profundización del poder corporativo sobre las decisiones políticas y económicas nacionales.
Qué reclama la Asamblea Jachal No Se Toca
La organización ambientalista sintetiza sus demandas en cinco ejes principales:
- Cumplimiento estricto de la Ley de Glaciares.
- Aplicación efectiva del Código de Minería.
- Monitoreos ambientales independientes.
- Sanciones penales por daños ambientales.
- Fin de la precarización laboral minera.
Detrás de esos reclamos aparece una discusión de fondo: el choque entre el modelo extractivista impulsado por gobiernos y empresas y las comunidades que sostienen que el costo ambiental y social termina siendo irreversible.
Magdalena Odarda y el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares
En la segunda parte del programa, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda profundizó los cuestionamientos contra la nueva normativa vinculada a los glaciares.
Odarda confirmó su participación en una acción de amparo ambiental impulsada junto a organizaciones como FARN, Greenpeace, CELS y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
La presentación judicial reúne más de 850 mil adhesiones y solicita que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.
Según la legisladora, la nueva normativa es “regresiva” y vulnera principios ambientales establecidos tanto en la Ley General del Ambiente como en el Acuerdo de Escazú.
Los glaciares invisibles de Río Negro
Odarda puso especial énfasis en una cuestión poco presente en el debate público: la existencia de más de 270 glaciares en la provincia de Río Negro.
La dirigente explicó que muchos de ellos son glaciares de escombro o áreas periglaciales, cuerpos de hielo cubiertos por roca que cumplen funciones fundamentales en la regulación hídrica.
Según alertó, la reforma podría permitir que cada provincia determine qué áreas proteger y cuáles no, debilitando el principio de presupuestos mínimos ambientales uniformes establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
“La protección debe ser la misma para todos los glaciares del país”, sostuvo.
Minería en Río Negro y permisos en zonas glaciarias
La legisladora también denunció que en enero se detectó un permiso minero otorgado a una empresa argentino-israelí para explorar unas 10 mil hectáreas en el área de Cerro Carreras, en la naciente del río Chubut.
De acuerdo con Odarda, la zona posee glaciares inventariados y actualmente protegidos tanto por la ley nacional como por normativa provincial.
La preocupación central radica en que las modificaciones legales puedan habilitar actividades hoy prohibidas.
Desarrollo económico o extractivismo
Uno de los momentos más relevantes de la entrevista se produjo cuando Odarda respondió si considera posible compatibilizar crecimiento económico y cuidado ambiental.
La legisladora respondió afirmativamente, aunque estableciendo diferencias entre desarrollo genuino y extractivismo.
Entre las alternativas planteadas mencionó:
- La ampliación de áreas de riego para crear nuevos polos productivos.
- El fortalecimiento de la infraestructura turística.
- La recuperación de la fruticultura y otras economías regionales.
“Si dañamos la naturaleza, se termina el turismo”, advirtió.
RIGI, GNL y la costa atlántica rionegrina
Odarda también cuestionó con dureza los alcances del RIGI y los proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL) en la costa atlántica.
Según expresó, las iniciativas otorgarían estabilidad regulatoria y beneficios fiscales extraordinarios durante tres décadas a grandes empresas extranjeras, limitando la capacidad futura de regulación estatal.
La legisladora alertó además sobre posibles impactos ambientales en el Golfo San Matías, especialmente vinculados al uso de agua de mar en procesos industriales y a la descarga de salmuera y químicos.
Allí habitan especies emblemáticas como ballenas, orcas y delfines, fundamentales también para el turismo regional.
Audiencias públicas y cuestionamientos democráticos
Otro aspecto criticado por Odarda fue la convocatoria a audiencias públicas posteriores a la aprobación legislativa de proyectos estratégicos.
La dirigente cuestionó particularmente una audiencia prevista para analizar el proyecto de GNL luego de que la Legislatura ya hubiera aprobado la iniciativa.
“¿Para qué convocan si ya votaron?”, planteó.
Según sostuvo, la participación ciudadana no puede reducirse a una formalidad administrativa sino que debe influir efectivamente sobre las decisiones públicas.
El trasfondo de una discusión nacional
Las entrevistas emitidas en Zona Gris reflejan una disputa mucho más amplia que el conflicto puntual en San Juan o Río Negro.
En el centro del debate aparecen preguntas estructurales sobre el modelo económico argentino, el rol de las corporaciones extractivas, los límites ambientales del desarrollo y la capacidad del Estado para controlar actividades de alto impacto.
Mientras sectores empresariales y gubernamentales defienden la minería y los proyectos energéticos como motores de inversión y generación de divisas, organizaciones sociales y ambientalistas advierten sobre contaminación, pérdida de soberanía regulatoria y riesgos irreversibles sobre bienes naturales estratégicos.
La frase final de Saúl Ceballos sintetizó buena parte del espíritu de las entrevistas:
“Tendrían que cumplirse las leyes”.
Una afirmación breve, pero cargada de sentido en un escenario donde la discusión sobre ambiente, recursos naturales y poder político ocupa cada vez más espacio en la agenda pública argentina.
