En un macabro intento por proteger los negocios del agronegocio, las autoridades del INTA impulsan la exoneración —la pena de muerte administrativa— de Virginia Aparicio. El verdadero “delito” de la investigadora fue demostrar, con respaldo de la Unión Europea, que el país está intoxicado por el modelo agroquímico que el oficialismo defiende a ultranza.
El Gobierno nacional ha cruzado un umbral inédito en su histórica alianza con los pools económicos y las cámaras del veneno. En un acto de censura que roza el autoritarismo sanitario, las autoridades del INTA buscan inhabilitar de por vida a Virginia Aparicio, la principal investigadora en agrotóxicos del organismo. Su crimen no fue otro que hacer ciencia: liderar el estudio que demostró que el 86% de los argentinos tiene glifosato en el cuerpo.
Lejos de proteger la salud pública, el Estado argentino se ha convertido en el departamento legal de las corporaciones agroquímicas, utilizando la burocracia para silenciar, perseguir y exiliar a quienes se atreven a exponer la tragedia toxicológica que se vive en el país.
El estudio que el poder quiso enterrar
Con más de dos décadas de trayectoria, Aparicio lideró la participación argentina en el proyecto Sprint, una iniciativa de envergadura financiada íntegramente por la Unión Europea (UE) para analizar el impacto de los plaguicidas en la salud y el ambiente. Los resultados, que fueron presentados en una conferencia en Bélgica el año pasado tras la censura local, pintan un panorama dantesco que el Gobierno intenta ocultar bajo la alfombra:
- El 86,1% de los argentinos que participaron del muestreo posee niveles de glifosato en su organismo.
- El herbicida más utilizado en el modelo sojero se encontró en el 100% de las muestras de materia fecal de los bonaerenses.
- Se detectaron entre 10 y 28 plaguicidas en el agua superficial.
- Entre 6 y 22 plaguicidas en los alimentos que consumen las familias.
- Un escalofriante rango de 43 a 86 plaguicidas en el polvo de los hogares.
Estos datos no son meras estadísticas; son la radiografía de un país que, por decisión política de sus gobernantes, ostenta el vergonzoso récord de mayor cantidad de plaguicidas en sus personas y su medio ambiente.
La censura y la retaliación burocrática
La maniobra de encubrimiento comenzó a mediados de 2023, cuando la administración de turno, presionada por el lobby empresarial, suspendió la difusión del informe y dio de baja al INTA del proyecto Sprint (aunque, paradójicamente, la entidad sigue figurando como socia en la web oficial de la UE).
Sin embargo, fue en 2025 cuando el actual Gobierno libertario, fiel a su doctrina de negacionismo climático y desprecio por la ciencia pública, decidió dar el golpe final: avanzó con un sumario que no busca solo despedirla, sino exonerarla. Es decir, inhabilitarla de por vida para trabajar en el Estado.
Las excusas esgrimidas por el Consejo Directivo del INTA son una burla a la inteligencia pública. Acusan a Aparicio de generar un “perjuicio a la administración nacional”, un argumento que se desmorona solo al recordar que el proyecto fue financiado al 100% por fondos europeos. Asimismo, le exigen la entrega de datos personales de los voluntarios, información que la científica se negó a ceder para respetar los acuerdos de confidencialidad y proteger la identidad de los ciudadanos envenenados que confiaron en la ciencia.
“Hubo quejas de las corporaciones”
El verdadero motivo de esta caza de brujas no se esconde en los pasillos; se grita en los despachos. Fuentes del propio INTA confesaron al portal La Política Online la verdad que el Gobierno niega: “Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa”. El lobby de las empresas que lucran con la muerte lenta de las poblaciones rurales y urbanas logró que el Estado tome la pluma para redactar su sentencia.
Como denunció una fuente del sector, “el sumario es por no cumplir con procesos administrativos inventados, pero le quieren aplicar la sanción más extrema. Es una locura”. Una locura que tiene el claro objetivo de amedrentar a toda la comunidad científica.
La respuesta contra el avasallamiento
Desde la vereda de la defensa de la salud pública y la ciencia, las críticas al gobierno nacional no se han hecho esperar. La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, fue contundente al señalar la complicidad del oficialismo: “Las autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y denosta la ciencia, quieren exonerarla por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente”.
En la misma línea, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que esta medida “busca consagrarse como un mecanismo de amedrentamiento hacia quienes hacen investigación pública”.
Mientras el Gobierno firma decretos que favorecen la liberación de transgénicos y agrotóxicos, Aparicio mantiene su postura inquebrantable. “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo, y es importante hacerlo ya”, alertó la científica en Radio 10, sabiendo que su mayor pecado fue encender la luz en un sistema que prefiere la oscuridad del lucro.
Desde los gremios del sector ya alzaron la voz de alarma. Califican la sanción como “desproporcionada” y advierten que el Gobierno está utilizando el INTA como un arma de persecución. Si el Estado logra exonerar a Aparicio, no solo estará desterrando a una de sus mejores mentes; estará enviando un mensaje claro y terrorífico a cada investigador del país: si tu ciencia molesta a las corporaciones, el Estado te destruirá.
