La legisladora presentó un proyecto para derogar los actos que habilitan a TAMAR MINING S.A. a explorar oro y plata en 10.000 hectáreas cordilleranas, en pleno conflicto por el agua, sin la obligatoria consulta a comunidades indígena y con capitales extranjeros en tierras de alto valor ambiental.
En un contexto de emergencia hídrica declarada por decreto provincial Nº 40/2026, la legisladora Magdalena Odarda (bloque Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley para derogar todo acto administrativo que autorice a la empresa TAMAR MINING S.A. a realizar tareas de cateo, exploración y explotación de minerales de primera categoría —oro, plata, cobre y zinc— en el Alto Río Chubut. La medida, calificada por la legisladora como “un atropello institucional y ambiental”, habilita operaciones mineras en zona glaciaria, bosques nativos y territorios de ocupación ancestral mapuche, violando flagrantemente la priorización excluyente del agua para consumo humano, saneamiento y prevención de incendios establecida en la norma de emergencia.
El expediente Nº 50138-2025, registrado como “CATEO COLLIN” en el Catastro Minero de Río Negro, otorga a la empresa argentino-israelí un permiso sobre 9.998,86 hectáreas en área cordillerana donde nace el Río Chubut —espejo de agua que recorre 1.080 kilómetros, con el 20% de su trayecto en territorio rionegrino—. Según estimaciones citadas por Odarda, la minería a cielo abierto de oro requiere hasta 1.000 litros de agua por gramo extraído y genera cuatro toneladas de escombros, lo que implica un desplazamiento histórico de la “barrera minera” hacia ecosistemas frágiles y reservas estratégicas de agua dulce.
Emergencia hídrica vs. autorización minera: una contradicción insostenible
El decreto Nº 40, firmado el 20 de enero de 2026 por el gobernador Alberto Weretilneck, declaró la emergencia hídrica por sequía en gran parte de la provincia —incluyendo los departamentos Ñorquinco y Bariloche, donde se ubica el área concesionada— y estableció en su artículo 2º usos “prioritarios y excluyentes” del recurso: consumo humano, saneamiento básico, salud pública, seguridad y control de incendios. Pese a ello, la Secretaría de Minería provincial autorizó a TAMAR MINING a realizar cateo en una zona donde el agua es, por definición legal, intocable para fines productivos no esenciales.
La legisladora subraya que ni en el Boletín Oficial de la provincia ni en la página web de la empresa se publicó la autorización para cateo de minerales de primera categoría, opacando un proyecto de alto impacto en el Alto Río Chubut. Esta falta de transparencia se suma a la omisión del protocolo de consulta libre, previa e informada establecido por la Ley Provincial Nº 5755 (sancionada en octubre de 2024) y el Convenio 169 de la OIT, vulnerando derechos colectivos de las comunidades indígenas Kom Kiñé Mu, Lof Cayunao y Lof Cipresar de las Huaytecas, cuyos territorios se ven directamente afectados.
El entramado empresario: capitales israelíes, emiratíes y operaciones inmobiliarias opacas
TAMAR MINING S.A., fundada en 2023 por Gastón Elian Scolnik, Lara Julieta Scolnik, Silvia René Rodríguez y Miguel Peral, se presenta en su web como una empresa “argentina” comprometida con “principios éticos” y “desarrollo minero sostenible”. Sin embargo, está vinculada al grupo israelí MERIDION DEL PLATA —definido como “puente entre Israel y Latinoamérica”— y mantiene una alianza estratégica con Rexys S.A. para la exploración de minerales en varias provincias argentinas.
El área concesionada incluye una pequeña parte de la propiedad del Fideicomiso Amaike, vinculado a Emiratos Árabes Unidos, y forma parte de una cadena de operaciones inmobiliarias que se remontan al gobierno de Miguel Saiz. En 2006-2007, el grupo belga BURCO adquirió aproximadamente 7.080 hectáreas en el Cerro Carreras —zona de nacientes de los ríos Chubut, Villegas, Pichileufu y Foyel— a un valor irrisorio de $153 por hectárea. Posteriormente, esas tierras fueron transferidas a través de múltiples operaciones a entidades vinculadas a capitales emiratíes y a Marcos Marcelo Mindlin, beneficiario de gestiones estatales durante el mismo período.
Zona glaciaria, comunidades indígenas y denuncias de contaminación
El Cerro Carreras (2.328 msnm), ubicado en la Mesada de Los Baguales, posee restos de glaciar y mantiene campo de hielo y nieve en verano, según reconocen tanto el IANIGLA como prensa minera especializada. Allí nacen los ríos Chubut y Foyel, fuentes vitales para poblaciones rurales y comunidades originarias. Pese a ello, la autorización minera avanza sin estudios de impacto ambiental públicos ni audiencia previa.
El 31 de enero de 2026, miembros de la Lof Cayunao denunciaron que las aguas del Río Chubut bajaban “con gran cantidad de espuma”, turbias y con “consistencia viscosa, como barro”. Soledad Cayunao, autoridad ancestral, exigió análisis de muestras para determinar el origen del fenómeno, que afecta el consumo humano y animal. Los vecinos del paraje Arroyo Las Minas, dependientes del río para su subsistencia, quedan expuestos a un riesgo sanitario y ambiental que el gobierno provincial parece ignorar.
Una batalla por el agua, el territorio y la democracia
El proyecto de Odarda no solo busca frenar un avance minero en zona prohibida por la emergencia hídrica: pone en el centro del debate la subordinación de los recursos naturales a intereses corporativos transnacionales, la violación sistemática de derechos indígenas y la opacidad en la gestión pública. En un momento en que Río Negro enfrenta una crisis climática sin precedentes —con déficit de precipitaciones, acumulación nival reducida y temperaturas históricamente altas—, autorizar la exploración minera en nacientes glaciarias no es solo una contradicción normativa: es una apuesta temeraria contra el futuro del agua, la biodiversidad y las comunidades que habitan el territorio.
La legisladora concluye sus fundamentos con una advertencia contundente: “Mientras se declara emergencia hídrica para proteger el consumo humano, se habilita en silencio la megaminería en las fuentes mismas del agua. No es un error administrativo: es una decisión política que prioriza el lucro sobre la vida”. El tratamiento del proyecto en la Legislatura será, sin dudas, una prueba de fuego para la coherencia institucional y el compromiso real con la sostenibilidad en Río Negro.
