La legisladora Magdalena Odarda cuestionó con dureza el proyecto del Poder Ejecutivo que ratifica el acta acuerdo entre la Provincia de Río Negro, YPF y LNG S.A.O. en el marco de Argentina LNG, al advertir que la iniciativa “cambia la matriz productiva” de la costa atlántica y convierte al Golfo San Matías en una “zona de sacrificio”.
Durante su intervención en el recinto, Odarda pidió un debate “serio y respetuoso” y planteó que el proyecto representa el tercer emprendimiento hidrocarburífero en aguas rionegrinas tras la derogación de la Ley 3308, normativa que protegía al golfo de actividades extractivas offshore. Según describió, la iniciativa contempla la instalación de monoboyas frente a Punta Colorada, buques de licuefacción de gran porte —“del tamaño de varias canchas de fútbol”— y una intensa operatoria de barcos metaneros, ductos e infraestructura terrestre.
Cambio de perfil productivo
La legisladora sostuvo que el despliegue industrial transformará la dinámica de la costa rionegrina, históricamente vinculada al turismo de naturaleza, en un polo petroquímico. En ese sentido, evocó el antecedente de Bahía Blanca como ejemplo de deterioro ambiental tras la expansión industrial y advirtió que “el océano Atlántico no reconoce fronteras”.
Odarda calificó la iniciativa como una “ley blindaje” que otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años a las empresas intervinientes, limitando —según su interpretación— la capacidad futura de la provincia para legislar en materia ambiental o impositiva. También cuestionó la figura societaria de ENGSAO, a la que describió como un “vehículo jurídico” sin identificación clara de los socios estratégicos, pese a que trascendieron acuerdos con firmas internacionales.
Cuestionamientos económicos
La parlamentaria puso en duda la ecuación financiera del acuerdo. Señaló que Río Negro recibiría un aporte estimado en 24 millones de dólares mensuales, mientras que —según sus cálculos— la facturación anual del negocio podría alcanzar entre 4.000 y 8.000 millones de dólares mensuales a nivel empresarial. “No es lo mismo participar del negocio que ser un mero locador”, afirmó.
Además, cuestionó la cesión de impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, y alertó sobre la posibilidad de expropiaciones y desafectaciones de bienes de dominio público costero. Citó artículos de la Constitución provincial y del Código Civil y Comercial para sostener que las costas son bienes inalienables y de libre acceso.
Impacto ambiental y legal
En materia ambiental, Odarda subrayó que no se presentó estudio de impacto ambiental ni se realizó audiencia pública previa al tratamiento legislativo. Enumeró riesgos potenciales como derrames, vertidos industriales, descarga de salmuera derivada del proceso de licuefacción y afectación por agua de lastre de buques.
La legisladora invocó principios de la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y jurisprudencia de la Corte Suprema, particularmente el fallo “Majul”, que incorpora los principios “pro natura” y “pro agua”, orientados a fallar en favor de la protección ambiental en caso de duda.
También cuestionó la caracterización del Gas Natural Licuado (GNL) como “energía limpia”, al señalar que el metano es un potente gas de efecto invernadero. Recordó que el Golfo San Matías es una cuenca semicerrada con características únicas, hábitat de especies como la ballena franca austral, y colindante con múltiples áreas naturales protegidas.
Alternativas productivas
Finalmente, Odarda planteó que existen opciones de desarrollo sin comprometer el ambiente, como la expansión del turismo y un histórico proyecto de riego para impulsar un nuevo valle productivo en la zona de San Antonio Oeste y Sierra Grande.
“Vamos a seguir bregando por inversiones y trabajo, pero siempre cuidando nuestro patrimonio natural”, concluyó, al definir al Golfo San Matías como “el más azul del continente” y reafirmar su rechazo al proyecto en los términos propuestos.
