A casi dos meses del decreto que delegó la gestión de tramos nacionales a Río Negro, el gobierno provincial volvió a exigir documentación técnica sobre obras inconclusas y planes de inversión. También planteó realizar auditorías propias y abordó la situación de las rutas 23 y 40, además de registrar avances en el proyecto del Tren del Valle.
El gobierno de Río Negro volvió a reclamar respuestas al Ejecutivo nacional sobre el proceso de transferencia de tramos de las rutas nacionales 22 y 151, una medida formalizada por decreto hace casi dos meses y que todavía no registra avances concretos para su implementación.
Durante una reunión mantenida en Buenos Aires entre el gobernador Alberto Weretilneck, funcionarios provinciales y autoridades de Vialidad Nacional, la provincia insistió en la necesidad de acceder a información técnica clave para poder avanzar en los convenios específicos que permitan materializar el traspaso.
Según explicó el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, resulta imposible elaborar los proyectos detallados y planes de inversión exigidos por Nación sin conocer el estado real de las obras pendientes y las intervenciones proyectadas en distintos puntos de las rutas.
“El traspaso está en una situación incipiente. Es inviable firmar esos convenios sin saber qué inversiones se necesitan”, sostuvo el funcionario tras el encuentro con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.
Uno de los ejemplos planteados por la provincia es el acceso a General Roca desde la Ruta Nacional 22. Río Negro busca conocer previamente cuál es la propuesta de Nación para resolver esa obra antes de avanzar en acuerdos con el municipio que conduce María Emilia Soria.
Obras inconclusas y auditorías
A partir del decreto presidencial, Río Negro podrá administrar aproximadamente 510 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151, corredores estratégicos para el Alto Valle y la actividad vinculada a Vaca Muerta.
Sin embargo, la provincia advierte que existen entre cinco y seis contratos de obra aún vigentes relacionados con trabajos inconclusos, entre ellos sectores pendientes entre Cervantes y Cipolletti y una intervención en la rotonda de Choele Choel.
Ante este escenario, el gobierno provincial propuso desarrollar consultorías y auditorías propias para evaluar el estado de las obras que permanecen sin finalizar y sin definiciones técnicas claras.
Además, las autoridades provinciales manifestaron su preocupación por los accesos construidos en algunos municipios, como Godoy y Mainqué, y adelantaron que no están dispuestas a asumir la responsabilidad de resolver intervenciones que consideran deficientes.
Otro de los obstáculos señalados es la reducción de personal técnico en Vialidad Nacional. Según Echarren, en la sede de Viedma solo permanecen dos ingenieros, una estructura que considera insuficiente para elaborar un plan integral de las características que demanda el proceso.
Sin definiciones para las rutas 23 y 40
Durante las conversaciones también se abordó la situación de otras dos rutas nacionales fundamentales para la provincia: la Ruta 40 y la Ruta 23.
La primera requiere trabajos de mejora en distintos sectores del corredor que conecta Bariloche con El Bolsón, mientras que la segunda mantiene obras paralizadas y pendientes de intervención, entre ellas el puente sobre el arroyo Huahuel Niyeo.
Desde el gobierno provincial sostienen que la administración de Javier Milei no prevé destinar recursos para estas obras, una postura que genera preocupación en Río Negro.
“Son difíciles las reuniones. Hay buena predisposición, pero cero respuestas”, resumió Echarren al finalizar el encuentro, reflejando el malestar provincial por la falta de definiciones concretas sobre infraestructura vial.
