La reactivación judicial de la megacausa Techo Digno volvió a poner en tensión al sistema político de Río Negro y amenaza con golpear de lleno a sectores que hoy se ubican enfrente del gobernador Alberto Weretilneck. Con audiencias fijadas, controles de acusación en marcha y juicios inminentes, el expediente que investiga presuntas irregularidades en el Programa Federal de Viviendas ejecutado entre 2013 y 2015 dejó de ser un eco del pasado kirchnerista para convertirse en un factor de poder en el presente.
La hipótesis de la Justicia es contundente: administración fraudulenta y peculado en convenios firmados con la Nación, obras pagadas bajo sospecha y controles laxos o inexistentes. El entramado apunta a los fondos enviados para viviendas sociales en una docena de localidades rionegrinas, todas gestionadas entonces por el justicialismo y con fuerte injerencia política del exsenador Miguel Ángel Pichetto en el armado territorial del programa.
Tras la feria judicial, el calendario empezó a correr con ritmo político. Dirigentes vinculados al PJ, al partido provincial Juntos Somos Río Negro (JSRN) e incluso a La Libertad Avanza transitan tribunales para despejar su situación procesal. El Ministerio Público avanzó con una estrategia clara: ordenar los casos por municipio, sostener las acusaciones y llevar a juicio oral todo expediente que supere el control de acusación. Las defensas, en cambio, apuestan a dilaciones, nulidades, prescripciones y hasta certificados médicos o psicológicos para ganar tiempo.
El 3 de marzo será una fecha sensible para el Partido Justicialista. Ese día deberá comparecer la intendenta de Cervantes, Claudia Montanaro, una dirigente cercana al kirchnerismo residual y referenciada en el exsenador Martín Doñate. En la misma causa también está acusado su padre, Gilberto Montanaro, histórico cacique del PJ local. El expediente vuelve a colocar bajo la lupa a una generación política que dominó municipios clave en la última etapa del kirchnerismo.
En Choele Choel, el exintendente Daniel Belloso atraviesa un proceso zigzagueante. Tras reprogramaciones por certificados médicos y planteos de desafuero, el control de acusación continuará el 18 de marzo. En General Roca, el exjefe comunal de Río Colorado, Carlos Pilotti, espera que el juez resuelva el 9 de marzo si la acusación queda firme y el caso avanza a juicio.
En Fernández Oro, el proceso contra Juan Reggioni ya tuvo juicio oral y alegatos; el veredicto se conocerá en breve. Su nombre fue uno de los primeros en quedar asociado a la megacausa y simboliza el pulso inicial de un expediente que hoy amenaza con reconfigurar liderazgos. En Cinco Saltos, Liliana Alvarado (Frente Grande) y Germán Epul (exJSRN) no lograron que prosperen planteos de prescripción, por lo que la causa sigue su curso hacia el debate oral. En Sierra Grande, Renzo Tamburrini (PJ) y Nelson “El Loco” Iribarren (Cambiemos) figuran en la grilla de acusaciones.
El mapa es amplio y transversal. Aunque el núcleo duro de los imputados pertenece al PJ, el expediente también alcanza al diputado Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti. Su situación judicial, con audiencia clave prevista para el 20 de febrero, fue durante años un condicionante político en su intento de proyectarse como candidato a gobernador bajo el sello CREO Río Negro y luego alineado al espacio libertario. La Fiscalía sostiene la imputación y busca llevarlo a juicio, mientras su defensa insiste con nulidades y prescripción.
El contraste político es evidente. Mientras varias causas contra exintendentes justicialistas avanzan con fechas concretas hacia juicio, el tramo que involucra a Tortoriello sigue bajo intensa observación, tanto del oficialismo como de la oposición. Techo Digno se convirtió así en un espejo incómodo para casi todo el arco político provincial.
Para Weretilneck y JSRN, que construyeron poder diferenciándose de los ciclos anteriores, el expediente funciona como una doble herramienta: expone las debilidades de sus adversarios históricos, pero también recuerda que la red institucional de aquella etapa no desapareció. Más aún cuando parte del peronismo que hoy enfrenta procesos judiciales fue aliado táctico en el “gran acuerdo” que facilitó el triunfo provincial en 2023.
El caso de María Eugenia Martini en Bariloche —con juicio fijado para la segunda semana de marzo por presuntas irregularidades en certificaciones de obra— suma otro capítulo a una causa que ya tuvo definiciones como la de Gustavo Gennuso y que continúa impactando en trayectorias políticas de peso.
Techo Digno dejó de ser un expediente técnico sobre viviendas sociales. Es una radiografía del peronismo rionegrino en su etapa final como fuerza hegemónica municipal y, al mismo tiempo, una pieza de presión sobre figuras que aspiran a disputar poder en el presente. Con el Ministerio Público decidido a acelerar y las defensas jugando al desgaste, la política provincial vuelve a girar alrededor de una “papa caliente” que amenaza con quemar más de una carrera.
