La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que recibió testimonios sobre presuntos hechos de violencia, acoso y abuso sexual dentro de la residencia presidencial. Aseguró que las personas que aportaron sus relatos tienen miedo y anticipó una presentación ante la Justicia Federal. Las acusaciones, por su gravedad, deberán ser investigadas y corroboradas judicialmente.
La Quinta de Olivos vuelve a quedar en el centro de una fuerte controversia que excede las discusiones políticas habituales. La diputada nacional Marcela Pagano, actualmente integrante del monobloque Coherencia tras su alejamiento de La Libertad Avanza, afirmó públicamente que posee testimonios sobre presuntos hechos de violencia, acoso y abuso sexual ocurridos dentro de la residencia presidencial.
En declaraciones difundidas en las últimas horas, la legisladora fue categórica al referirse al entorno de la residencia donde vive el presidente Javier Milei. “En Olivos hay gente que no entiende cuando una mujer dice que no”, sostuvo, al describir situaciones que, según afirmó, involucran a personas que prestan servicios en las proximidades del mandatario. (Gente de Salta)
La gravedad de la acusación no radica solamente en la naturaleza de los presuntos delitos denunciados, sino también en el lugar donde, según Pagano, habrían ocurrido: la propia residencia oficial del Presidente de la Nación.
Testimonios bajo reserva
Pagano explicó que decidió no revelar públicamente nombres ni detalles de los episodios porque pretende proteger a quienes le transmitieron sus testimonios.
"EN OLIVOS HAY GENTE QUE NO ENTIENDE CUANDO UNA MUJER DICE QUE NO"
— LAVOZcomar (@LAVOZcomar) September 29, 2026
En entrevista con #LaVozEnVivo, la diputada Marcela Pagano lanzó duras críticas hacia el entorno de la Quinta Presidencial. pic.twitter.com/5GaafQsEq9
Según sus declaraciones, existen personas identificadas “con nombre y apellido” que ya habrían relatado en primera persona situaciones de destrato, violencia y acoso sistemático. La diputada sostuvo además que algunas de esas personas tienen temor y necesitan resguardo antes de avanzar formalmente ante la Justicia. (Gente de Salta)
La legisladora también afirmó conocer lo ocurrido “en el lugar en donde duerme el presidente de la Nación”, aunque hasta el momento no difundió públicamente elementos suficientes para determinar quiénes serían los presuntos responsables, quiénes serían las víctimas ni las circunstancias concretas de cada episodio. (El Intransigente)
Precisamente por esa ausencia de información pública, los hechos no pueden ser considerados acreditados: se trata de acusaciones formuladas por una diputada nacional que deberán ser sometidas a investigación, prueba y contradicción judicial.
Una nueva denuncia que llega después de los cuestionamientos por el manejo de Olivos
Las nuevas acusaciones aparecen en medio de otra investigación vinculada con el funcionamiento de la Quinta de Olivos.
Pagano ya había presentado una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con las compras de alimentos y el funcionamiento administrativo de la residencia. Su propia página registra una presentación de septiembre de 2026 contra funcionarios y particulares por figuras como administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, malversación y lavado de activos, aunque aclara expresamente que esas calificaciones son las sostenidas en la denuncia y no implican una condena. (Marcela Pagano)
La investigación periodística de Chequeado también registró que Pagano denunció posibles vínculos entre personal de la residencia presidencial y un emprendimiento privado de catering, mientras el Gobierno transfirió la administración de la Quinta de Olivos a la Casa Militar y dispuso modificaciones en su personal. (Chequeado)
En ese contexto, la aparición de acusaciones referidas a presuntos abusos sexuales agrega una dimensión particularmente delicada a una controversia que ya involucraba cuestionamientos sobre la administración de la residencia presidencial.
Pagano prepara una presentación ante Comodoro Py
La diputada anticipó que trabaja en una presentación formal ante la Justicia Federal para poner los hechos en conocimiento de los tribunales. Según explicó, su decisión de mantener bajo reserva determinados datos responde a la necesidad de preservar a las personas que aportaron sus relatos.
“No porque no pueda hacerlo”, señaló al explicar por qué no divulgará públicamente todos los detalles, sino porque considera que primero deben ser abordados los testimonios y garantizada la protección de quienes los brindaron. (El Intransigente)
La eventual presentación judicial será, por lo tanto, el ámbito en el que deberán establecerse cuestiones fundamentales: qué ocurrió, cuándo, dónde, quiénes estuvieron involucrados, qué pruebas existen y si hubo delitos.
Un escenario que exige investigación, no impunidad ni condenas anticipadas
Las declaraciones de Pagano colocan nuevamente a la residencia presidencial bajo una lupa que el Gobierno deberá atravesar con explicaciones y, sobre todo, con transparencia institucional.
Si existen testimonios sobre posibles delitos cometidos dentro de una dependencia oficial, corresponde que sean investigados con seriedad y que las eventuales víctimas reciban protección. Al mismo tiempo, cualquier persona señalada tiene derecho al debido proceso y a defenderse de acusaciones que todavía no fueron judicialmente acreditadas.
La cuestión central, entonces, no debería quedar reducida a una nueva pelea pública entre Javier Milei y Marcela Pagano. Si los testimonios anunciados por la diputada existen, deberán llegar a la Justicia y ser investigados; si las acusaciones carecen de sustento, también deberá establecerlo la Justicia.
Lo que resulta inadmisible en términos institucionales sería que denuncias de semejante gravedad quedaran atrapadas exclusivamente en el terreno de las declaraciones mediáticas, las redes sociales y las disputas internas del poder.
La Quinta de Olivos no es una propiedad privada cualquiera: es la residencia oficial del Presidente de la Nación. Por eso, cualquier denuncia sobre presuntos delitos cometidos allí merece una respuesta institucional acorde con su gravedad, con protección para quienes denuncien y con garantías para todas las partes involucradas.
Hasta que exista una investigación judicial que determine los hechos y las eventuales responsabilidades, las acusaciones de abuso sexual formuladas por Pagano deben ser consideradas presuntas y no hechos comprobados.
