Mientras la conducción provincial invita a renunciar a los médicos y cierra quirófanos en el Hospital de Choele Choel, despilfarra más de 1.200 millones de pesos en un sistema de reconocimiento facial para los trabajadores. Desde el sindicato ASSPUR denuncian el abandono de la salud pública y advierten: “Que los datos biométricos los pongan los funcionarios”.
La salud pública en Río Negro no está en crisis; está en estado de abandono deliberado. La gestión provincial vuelve a demostrar su absoluta desconexión con las necesidades reales de la comunidad rionegrina, priorizando el control obsesivo sobre sus trabajadores por encima de la vida de los pacientes y la dignidad de su personal sanitario. La evidencia de este despropósito tiene dos caras: el colapso quirúrgico en el Valle Medio y la compra millonaria de tótems biométricos para fichar empleados.
El desguace del Hospital de Choele Choel
A través de un contundente comunicado, el personal de salud del Hospital Zonal de Choele Choel —referente sanitario de Complejidad IV para todo el Valle Medio— denunció la grave crisis que atraviesan los servicios de Cirugía y Ginecología. Lejos de una simple falta de personal, nos enfrentamos a una debacle institucional provocada por la propia conducción.
Tras la renuncia de dos médicos profesionales, la respuesta de la Dirección del hospital no fue la gestión, el diálogo ni la retención del talento. En un acto de verdadera negligencia administrativa, la conducción optó por “invitar” a los profesionales a presentar su renuncia, profundizando el conflicto y cerrando las puertas del quirófano.
El resultado de esta desidia es trágico y previsible: el Servicio de Cirugía quedó literalmente sin profesionales especialistas. Hasta hace poco, un único médico cirujano debía hacerse cargo de todas las urgencias, emergencias e intervenciones de un hospital de Complejidad IV. El desgaste era tal que los trabajadores comenzaron a pedir licencias por salud, víctimas de la presión y la sobrecarga. Hoy, la capacidad resolutiva es nula. Los pacientes son derivados, el Estado desperdicia recursos económicos en traslados que podrían evitarse con planificación, y se pone en riesgo inminente la seguridad de los pacientes.
La improvisación oficial llega a niveles grotescos: se denuncia que la Dra. Alcedo Ivanne, agente con un trámite de traslado aún sin resolver, se ve obligada a cumplir funciones en un contexto de caos, sobrecargando aún más a un equipo al límite. El personal exige medidas urgentes, pero el gobierno provincial hace oídos sordos.
La cortina de humo biométrica
Mientras los hospitales se desangran por falta de cirujanos y se cierran los quirófanos, al gobierno de Río Negro parece preocuparle enormemente otra cosa: si los trabajadores de la salud llegan a horario.
En las próximas semanas, la Provincia comenzará la instalación de equipos con reconocimiento biométrico facial en los 36 hospitales públicos y los 190 Centros de Atención Primaria (CAPS). El negocio, cerrado a dedo mediante contratación directa en diciembre con la empresa Altec, tiene un presupuesto oficial que eriza la piel: 1.215.494.306,51 pesos.
Mientras faltan bisturís, sobran cámaras. El esquema incluye tótems de alta complejidad y aplicaciones móviles con geolocalización para los CAPS, apuntando a empadronar a unos 8.000 agentes.
“Que los datos biométricos los pongan los funcionarios”
La medida despertó la furia de ASSPUR, el gremio que representa a las y los trabajadores de la salud pública, quienes interpretan esta millonaria adquisición como parte de un proceso gradual de privatización y control del sistema sanitario. Desde el sindicato adelantaron que los afiliados buscarán desistir del empadronamiento y resistir el registro hasta tener claridad sobre el uso de sus datos biométricos.
La secretaria de Prensa y Difusión de Asspur, Belén Carrillo, fue implacable al cuestionar las prioridades de una gestión que gasta mil millones de pesos en vigilar a los pobres mientras mira para otro lado con los grandes gastos del Estado: “Que los datos biométricos los pongan los funcionarios, que deben rendir cuentas de la millonada que están pagando a empresas para hacer el trabajo que debería hacer el Estado”, disparó Carrillo en declaraciones a Literal.
El verdadero caos: no saben cómo les pagan
El cinismo gubernamental alcanza su punto máximo al contrastar la “eficiencia” del reconocimiento facial con la absoluta incapacidad para liquidar los sueldos. El gremio denunció que los trabajadores tienen un tótem para fichar, pero no tienen certeza de cómo se calcula su propio salario.
Inconvenientes crónicos con el pago de retroactivos, recategorizaciones automáticas mal ejecutadas y adicionales de la Ley 1904 liquidados de forma errática son la moneda corriente. “Cada dos meses se liquida algo mal. Cada vez que se modifica un esquema salarial sin explicaciones, aumentan las dudas y la desconfianza. Yo invitaría a preguntarle a cualquier trabajador de la salud si entiende su recibo de sueldo”, sentenció la dirigente gremial.
El gobierno de Río Negro ha decidido que es más importante escanear la retina de una enfermera agotada que garantizar que un paciente del Valle Medio pueda ser operado a tiempo. Una política de salud pública que cambia los quirófanos por tótems biométricos no es una política de salud; es un negocio de control sobre el lomo de los trabajadores y a costa de la vida de los rionegrinos.
