Un sumario contra un trabajador por un presunto insulto fuera de su horario laboral y otro proceso disciplinario contra un empleado próximo a jubilarse reavivan las críticas por maltrato laboral y uso del aparato estatal para disciplinar al personal.
Una nueva polémica sacude al gobierno municipal de Choele Choel luego de que el intendente Diego Ramello impulsara la apertura de un sumario disciplinario contra un empleado municipal que, según trascendió, lo habría insultado durante un evento deportivo realizado en enero. La decisión, que ya habría sido incorporada a la agenda de la Junta de Disciplina por pedido del propio jefe comunal, alimenta las críticas sobre un clima laboral cada vez más tenso dentro de la administración local.
El hecho que origina el sumario habría ocurrido durante la inauguración del “Mundialito”. Allí, un trabajador municipal —fuera de su horario laboral— le habría dirigido una frase insultante al intendente. No está claro qué motivó el exabrupto ni si estuvo relacionado con la gestión municipal o con alguna circunstancia propia del evento. Lo cierto es que, pese a tratarse de una situación ocurrida en el ámbito privado del tiempo libre de un ciudadano, el Ejecutivo pretende avanzar con una sanción ejemplificadora. Pero un detalle le da su toque de oscuridad: El único testigo del hecho que propone el mandatario municipal, es su Secretario de Gobierno.
La medida implica iniciar un proceso administrativo que incluiría la designación de un abogado sumariante, lo que supone el uso de recursos públicos para tramitar un conflicto que, en rigor, ocurrió fuera del ámbito laboral. Para críticos de la decisión, la señal política parece evidente: desalentar cualquier manifestación de descontento hacia el intendente, incluso cuando provenga de trabajadores en su rol de ciudadanos.
El episodio, además, se suma a otros casos que, según denuncian empleados municipales, reflejarían una lógica disciplinadora dentro del municipio.
Uno de ellos involucra a un trabajador del área de alumbrado público que está a solo tres años de jubilarse y que enfrenta la posibilidad de una sanción económica luego de protagonizar un accidente laboral. El hecho ocurrió cuando el empleado, conduciendo un utilitario recientemente asignado al servicio, impactó el “balde” elevador contra la estructura del túnel que conecta con el barrio Maldonado.
El choque habría ocurrido porque el vehículo utilizado para la tarea es más alto que la camioneta que históricamente realizaba ese recorrido. Según relatan compañeros del trabajador, el conductor no habría sido advertido del cambio de altura del nuevo rodado, una responsabilidad que, sostienen, correspondería al área de Obras Públicas.
Aun así, la posibilidad que se analiza sería que el empleado deba afrontar un descuento económico para reparar el daño en la herramienta de trabajo, una medida que, de concretarse, tendría un impacto significativo en el salario de un trabajador sin antecedentes disciplinarios tras décadas de servicio.
La situación se agravó luego del accidente. El empleado fue desafectado de sus tareas y, según trascendió, debió recurrir a asistencia en salud mental para afrontar la presión derivada del hecho y del eventual castigo. En ese contexto, cuando intentó presentar un pedido de licencia médica, habría sufrido un episodio de maltrato por parte de un superior del área de Obras Públicas, quien —según testimonios de su entorno laboral— rompió el formulario delante suyo y se negó a tramitarlo.
Ambos casos, que hoy circulan con fuerza en los pasillos municipales, vuelven a poner bajo la lupa la conducción política del municipio y el trato hacia el personal. Mientras crecen los comentarios sobre un ambiente laboral enrarecido, la pregunta que comienza a instalarse es si las sanciones que impulsa el Ejecutivo responden realmente a criterios administrativos o si, por el contrario, funcionan como una forma de disciplinamiento interno.
En un contexto donde los salarios municipales ya son motivo de preocupación entre los trabajadores, las decisiones del Ejecutivo parecen abrir un nuevo frente de conflicto que amenaza con profundizar el malestar dentro de la estructura estatal local.
