La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza, volvió a apuntar contra el gobierno de Javier Milei y reclamó que el Presidente sea investigado penalmente por el presunto uso discrecional de fondos destinados al mantenimiento de rutas nacionales.
En declaraciones a Radio 750, Pagano sostuvo que esos recursos habrían sido utilizados políticamente para obtener respaldo de gobernadores y legisladores a iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. La legisladora presentó una denuncia contra altos funcionarios de la administración libertaria y aseguró que, de comprobarse las maniobras denunciadas, Milei podría enfrentar una condena.
Pagano pidió que la Justicia avance en una investigación “como mínimo similar” a la causa Vialidad y puso el foco en el juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini. La diputada recordó que ese magistrado intervino en la causa que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez por la administración de fondos vinculados a la obra pública.
“Yo apuesto a una condena”, afirmó Pagano al referirse a la posibilidad de que Ercolini deba evaluar las maniobras que ella atribuye al actual Gobierno.
Fondos congelados y liberados cuando aparecían las votaciones
Uno de los principales argumentos de la denuncia apunta al momento en que fueron girados los fondos viales a las provincias.
Según Pagano, durante los primeros meses de la gestión de Milei los recursos permanecieron congelados durante más de un semestre. La situación, afirmó, cambió cuando el Gobierno comenzó a enfrentar dificultades para reunir los votos necesarios en el Congreso, particularmente durante el tratamiento de la Ley Bases.
“Hasta que lo necesitaron políticamente”, explicó la diputada, quien vinculó el giro de fondos con las negociaciones parlamentarias que atravesó el oficialismo durante 2024.
De acuerdo con su denuncia, los envíos se habrían incrementado notablemente en los días previos y posteriores a determinadas votaciones, especialmente cuando el Gobierno necesitaba el respaldo de gobernadores para conseguir la aprobación de sus proyectos.
Pagano sostuvo que en esos períodos los fondos llegaron a multiplicarse hasta un 300 por ciento y remarcó que, según su investigación, no se distribuyeron de manera uniforme entre todas las provincias.
“Lo hacen liberando los fondos para que aliados les presten los votos”, afirmó.
La legisladora aseguró además que los recursos habrían sido direccionados hacia jurisdicciones cuyos representantes acompañaban las iniciativas del Gobierno en el Congreso.
“El Congreso se convirtió en una escribanía del poder”
Pagano también cuestionó el comportamiento de legisladores que acompañaron proyectos del oficialismo pese a haber manifestado previamente objeciones a esas mismas iniciativas.
“Yo lo vengo denunciando: el Congreso se convirtió en una escribanía del poder”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que la Justicia debería analizar las votaciones parlamentarias y las negociaciones políticas que rodearon la distribución de recursos públicos.
La diputada puso como ejemplo la actitud de algunos legisladores frente a reformas impulsadas por Milei, a quienes describió como dirigentes que públicamente cuestionaban determinadas medidas pero finalmente terminaban votándolas a favor.
“Los arrastra el dinero. Es un delito”, afirmó.
La denuncia de Pagano plantea así una acusación de fuerte gravedad institucional: que recursos públicos destinados a una finalidad específica —el mantenimiento y reparación de rutas nacionales— podrían haber sido utilizados como herramienta de negociación política para garantizar apoyos parlamentarios.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron efectivamente las irregularidades denunciadas, si hubo una relación entre la transferencia de fondos y las votaciones legislativas y, eventualmente, si esas conductas configuran delitos.
El planteo también vuelve a poner bajo la lupa la distribución discrecional de recursos nacionales y el rol que juegan los fondos destinados a las provincias en las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores.
