La Legislatura sancionó en primera vuelta una reforma al Estatuto Docente que otorga puntaje adicional a egresados de institutos y universidades provinciales, así como a quienes acrediten residencia en Río Negro. La iniciativa fue defendida como una herramienta para fortalecer el arraigo y el conocimiento del territorio, mientras que la oposición y la UnTER la calificaron como discriminatoria y cuestionaron la falta de consenso.
En una sesión marcada por intensos cruces políticos y cuestionamientos sindicales, la Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, por mayoría, una modificación al artículo 143 del Estatuto del Personal Docente (Ley N° 391) que establece nuevos incentivos para los docentes formados en instituciones de la provincia y para quienes acrediten residencia en territorio rionegrino.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Soraya Yauhar (Juntos Somos Río Negro) y acompañada por Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), obtuvo 28 votos a favor y 13 en contra durante su tratamiento en primera vuelta.
La reforma incorpora un sistema de puntaje adicional para la apertura de legajos en las Juntas de Clasificación. De esta manera, recibirán cuatro puntos extra los egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro, los graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y quienes hayan completado carreras de la Universidad Nacional del Comahue dictadas dentro del territorio provincial. El mismo beneficio alcanzará a los docentes que acrediten domicilio legal en Río Negro al momento de abrir su legajo.
“Fortalecer la identidad educativa rionegrina”
Durante el debate, Yauhar sostuvo que el objetivo es fortalecer el conocimiento del entorno sociocultural, histórico y productivo de la provincia dentro de las aulas.
“La formación docente debe estar anclada a la provincia para que los profesionales comprendan la complejidad de cada comunidad y puedan desarrollar una enseñanza relevante, motivadora y transformadora”, argumentó.
La legisladora destacó además el rol de los Institutos de Formación Docente distribuidos en General Roca, San Antonio Oeste, Luis Beltrán, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Río Colorado, Catriel, Viedma, Villa Regina y el anexo de Los Menucos, a los que definió como pilares de la identidad pedagógica provincial.
Otro de los fundamentos expuestos por el oficialismo fue la caída de la matrícula escolar producto de la denominada “pausa demográfica”. Según explicó Yauhar, la reducción de nacimientos registrada en la última década provocó una disminución de entre el 40 y el 50 por ciento en la cantidad de estudiantes, lo que obliga a replantear políticas educativas que fortalezcan el vínculo entre la escuela y las realidades locales.
Defensa del arraigo
La legisladora Lorena Matzen rechazó las acusaciones de discriminación y aseguró que la ley no busca impedir el acceso de docentes provenientes de otras provincias.
“No estamos cerrando puertas ni excluyendo a nadie. Estamos defendiendo lo nuestro y reconociendo el valor del arraigo, el compromiso con Río Negro y el conocimiento de nuestras realidades”, afirmó.
En la misma línea, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, cerró el debate reivindicando la prioridad para los docentes rionegrinos.
“Primero y ante todo defendemos a los rionegrinos”, sostuvo. Además, señaló que la provincia recibe docentes de otras jurisdicciones debido a sus mejores condiciones laborales y salariales, y consideró razonable establecer mecanismos que favorezcan a quienes se formaron dentro del sistema educativo provincial.
Críticas por discriminación y falta de consenso
Desde los bloques opositores surgieron fuertes cuestionamientos tanto al contenido del proyecto como al procedimiento legislativo utilizado para su aprobación.
Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro) cuestionó la falta de participación de la UnTER en la elaboración de la propuesta y sostuvo que una reforma de semejante alcance debía discutirse en ámbitos paritarios.
Por su parte, Patricia Mc Kidd advirtió que la iniciativa podría generar “docentes de primera y docentes de segunda”, al otorgar ventajas vinculadas al lugar de residencia o formación por sobre la trayectoria profesional, la capacitación y los antecedentes.
Leandro García consideró que la propuesta intenta resolver una problemática compleja con “trazo grueso” y reclamó la participación de todos los actores del sistema educativo, mientras que Magdalena Odarda cuestionó cambios incorporados durante el tratamiento legislativo y advirtió sobre posibles conflictos con el principio constitucional de igualdad ante la ley.
José Luis Berros, en tanto, calificó la iniciativa como un proyecto “para la tribuna” y sostuvo que los problemas prioritarios de la educación pública pasan por la infraestructura escolar, las condiciones laborales y los recursos disponibles en las escuelas.
El rechazo de la UnTER
Antes incluso de que el proyecto llegara al recinto, la conducción provincial de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) había manifestado públicamente su rechazo.
El sindicato cuestionó tanto la exigencia de una residencia mínima de dos años para el ingreso a la docencia como la asignación de puntajes diferenciales según el lugar de formación académica.
Desde la organización señalaron que estas medidas vulneran el principio de igualdad de oportunidades y no garantizan un mejor conocimiento de las comunidades educativas.
Además, sostuvieron que la iniciativa perjudica a numerosos jóvenes rionegrinos que debieron cursar estudios superiores fuera de la provincia debido a la falta de oferta académica local en determinadas carreras y especialidades.
La UnTER también afirmó que el debate desvía la atención de los problemas estructurales del sistema educativo, como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, la precarización laboral, la falta de infraestructura escolar, el acceso a la vivienda y la necesidad de fortalecer los equipos de apoyo dentro de las escuelas.
“El arraigo no se decreta ni se impone por ley. Se construye garantizando trabajo digno, salarios justos, condiciones laborales adecuadas y una educación pública fortalecida en cada rincón de Río Negro”, expresó el gremio en un comunicado.
La iniciativa deberá ahora completar el proceso legislativo correspondiente para su sanción definitiva, en medio de una polémica que promete continuar dentro y fuera del ámbito educativo provincial.
Con información de Quorum y de UnTER
