La inflación de abril marcó 2,6% mensual. Un número alto, doloroso, que castiga el bolsillo de millones de argentinos. Pero hay otro número que debería encender todas las alarmas: 372% anual. Esa es la tasa que cobran algunas billeteras virtuales por prestarte dinero. Más del 30% mensual. Diez veces la inflación.
Sí, leyó bien: diez veces.
Los usureros de barrio que la policía perseguía con operativos clandestinos cobraban menos. Los prestamistas que operaban en las sombras, al margen de la ley, cobraban menos. Hasta los mafiosos de las películas de Hollywood —esos que rompen rodillas por mora— parecerían moderados comparados con estos nuevos actores del sistema financiero. La diferencia, y aquí está la ironía más amarga, es que estas empresas no operan en callejones oscuros: lo hacen a plena luz del día, con aplicación descargable, logo colorido y oficinas en los edificios más exclusivos del país.
La matemática del despojo
Hagamos cuentas, porque los números no mienten, aunque algunos quieran esconderlos:
- Pedís $800.000.
- En menos de 30 días, devolvés $912.000.
- $112.000 de ganancia para ellos.
¿Por qué? Por nada. Por haber tocado un botón en una pantalla. Sin papeles, sin garantías, sin preguntas incómodas. Y aquí radica el corazón del problema: ni siquiera te preguntan si podés pagarlo. El crédito está “pre-aprobado”. No analizan tu situación real, no evalúan tu historial, no les importa si vas a poder cumplir. Les importa que toques el botón. Lo que pase después —el sobreendeudamiento, la angustia, la espiral de refinanciaciones— es tu problema, no el de ellos.
Así se construye el sobreendeudamiento masivo. No por “irresponsabilidad” de la gente, como suelen argumentar los discursos facilistas. Se construye porque una empresa decidió que la desesperación ajena es un negocio redondo, y el Estado decidió mirar para otro lado.
¿Dónde está el regulador?
El Banco Central existe, precisamente, para evitar exactamente esto. Su razón de ser es regular a los bancos, ponerles topes a las tasas, controlar prácticas abusivas, proteger al usuario financiero. Tiene herramientas, tiene facultades, tiene la obligación legal de actuar.
Pero a estas billeteras virtuales las dejó libres. Sin techo. Sin límite. Sin que nadie les diga “hasta acá”. El resultado está a la vista: tasas que ningún sistema financiero serio del mundo toleraría, aplicadas masivamente sobre los sectores que menos pueden defenderse: trabajadores informales, jóvenes sin historial crediticio, personas que atraviesan una emergencia y ven en ese botón verde una tabla de salvación.
Esto no es inclusión. Es depredación.
No nos engañemos con eufemismos tecnológicos. Esto no es fintech. No es innovación. No es inclusión financiera.
Es usura con interfaz digital. Es el viejo negocio de prestar a tasas leoninas, ahora vestido con algoritmos, notificaciones push y campañas de marketing en redes sociales. Es la precarización de la deuda convertida en modelo de negocio escalable.
En cualquier país con instituciones sólidas y marcos regulatorios actualizados, esto estaría prohibido. O, al menos, estrictamente acotado: topes de tasa, evaluación responsable del crédito, transparencia absoluta en costos, mecanismos claros de reclamo. Pero aquí no. Aquí la “disrupción” parece significar, simplemente, saltarse las reglas que protegen a los más vulnerables.
La pregunta que queda
¿Hasta cuándo vamos a naturalizar que la tecnología sirva para potenciar la explotación en lugar de para construir oportunidades? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que “lo nuevo” sea sinónimo de “lo permitido”, aunque vulnere derechos básicos?
La inflación duele. Pero la usura disfrazada de progreso duele más, porque además de vaciar el bolsillo, erosiona la esperanza. Y cuando una sociedad pierde la esperanza, pierde mucho más que dinero.
El Estado tiene la palabra. El Banco Central tiene la obligación. La sociedad tiene el derecho de exigir que la innovación financiera tenga, como mínimo, un límite ético: no convertir la necesidad en negocio, ni la desesperación en algoritmo.
Porque si no, no estamos avanzando. Estamos retrocediendo. Con app, con logo, y con una factura impagable.
