Tras el escándalo Quirno-Sturzenegger, la lupa apunta ahora a Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo, por un convenio con el instituto que preside una socia cercana: Mara Di Loreto. La conexión uruguaya y la transferencia de acciones dos días antes de la asunción de Milei alimentan las sospechas.
La transparencia en la gestión pública vuelve a ser puesta en jaque. Luego de que saliera a la luz el contrato directo de 115 millones de pesos que el canciller Pablo Quirno adjudicó a un instituto dirigido por la esposa de Federico Sturzenegger para cursos de inglés, una nueva operación de características similares —pero de magnitud muy superior— emerge en el área que responde al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
El subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, tiene bajo su órbita a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo que el año pasado firmó un convenio con el Instituto Latinoamericano de Aviación Civil (ILAC) por 881.476 dólares para capacitación en inglés. Diez veces más que el polémico contrato de la Cancillería. Y, como en aquel caso, el destinatario no es un proveedor cualquiera: el ILAC está presidido por María Luján “Mara” Di Loreto, persona de estrecha vinculación con Gómez.
El acuerdo, revelado por el sitio especializado AeroMarket, desglosa 420.552 dólares para un “programa de diagnóstico del nivel de inglés del personal” y 460.924 dólares para la “planificación y diseño del programa de capacitación con orientación en aviación”. Una suma abultada para un organismo civil como EANA, actualmente dirigido por Norma Beatriz Rotta, que debería priorizar la eficiencia en un contexto de ajuste fiscal extremo.
Pero lo que transforma la operación en un caso de alarma institucional son los vínculos personales. Di Loreto fue segunda de Gómez durante su gestión al frente del Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE) de la ANAC. Ambos fueron codirectores de cursos sobre negocio aeronáutico en la Universidad Católica Argentina. En 2024, ella integró una comisión presidida por él para reformar el Código Aeronáutico y participó en delegaciones oficiales de “cielos abiertos”.
El dato que enciende las alertas: en 2021, Di Loreto registró al ILAC como SRL en Uruguay, con Hernán Gómez como socio titular del 50% del capital. Según registros oficiales, el subsecretario transfirió su participación a otra mujer de apellido Di Loreto el 8 de diciembre de 2023: dos días antes de que Javier Milei asumiera la Presidencia. La cronología, cuanto menos, invita a la pregunta incómoda: ¿fue una medida de prevención ante el cambio de gestión o una estrategia para blindar intereses?
Este nuevo episodio no hace más que profundizar una pregunta de fondo: ¿cómo se adjudican los contratos en el Estado cuando los lazos personales atraviesan las decisiones técnicas? La opacidad en las contrataciones directas, la ausencia de licitaciones públicas y la circulación de funcionarios entre cargos públicos y entidades privadas vinculadas a sus áreas de influencia configuran un patrón que erosiona la confianza ciudadana.
Mientras el Gobierno de Milei promete “moralidad” y “eficiencia” como banderas de su gestión, casos como este exponen una contradicción flagrante. No se trata de especulaciones: los datos están sobre la mesa. Corresponde ahora a los organismos de control, a la Justicia y a la oposición ejercer el escrutinio que la democracia exige. Porque cuando el dinero público se mezcla con relaciones personales, la sospecha no es un exceso: es una obligación republicana.
